En los últimos 18 meses, al menos 13 personas fueron asesinadas tras denunciar extorsiones o negarse a pagar “derecho de piso” en distintas regiones del país. Productores, empresarios, comerciantes e incluso taxistas se convirtieron en blanco del crimen organizado después de exigir protección al Estado. La impunidad, coinciden expertos, ha convertido la denuncia en un acto suicida.
Entre las víctimas figura Minerva Pérez, presidenta de la Cámara Pesquera de Baja California, quien fue ejecutada un día después de exponer públicamente la pesca ilegal y las amenazas de cárteles. También Julio Almanza Armas, líder de la Fecanaco en Tamaulipas, fue acribillado tras advertir sobre cierres masivos de negocios por cobros criminales. En Veracruz, Michoacán y la Ciudad de México se repiten los patrones: víctimas que hablaron, autoridades que callaron y asesinos impunes.
Desde 2019, el delito de extorsión ha crecido más de 21%, según cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. El gobierno federal reconoce que no ha logrado consolidar una política eficaz contra este crimen y la presidenta Claudia Sheinbaum propuso una reforma para elevar las penas hasta 50 años de cárcel. Aun así, la desconfianza ciudadana y el miedo paralizan las denuncias.
Para especialistas como Armando Rodríguez Luna, del Colectivo Casede, denunciar en estados como Michoacán, Guerrero o Veracruz “es prácticamente firmar una nota de suicidio”. Mientras tanto, cada víctima que alza la voz queda expuesta a una maquinaria criminal que cobra por sobrevivir y castiga a quien se resiste.