El gobierno de Estados Unidos desplegó 700 marines y 2,000 elementos adicionales de la Guardia Nacional en Los Ángeles tras una serie de redadas migratorias encabezadas por ICE. La orden fue emitida por el presidente Donald Trump, quien justificó la acción como una medida para garantizar la seguridad de los agentes federales.
La intervención generó un fuerte rechazo por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, quien la calificó como “una fantasía dictatorial”. Diversas organizaciones civiles y sectores políticos cuestionaron la legalidad y proporcionalidad del despliegue, mientras que se han reportado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.
El uso de militares en tareas de orden público, poco común en Estados Unidos, eleva la tensión institucional y social en un contexto migratorio delicado. La creciente militarización en ciudades con alta población migrante plantea serios cuestionamientos sobre derechos civiles, proporcionalidad y legitimidad del poder federal.