El gobierno de Argentina disolvió la comisión que investigaba el presunto fraude con la criptomoneda $LIBRA, promovida por Javier Milei en redes sociales antes de una repentina alza y desplome. Según el decreto oficial, la comisión cumplió su tarea de recabar informes y entregarlos al Ministerio Público Fiscal.
La medida generó controversia, ya que el propio Milei ha sido vinculado con el caso, al igual que su hermana Karina. La jueza María Servini ordenó al Banco Central y a otras entidades reportar operaciones financieras relacionadas. En paralelo, el Congreso mantiene activa una investigación parlamentaria sobre el tema.
Aunque Milei negó haber promocionado la moneda y funcionarios clave evitaron comparecer ante el Legislativo, el cierre de la comisión oficial deja un vacío institucional. En un contexto de desconfianza financiera, el mensaje que deja el Ejecutivo es preocupante: la transparencia parece ceder ante el control político de las investigaciones.