La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que revise si durante el proceso de la llamada Causa Vialidad fueron respetadas las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ex mandataria busca que el organismo evalúe la legalidad del juicio que derivó en una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Fernández sostiene que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, persecución política y violaciones a sus derechos fundamentales. En una carta abierta difundida en medios internacionales, afirmó que su caso trasciende el ámbito personal y representa un intento de excluir un proyecto político mediante decisiones judiciales. También denunció que existió un componente de violencia de género por su condición de mujer y lideresa política.
La ex presidenta reiteró su inocencia, advirtió sobre el uso del sistema judicial para eliminar adversarios políticos y recordó el atentado que sufrió en 2022 como parte del clima de hostilidad en su contra. Con esta acción ante la ONU, busca que una instancia internacional determine si el Estado argentino respetó las garantías del debido proceso y los derechos políticos reconocidos por el derecho internacional.