El gobierno de Donald Trump amplió su estrategia contra la inmigración al retirar acceso a programas de salud, vivienda, educación y asistencia social para millones de extranjeros, incluidos algunos residentes legales. La medida busca dificultar la permanencia de inmigrantes en Estados Unidos y fomentar su salida voluntaria, más allá de las redadas y procesos de deportación impulsados por las autoridades federales actualmente.
La política, impulsada por el asesor Stephen Miller, contempla restringir beneficios médicos, subsidios habitacionales, apoyos educativos y oportunidades laborales. Además, se analizan nuevas reglas para impedir que solicitantes de asilo trabajen mientras esperan resolución de sus casos. También se pretende limitar el acceso a programas federales para familias donde alguno de los integrantes carezca de estatus migratorio regular.
La administración sostiene que estas acciones ya provocaron la salida voluntaria de miles de inmigrantes. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas advierten que las medidas afectan principalmente a familias vulnerables y a millones de menores que viven en hogares de estatus migratorio mixto. Críticos consideran que la estrategia busca hacer insostenible la vida cotidiana de los migrantes dentro del país.