El juicio iniciado contra el expresidente boliviano Evo Morales por presunta trata de personas agravada reactivó el debate en América Latina sobre el uso político de procesos judiciales contra líderes progresistas. Analistas y sectores afines al exmandatario consideran que el caso forma parte de una estrategia de “lawfare” destinada a limitar su influencia política y frenar una eventual candidatura presidencial rumbo a 2030.
La ofensiva judicial ocurre en un contexto de creciente tensión social en Bolivia, marcado por protestas campesinas e indígenas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Morales, refugiado políticamente en el Trópico de Cochabamba desde 2024, recuperó protagonismo tras el avance electoral de sus aliados en elecciones subnacionales y el fortalecimiento de su base sindical y rural.
Especialistas cuestionan la solidez jurídica del proceso debido a que la presunta víctima negó públicamente haber sido objeto de delito y rechazó las acusaciones presentadas por la Fiscalía. También señalan que causas similares contra Morales se han reactivado en distintos momentos de crisis política, alimentando sospechas sobre una utilización política del sistema judicial boliviano.
El caso profundiza la polarización interna y aumenta la presión sobre el gobierno de Paz, que enfrenta movilizaciones, bloqueos carreteros y cuestionamientos sobre la independencia judicial. Analistas advierten que el desenlace del proceso podría redefinir el equilibrio político boliviano y reconfigurar el liderazgo de la izquierda en el país andino.