El Gobierno de Javier Milei concretó la privatización más importante de su administración al vender la participación estatal en Transener, principal operadora de transporte eléctrico de alta tensión de Argentina, por 356 millones de dólares. La operación forma parte del plan oficial para reducir la presencia del Estado en sectores estratégicos y profundizar la desregulación económica impulsada desde la Casa Rosada.
La transferencia incluyó la totalidad de las acciones estatales en Citelec, controladora de Transener, y quedó en manos de un consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, que compartirá el control con Pampa Energía. El monto final superó ampliamente el precio base previsto por el Gobierno, mientras las ofertas totales alcanzaron 887 millones de dólares, reflejando el interés privado por activos energéticos argentinos.
La privatización reactivó el debate sobre el control estatal de sectores estratégicos. Especialistas críticos advirtieron que la operación profundiza la transferencia de infraestructura clave a grupos privados y podría impactar en tarifas eléctricas para hogares e industrias, especialmente bajo un esquema de precios dolarizados. También señalaron riesgos para la seguridad energética y para la capacidad del Estado de intervenir en áreas sensibles como electricidad, gas y petróleo.
Desde el oficialismo y sectores liberales, en cambio, defienden la medida como parte del saneamiento del sistema energético argentino. Argumentan que el modelo estatal generó desinversión, atraso tarifario y déficit en infraestructura, y sostienen que la participación privada permitirá modernizar redes y ampliar la capacidad del sistema eléctrico nacional.