El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del l\u00edder limonero Bernardo Bravo fractur\u00f3 el relato de control que el Gobierno federal hab\u00eda tejido en materia de seguridad. En Michoac\u00e1n, la violencia no se mide ya en balas, sino en la captura silenciosa de econom\u00edas locales por parte del crimen organizado. Los c\u00e1rteles han mutado: del narcotr\u00e1fico pasaron a la extorsi\u00f3n, y de ah\u00ed a un modelo econ\u00f3mico que sustituye al Estado.<\/p>\n\n\n\n
Los grupos criminales como Los Viagra cobran cuotas, controlan los d\u00edas de cosecha y se presentan como \u201cproveedores\u201d de insumos agr\u00edcolas. En regiones como Tierra Caliente, ya no solo imponen miedo: regulan mercados, fijan precios y definen qui\u00e9n puede trabajar. Las v\u00edctimas rara vez denuncian; la autoridad, sin informaci\u00f3n, presume estabilidad. Pero esa \u201ctranquilidad\u201d estad\u00edstica esconde sometimiento.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que los delitos de alto impacto disminuyen, aunque el fen\u00f3meno extorsivo crece en silencio. El secretario de Seguridad, Omar Garc\u00eda Harfuch, ha construido su discurso sobre datos favorables, pero Michoac\u00e1n desmonta esa narrativa: los criminales han suplantado al Estado en sus funciones b\u00e1sicas, cobrando impuestos y aplicando su propia fuerza p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
La crisis exhibe la fragilidad del modelo que privilegia las cifras sobre el control territorial. Mientras el Ejecutivo celebra la baja de homicidios, los grupos armados avanzan en la econom\u00eda cotidiana. En Michoac\u00e1n, las estad\u00edsticas son irrelevantes: la violencia ya no se libra en las calles, sino en los precios del lim\u00f3n, en las cuotas, en el miedo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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