La llamada \u201capertura del sector energ\u00e9tico\u201d, impulsada durante el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto, no solo fragment\u00f3 el monopolio estatal: tambi\u00e9n abri\u00f3 la puerta al huachicol fiscal, una red de contrabando y evasi\u00f3n que floreci\u00f3 al amparo de la liberalizaci\u00f3n petrolera. Tras la reforma de 2013, cientos de terminales privadas comenzaron a operar sin controles eficaces, mezclando combustible legal con gasolina robada o de contrabando.<\/p>\n\n\n\n
La Comisi\u00f3n Reguladora de Energ\u00eda y la Secretar\u00eda de Energ\u00eda autorizaron m\u00e1s de mil permisos entre 2015 y 2018 sin mecanismos de verificaci\u00f3n s\u00f3lidos. A partir de entonces, surgieron importaciones simuladas, exportaciones ficticias y un mercado negro que dren\u00f3 miles de millones de pesos al erario. \u201cEl Estado perdi\u00f3 control efectivo sobre un sector estrat\u00e9gico\u201d, resume el diagn\u00f3stico elaborado en 2018 por el nuevo gobierno federal.<\/p>\n\n\n\n
Desde 2019, la estrategia para combatir el huachicol cerr\u00f3 ductos, cancel\u00f3 permisos irregulares y audit\u00f3 operaciones. Sin embargo, el da\u00f1o estructural persiste: la privatizaci\u00f3n desordenada debilit\u00f3 la soberan\u00eda energ\u00e9tica y fortaleci\u00f3 al crimen organizado, que encontr\u00f3 en las terminales privadas una nueva ruta de extracci\u00f3n y lavado.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, bajo la administraci\u00f3n de Claudia Sheinbaum, se intenta revertir ese legado. Un grupo interinstitucional y un sistema digital de trazabilidad buscan seguir, en tiempo real, cada litro de combustible importado o vendido. El gobierno reporta 200 mil millones de pesos recuperados en ingresos fiscales, aunque el desaf\u00edo es may\u00fasculo: desmantelar el negocio ilegal que naci\u00f3 de una reforma pensada, ir\u00f3nicamente, para \u201cmodernizar\u201d al pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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