En los \u00faltimos 18 meses, al menos 13 personas fueron asesinadas tras denunciar extorsiones o negarse a pagar \u201cderecho de piso\u201d en distintas regiones del pa\u00eds. Productores, empresarios, comerciantes e incluso taxistas se convirtieron en blanco del crimen organizado despu\u00e9s de exigir protecci\u00f3n al Estado. La impunidad, coinciden expertos, ha convertido la denuncia en un acto suicida.<\/p>\n\n\n\n
Entre las v\u00edctimas figura Minerva P\u00e9rez, presidenta de la C\u00e1mara Pesquera de Baja California, quien fue ejecutada un d\u00eda despu\u00e9s de exponer p\u00fablicamente la pesca ilegal y las amenazas de c\u00e1rteles. Tambi\u00e9n Julio Almanza Armas, l\u00edder de la Fecanaco en Tamaulipas, fue acribillado tras advertir sobre cierres masivos de negocios por cobros criminales. En Veracruz, Michoac\u00e1n y la Ciudad de M\u00e9xico se repiten los patrones: v\u00edctimas que hablaron, autoridades que callaron y asesinos impunes.<\/p>\n\n\n\n
Desde 2019, el delito de extorsi\u00f3n ha crecido m\u00e1s de 21%, seg\u00fan cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad P\u00fablica. El gobierno federal reconoce que no ha logrado consolidar una pol\u00edtica eficaz contra este crimen y la presidenta Claudia Sheinbaum propuso una reforma para elevar las penas hasta 50 a\u00f1os de c\u00e1rcel. Aun as\u00ed, la desconfianza ciudadana y el miedo paralizan las denuncias.<\/p>\n\n\n\n
Para especialistas como Armando Rodr\u00edguez Luna, del Colectivo Casede, denunciar en estados como Michoac\u00e1n, Guerrero o Veracruz \u201ces pr\u00e1cticamente firmar una nota de suicidio\u201d. Mientras tanto, cada v\u00edctima que alza la voz queda expuesta a una maquinaria criminal que cobra por sobrevivir y castiga a quien se resiste.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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