El proyecto del Tren del Corredor Interoce\u00e1nico Sonora-Texas, emblema de desarrollo del sexenio, ha sido vinculado a una red de empresas que comparten razones sociales, domicilios fiscales y representantes legales, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de El Universal. Esta estructura permite que distintas constructoras facturen por separado, aunque operen como una sola, lo que apunta a un posible esquema de simulaci\u00f3n de competencia y fragmentaci\u00f3n de contratos p\u00fablicos.
Los documentos revisados revelan al menos seis empresas vinculadas con patrones id\u00e9nticos en sus registros oficiales. Algunas de estas, como Construcciones y Transportes Dusa, han sido sancionadas por irregularidades en otras obras, pero aun as\u00ed fueron beneficiadas con contratos en el megaproyecto. La asignaci\u00f3n de estos convenios se ha hecho mediante invitaci\u00f3n restringida, sin concurso abierto ni supervisi\u00f3n ciudadana, lo cual debilita los mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas.
Tambi\u00e9n se detect\u00f3 que estas compa\u00f1\u00edas tienen presencia simult\u00e1nea en estados como Baja California y Sinaloa, donde ya operaban bajo esquemas similares. En conjunto, han obtenido millones en recursos p\u00fablicos a trav\u00e9s del Fondo Nacional de Infraestructura. El patr\u00f3n, sin ser ilegal per se, s\u00ed revela un uso cuestionable del dinero p\u00fablico y una falta de control por parte del gobierno federal.
El caso plantea una duda esencial: \u00bfestamos ante una obra de progreso o frente a un modelo sofisticado de desv\u00edo institucional? Si el Tren de Sonora quiere ser s\u00edmbolo de futuro, primero debe desmontar sus rieles de opacidad. La transparencia no puede ser opcional en proyectos de esta magnitud.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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