La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se escatimarán recursos ni esfuerzos para apoyar a los damnificados por las recientes lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Informó que el gobierno federal dispone de 19 mil millones de pesos para desastres naturales, de los cuales ya se ejercieron tres mil millones.

Durante su visita a las zonas afectadas en la Sierra Gorda de Querétaro, Sheinbaum afirmó que “nadie quedará desamparado” y anunció el despliegue de 600 brigadas con tres mil servidores de la nación para realizar un censo casa por casa. Reiteró que la ayuda comenzará a entregarse esta misma semana.

La mandataria reconoció que no se previó la magnitud de las tormentas, pero adelantó la creación de dos grupos científicos para fortalecer los sistemas de alerta temprana. Desde Hidalgo y Querétaro, reafirmó que el gobierno federal trabaja coordinado con estados y municipios para atender a la población afectada.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que las lluvias extraordinarias registradas en los últimos días afectaron el suministro eléctrico en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, dejando sin servicio a 262 mil usuarios. Para la mañana de este lunes, el 84 por ciento del servicio ya había sido restablecido.

La directora de la CFE, Emilia Calleja, indicó que las brigadas trabajan de manera continua para reparar líneas, subestaciones y transformadores, con prioridad en las zonas con mayores daños. Los equipos técnicos permanecen desplegados en campo para asegurar la reconexión total en las próximas horas.

Calleja subrayó que todos los reportes de fallas están siendo atendidos, y destacó la coordinación con autoridades locales y de Protección Civil para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas. La funcionaria reiteró que el objetivo es restablecer al cien por ciento el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

La cancelación parcial de las fiestas patrias en Sinaloa, Veracruz y Michoacán no puede entenderse como un simple acto de prudencia. Es la evidencia de que el narcotráfico ha alcanzado incluso los rituales fundacionales del país, aquellos que deberían ser intocables. El Grito de Independencia, que por más de dos siglos ha simbolizado soberanía y unidad, aparece hoy condicionado por la capacidad del crimen organizado para sembrar miedo y marcar límites en el espacio público.

El costo humano de esta violencia interna es desolador: 1,850 asesinatos y 1,800 desapariciones en un solo año en Sinaloa, producto de la pugna entre “Chapitos” y “Mayos”. Estas cifras no son solo un recuento de muertes, son también la cancelación de símbolos nacionales. Cuando las autoridades anuncian que los festejos se reducen al acto protocolario, lo que reconocen implícitamente es la imposibilidad de garantizar que la nación celebre libremente en sus plazas.

El discurso oficial insiste en que existe coordinación, inteligencia y voluntad para enfrentar al crimen. Sin embargo, la realidad apunta a un déficit estructural: presupuestos insuficientes, sistemas judiciales vulnerados y una sociedad cansada tras dos décadas de violencia persistente. Mientras tanto, los grupos criminales se diversifican, se adaptan y avanzan, demostrando una capacidad de reinvención que supera a las instituciones que deberían contenerlos.

Más que la suspensión de una ceremonia, lo que está en juego es la vigencia de la soberanía misma. Si el narcotráfico condiciona las celebraciones históricas, lo que erosiona no es solo la fiesta nacional, sino la posibilidad de ejercer ciudadanía sin miedo. El Grito de Independencia siempre ha sido un recordatorio de libertad; que hoy se escuche a medias es la señal más grave de que la patria está en disputa.

La gobernadora Rocío Nahle aseguró que la maestra Irma Hernández murió de un infarto, “les guste o no les guste”. La docente jubilada, que también trabajaba como taxista, fue secuestrada por un grupo criminal, golpeada y obligada a grabar un video de amenaza antes de ser hallada sin vida. El caso desató críticas nacionales por la violencia y la respuesta oficial.

El peritaje médico reveló afectaciones cardíacas y lesiones por golpes, pero Nahle desvió el foco acusando a medios y “odiadores” de lucrar con la tragedia. En conferencia, calificó la cobertura como “miserable” y aseguró que hay un “nado sincronizado” desde la Ciudad de México para afectar su gobierno.

Minimizar un caso que evidencia la inseguridad estructural y el abandono institucional no solo revela insensibilidad, sino que muestra un poder más preocupado por su imagen que por sus víctimas. Gobernar no debería ser competir con el dolor.

El caso de Irma Hernández, maestra jubilada y taxista asesinada en Veracruz, ha desatado indignación nacional. La mujer fue secuestrada el 18 de julio y apareció días después sin vida, luego de que se difundiera un video donde, de rodillas y rodeada de hombres armados, pedía a sus compañeros taxistas pagar “la cuota”. Las autoridades detuvieron a dos presuntos responsables.

La presidenta Sheinbaum prometió que no habrá impunidad. Sin embargo, evadió pronunciarse sobre la brutalidad del crimen y pidió esperar a que la fiscalía aclare los hechos. Aseguró que existe una estrategia contra la extorsión “que está dando resultados”, aunque el asesinato evidenció que los cobros del crimen organizado siguen imponiéndose en zonas controladas por grupos armados.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, llamó a denunciar los intentos de extorsión, mientras la fiscalía confirmó que Irma falleció tras un infarto provocado por agresiones. En el operativo se aseguraron armas, drogas y celulares, pero no se ha confirmado si hay más órdenes de aprehensión contra integrantes del grupo criminal.

El asesinato de Irma revive el debate sobre la violencia estructural en el transporte público y la inseguridad cotidiana. Organizaciones civiles y legisladores han acusado que el gobierno ignoró los riesgos que enfrentan conductores en zonas dominadas por el crimen. La respuesta institucional, hasta ahora, parece insuficiente.