El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prepara una ofensiva sin precedentes contra las principales plataformas digitales que operan en México. De acuerdo con sus propias revisiones, Netflix, Disney+, Uber y Airbnb habrían reportado ingresos menores a los reales en sus declaraciones mensuales. Si no corrigen las discrepancias antes de 2026, el organismo no descarta llevar los casos a juicio por evasión fiscal.

El administrador general de Recaudación, Gari Flores, explicó que las auditorías han detectado diferencias de hasta 50% entre las operaciones declaradas y las efectivamente realizadas. “En algunos casos reportan 30 transacciones por un millón de pesos, cuando en realidad fueron 50 y sumaron un millón y medio”, señaló. Para el próximo año, el SAT tendrá la facultad de fiscalizar directamente las bases de datos de las plataformas mediante el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación.

El objetivo, según el SAT, es “cerrar los huecos de evasión” y asegurar que las tecnológicas extranjeras paguen impuestos acordes con sus ganancias reales. Sin embargo, la Asociación de Internet MX (AIMX) advierte que el acceso en tiempo real del fisco a la información digital podría vulnerar la privacidad de usuarios y prestadores de servicios.

En medio del debate, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reconfiguración fiscal digital que busca hacer frente al modelo global de negocios en línea. El mensaje del SAT es claro: los gigantes del streaming y las apps de transporte deberán rendir cuentas ante el Estado mexicano o enfrentar los tribunales.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral publicó los contratos que formalizan las relaciones laborales entre trabajadores y plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi, a casi un mes de la entrada en vigor de la reforma. El documento garantiza acceso a seguridad social y protección ante accidentes, sin eliminar la flexibilidad del modelo.

Los nuevos contratos prohíben que los conductores y repartidores finalicen pedidos sin cumplirlos, usen cuentas de terceros o trabajen en varias apps simultáneamente durante un servicio. También deben asumir los costos de sus vehículos y respetar las normas de tránsito. Las plataformas se deslindan de daños o infracciones cometidas.

A cambio, los trabajadores podrán elegir sus horarios y recibir pagos semanales con transparencia. Tendrán derecho a conocer los montos antes de aceptar un servicio y serán informados sobre el funcionamiento de la app. Toda falta será interpretada como incumplimiento contractual, y su permanencia en la plataforma dependerá del buen uso del sistema.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, informó que en la primera semana del programa piloto ya se han registrado 300 mil trabajadores de plataformas digitales al IMSS. El anuncio se dio durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La cobertura contempla dos niveles: quienes están expuestos a riesgos por movilidad (bicicleta, moto o auto) ya cuentan con protección por accidentes laborales. Por otro lado, quienes alcanzan ingresos equivalentes al salario mínimo mensual podrán acceder a seguridad social completa.

El programa busca dignificar el trabajo en apps como Uber, Didi o Rappi. Aunque representa un avance histórico, aún hay retos: fiscalización real, condiciones laborales y voluntariedad del esquema. ¿Se trata de una verdadera inclusión laboral o de una medida limitada para contener la precariedad?