El proyecto del Tren del Corredor Interoceánico Sonora-Texas, emblema de desarrollo del sexenio, ha sido vinculado a una red de empresas que comparten razones sociales, domicilios fiscales y representantes legales, según una investigación de El Universal. Esta estructura permite que distintas constructoras facturen por separado, aunque operen como una sola, lo que apunta a un posible esquema de simulación de competencia y fragmentación de contratos públicos.
Los documentos revisados revelan al menos seis empresas vinculadas con patrones idénticos en sus registros oficiales. Algunas de estas, como Construcciones y Transportes Dusa, han sido sancionadas por irregularidades en otras obras, pero aun así fueron beneficiadas con contratos en el megaproyecto. La asignación de estos convenios se ha hecho mediante invitación restringida, sin concurso abierto ni supervisión ciudadana, lo cual debilita los mecanismos de rendición de cuentas.
También se detectó que estas compañías tienen presencia simultánea en estados como Baja California y Sinaloa, donde ya operaban bajo esquemas similares. En conjunto, han obtenido millones en recursos públicos a través del Fondo Nacional de Infraestructura. El patrón, sin ser ilegal per se, sí revela un uso cuestionable del dinero público y una falta de control por parte del gobierno federal.
El caso plantea una duda esencial: ¿estamos ante una obra de progreso o frente a un modelo sofisticado de desvío institucional? Si el Tren de Sonora quiere ser símbolo de futuro, primero debe desmontar sus rieles de opacidad. La transparencia no puede ser opcional en proyectos de esta magnitud.