A las cinco de la mañana, en la zona arqueológica de Cuicuilco, el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Lenia Batres participaron en una ceremonia de “consagración” de bastones de mando. El acto, realizado a puerta cerrada y con invitados de Oaxaca y San Juan Chamula, buscó simbolizar autoridad, servicio y compromiso con la impartición de justicia.

La ceremonia estuvo resguardada por personal de emergencia y seguridad, sin acceso a medios. Según la agenda, la actividad concluyó a las siete de la mañana, marcando el inicio simbólico de la nueva etapa del Poder Judicial tras la elección popular de ministros.

Sin embargo, la presencia de Felipe Ignacio Echenique, investigador del INAH, abrió la controversia. El especialista acusó un uso político del bastón de mando y la violación de acuerdos que protegen zonas arqueológicas. Este cuestionamiento invita a reflexionar si los nuevos símbolos de poder abren un camino de legitimidad cultural o, por el contrario, profundizan tensiones históricas sobre la apropiación del patrimonio.

Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que los ministros electos han acordado lineamientos iniciales para reorganizar la carga de trabajo del máximo tribunal. El objetivo es que los casos puedan remitirse, según su complejidad, a Tribunales Colegiados, Tribunales Regionales o Juzgados de Distrito, con la finalidad de garantizar mayor celeridad en los procesos.

El ministro presidente electo señaló que la Corte puede emitir “acuerdos generales” para distribuir los asuntos y evitar la acumulación de casos en el pleno. Esta decisión busca responder a las críticas sobre la desaparición de las dos salas creadas en 1995, que permitían resolver gran parte de los expedientes sin necesidad de llegar a la instancia principal.

La reorganización anunciada abre la discusión sobre el futuro de la justicia en México: ¿logrará la Corte mantener su independencia y eficiencia con un modelo centralizado, o la reforma judicial terminará debilitando su capacidad de respuesta ante la ciudadanía?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró su última sesión pública bajo la actual integración, encabezada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Durante la jornada se resolvieron más de un centenar de juicios de inconformidad electoral, aunque quedaron pendientes asuntos de gran relevancia, entre ellos la prisión preventiva oficiosa.

La ministra Piña convocó a una sesión extraordinaria para el 19 de agosto con el objetivo de atender resoluciones electorales antes de la renovación judicial. A partir del 1 de septiembre, la Corte vivirá un relevo sin precedentes: los nuevos ministros serán elegidos por voto popular, un cambio que pone fin al modelo vigente desde 1995.

Este cierre marca un momento clave en la historia del tribunal. La incógnita es si esta transición garantizará mayor independencia o si abrirá la puerta a la politización de la justicia en México.