La ministra Lenia Batres volvió a impulsar ante la Suprema Corte un proyecto para que las indemnizaciones por muerte o incapacidad se calculen con la Unidad de Medida y Actualización. La propuesta, previamente retirada, reaparece sin modificaciones pese a cuestionamientos de especialistas y advierte que las reparaciones bajarían a alrededor de 565 mil pesos, frente a montos mayores cuando se usa el salario mínimo como referencia.

Asimismo, el proyecto busca resolver una contradicción entre criterios de las extintas salas del tribunal respecto a la desindexación salarial. Batres sostiene que su planteamiento responde al mandato constitucional de emplear la UMA para multas e indemnizaciones. Sin embargo, críticos señalan que esta interpretación reduciría la protección para víctimas de accidentes, negligencia médica o delitos, generando retrocesos en garantías ya consolidadas.

De aprobarse, el criterio podría convertirse en jurisprudencia obligatoria para tribunales federales y locales. Ello implicaría establecer montos de reparación uniformados a la baja en todo el país, con efectos directos para miles de familias afectadas. Especialistas advierten que el cambio favorecería estabilidad administrativa, pero limitaría el acceso a compensaciones proporcionales al daño sufrido.

La Suprema Corte analiza la posibilidad de reabrir procedimientos concluidos mediante la figura conocida como “nulidad de juicio concluido”, lo que ha generado debate dentro y fuera del ámbito judicial. La discusión tomó relevancia tras la postura de la ministra Lenia Batres, respaldada por Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Irving Espinosa y Hugo Aguilar. Según esta visión, el recurso podría ampliarse incluso en casos no previstos de forma explícita por la ley.

En contraste, especialistas y actores del sector jurídico advirtieron que permitir la revisión de sentencias firmes podría debilitar la seguridad jurídica y propiciar que asuntos ya resueltos vuelvan a litigarse. Además, señalaron que un cambio de este tipo podría afectar la confianza económica, la actividad empresarial y la percepción de estabilidad institucional en el país.

Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz anunció que presentará un proyecto para definir los límites y alcances de esta figura excepcional. Con ello, el Pleno continuará evaluando si la revisión de juicios cerrados puede aplicarse sin comprometer la certeza jurídica ni alterar la naturaleza definitiva de las resoluciones judiciales.

La resolución de la Suprema Corte dejó a Ricardo Salinas Pliego sin vías efectivas para frenar el cobro de unos 50 mil millones de pesos en créditos fiscales. La reforma al amparo, diseñada para limitar estrategias dilatorias de grandes deudores, eliminó la posibilidad de impugnar actos administrativos que exigen pagos firmes y restringió el uso de recursos intermedios. Con ello, el margen legal del magnate quedó prácticamente agotado.

La nueva legislación ordena que todos los argumentos se concentren en un único amparo antes del remate de bienes, lo que implica un proceso acelerado con plazos estrictos de resolución. Especialistas consultados advierten que el empresario ya se encuentra en la fase final: Hacienda puede evaluar activos y avanzar hacia embargos si no existe pago inmediato. La prescripción del crédito, antes un recurso clásico para alargar litigios, también fue descartada por la reforma.

Aunque Salinas Pliego anunció que acudirá al sistema interamericano, expertos consideran que esta vía no detendrá la ejecución del SAT. La Corte Interamericana rara vez admite disputas fiscales y, aun en un escenario favorable, cualquier resolución tardaría años y no tendría efecto para frenar el cobro. La ley mexicana obliga a continuar el procedimiento sin atender fallos supranacionales en materia tributaria.

Con los tres poderes del Estado cerrando filas —el Ejecutivo presionando por el pago, el Congreso reformando el marco legal y el Poder Judicial resolviendo litigios pendientes—, el grupo empresarial enfrenta un riesgo patrimonial severo. A ello se suma el procedimiento en Nueva York por una deuda de 580 millones de dólares, que agrava un panorama financiero que podría redefinir el futuro del consorcio.

Hugo Aguilar Ortiz asumió la presidencia de la Suprema Corte y, junto con ocho ministras y ministros electos, tomó protesta en sesión solemne. En su mensaje defendió la autonomía del Poder Judicial y sostuvo que la “democratización” fortalece la legitimidad de los juzgadores. Agradeció la presencia de Claudia Sheinbaum, a quien definió como muestra de respeto entre poderes.

El acto incluyó la entrega de bastones de mando por representantes de pueblos originarios y referencias a una “justicia de puertas abiertas”. Aguilar prometió austeridad: todos los juzgadores ganarán menos que la presidenta y renunciarán a seguros privados para atenderse en servicios públicos, en línea con la política de contención del gasto.

La inédita integración surge tras la elección judicial de junio. Mientras aliados del oficialismo destacaron el carácter “histórico” del proceso, analistas y organismos observadores han advertido sobre retos de independencia. El arranque marca una nueva etapa cuyo desempeño será evaluado en tribunales y en la confianza ciudadana.

El ministro Javier Laynez Potisek formalizó su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 6 de agosto. En una imagen difundida por redes sociales, se despidió del Pleno y expresó su agradecimiento por una década de labor jurídica al servicio del país.

Designado en 2015 por el expresidente Enrique Peña Nieto, Laynez participó en resoluciones clave sobre derechos humanos, fiscalidad y equilibrio constitucional. Su perfil técnico y moderado fue reconocido dentro y fuera del tribunal como parte del ala institucionalista del Poder Judicial.

Su salida abre una vacante relevante en un contexto de tensiones entre poderes y reformas judiciales en discusión. La renovación de la Corte no solo exige perfiles con experiencia jurídica, sino compromisos sólidos con la independencia y el orden constitucional.