La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó la estrategia nacional para combatir la extorsión durante 2026, mediante un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El plan reconoce el incremento del cobro de piso desde 2019 y lo clasifica como delito de alto impacto prioritario para atención institucional inmediata.

El acuerdo instruye a los gobernadores a presentar reformas legales para armonizar normas locales con la estrategia federal. Además, deberán informar al Secretariado Ejecutivo sobre dichas iniciativas antes de finalizar enero de 2026, como parte del proceso de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública nacional permanente obligatoria conjunta formal.

El Consejo ordenó a la Fiscalía General de la República emitir un manual operativo contra la extorsión. Las fiscalías estatales deberán aplicarlo en febrero de 2026 y registrar los delitos bajo nuevos lineamientos nacionales, con el objetivo de homologar criterios, medir incidencia y fortalecer presupuestos públicos estatales coordinados sostenibles comunes.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, delegó facultades a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para conformar un cuerpo de agentes de élite. El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que este grupo se encargará de investigar delitos de alto impacto y ejecutar operaciones especiales. La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas será la responsable directa de su coordinación.

Asimismo, la dependencia indicó que la medida busca mejorar la organización institucional y agilizar el despacho de asuntos de seguridad. El nuevo cuerpo deberá planear operativos basados en inteligencia, ubicar generadores de violencia y establecer protocolos de respuesta ante riesgos para personas o bienes. También desarrollará mecanismos de protección para servidores públicos que puedan enfrentar amenazas o agresiones.

Por otra parte, el equipo recibirá entrenamiento especializado y trabajará en conjunto con autoridades federales, estatales y municipales. De igual forma, colaborará con instancias internacionales para atender objetivos prioritarios y cumplir órdenes ministeriales y judiciales. Según la SSPC, esta coordinación permitirá fortalecer capacidades tácticas y la eficacia en la persecución del delito.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad correspondientes al mes de octubre. Informó que durante el periodo se detuvo a más de 2,300 personas, se aseguraron 13 toneladas de droga, se incautaron casi 1,700 armas de fuego y se desmantelaron 47 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de estupefacientes.

En el acumulado anual, la SSPC reportó 37,000 detenciones, el aseguramiento de casi 300 toneladas de drogas —incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo— y la incautación de 18,900 armas de fuego. Además, se desmantelaron 1,614 laboratorios clandestinos.

García Harfuch destacó que los cárteles más afectados por estos operativos fueron el Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de la Sierra, CJNG, Cártel de Sinaloa y el Cártel del Pacífico, subrayando que las acciones se mantendrán con enfoque en inteligencia y coordinación federal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para pacificar al país ya muestra resultados medibles y significativos. En entrevista antes de su comparecencia en el Senado, destacó avances concretos en la reducción de homicidios y el combate al crimen organizado.

Harfuch detalló que actualmente hay 27 homicidios menos por día, lo que representa una baja del 32 por ciento, además de la destrucción de más de mil 500 laboratorios de drogas por parte del Ejército y la Marina. Agregó que las investigaciones por huachicol fiscal han permitido aseguramientos históricos de combustible y la detención de responsables.

El funcionario subrayó que la estrategia no se limita a capturar criminales, sino a desarticular redes delictivas y debilitar a los cárteles. “Este primer año de gobierno cierra con saldo favorable en seguridad”, afirmó.

En Palacio Nacional, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó que en once meses de la administración de Claudia Sheinbaum se han detenido más de 32 mil 400 personas por delitos de alto impacto. Además, se aseguraron 16 mil armas de fuego y 245 toneladas de droga, incluidas millones de pastillas de fentanilo.

El funcionario detalló que en coordinación con Ejército y Marina se desmantelaron mil 400 laboratorios clandestinos de metanfetamina en 22 estados. Con ello, el Gobierno sostiene que la violencia ha disminuido, destacando un descenso del 32 por ciento en los homicidios dolosos, con agosto de 2025 como el mes más bajo desde 2015.

Aunque los indicadores apuntan a una tendencia positiva, la verdadera prueba estará en si estas estadísticas se traducen en una percepción ciudadana distinta y en un entorno cotidiano más seguro para millones de personas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los homicidios dolosos disminuyeron 25% en los últimos 10 meses, en comparación con el mismo periodo anterior. El reporte atribuye la baja a operativos coordinados y estrategias focalizadas en zonas de alta incidencia.

Autoridades señalaron que estados como Guanajuato, Baja California y Estado de México registraron reducciones significativas, aunque siguen encabezando la lista nacional por número de casos. La dependencia aseguró que el trabajo conjunto con gobiernos estatales ha sido clave para contener la violencia.

Si bien la cifra representa un avance, especialistas advierten que las variaciones temporales no necesariamente reflejan un cambio estructural. La seguridad sostenible requiere prevenir el delito y atender las causas que lo generan, más allá de los operativos reactivos.

Desde febrero de 2025 existe una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por presuntos delitos de secuestro, extorsión y asociación delictuosa. Así lo confirmó Omar García Harfuch, actual titular de la SSPC, durante la mañanera presidencial.

El exfuncionario, cercano a Adán Augusto López, está ligado al grupo criminal La Barredora. Su caso se abrió en noviembre de 2024, y desde entonces permanece prófugo. Con apoyo de la FGR y la Interpol, se activó una ficha roja para su búsqueda. El gobierno afirma que ya fueron detenidos varios operadores del grupo, lo que ha reducido los homicidios en el estado.

Sin embargo, la ausencia de Bermúdez y su historial como jefe policiaco en el gobierno morenista cuestionan la narrativa de limpieza institucional en Tabasco. ¿Cuánto sabía el antiguo gabinete?

El gabinete de seguridad federal afirmó en Culiacán, Sinaloa, que las organizaciones criminales en el estado “han sido mermadas” por la estrategia implementada hace diez meses. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, destacó que el objetivo prioritario es detener a Iván y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de “El Chapo”, y a Ismael “El Mayo” Zambada, todos con órdenes de aprehensión y extradición.

García Harfuch señaló que la capacidad operativa de estos grupos ha disminuido, y los convoyes armados son menos frecuentes. Vinculó este debilitamiento a la detención de Ovidio Guzmán López en 2023 por autoridades mexicanas.

Desde octubre de 2024, se han detenido a 1,487 personas, asegurado más de 3,000 armas y decomisado 53 toneladas de droga, incluyendo fentanilo, desmantelando 91 laboratorios. La Marina rechazó la presencia del CJNG en el sur de Sinaloa. El gobierno de Sheinbaum busca “devolver la paz” a la entidad.