Tras el decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno no protegerá a nadie, incluidos funcionarios o empresarios vinculados al llamado “huachicol fiscal”. Afirmó que el delito persiste, aunque hubo avances en el sexenio anterior, y que se trabaja “con unidad y discreción” para desmantelar las redes.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó que el operativo está ligado a la incautación de un buque en marzo. Detalló que ya se han girado y ejecutado órdenes de aprehensión, y que las investigaciones podrían alcanzar a servidores públicos.

Además, el gobierno prepara un sistema de trazabilidad para pipas y ferrotanques con códigos QR, en coordinación con Pemex, Sener y el SAT. La pregunta persiste: ¿serán estas acciones suficientes para romper una red que opera desde hace años con protección institucional?

Según datos oficiales, durante junio se registraron 2,245 homicidios dolosos en el país, lo que representa una disminución de 245 casos respecto a mayo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El promedio diario bajó de 86 a 75 asesinatos.

Las entidades con mayor número de homicidios fueron Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco, concentrando el 45.2 % del total nacional. La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que es el mes más bajo desde enero.

Pese a la ligera caída, México sigue promediando más de dos mil homicidios al mes. La cifra pone en entredicho la narrativa de pacificación y subraya la necesidad de revisar la estrategia de seguridad. ¿Es esta una tendencia sostenida o solo una pausa estadística en una crisis prolongada?