Elementos de la Secretaría de Marina abatieron en Sinaloa a Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, señalado como operador cercano a Chapo Isidro y buscado por autoridades de Estados Unidos. La dependencia informó que el enfrentamiento ocurrió durante recorridos de seguridad, cuando los uniformados fueron agredidos y respondieron al ataque. En la zona también se realizaron cateos vinculados al grupo criminal.

Asimismo, en una operación paralela fue detenido en España Alejandro Reynoso Jiménez, presuntamente relacionado con el CJNG y acusado de operar narcobodegas en Jalisco. Autoridades señalaron que su captura está ligada a actividades de exportación de precursores químicos y equipamiento usado en la producción de drogas sintéticas. Se destacó que ambos golpes podrían afectar estructuras operativas dedicadas al tráfico internacional.

Por otra parte, la Marina confirmó la detención de dos integrantes de la célula de El Pichón y el aseguramiento de armas, vehículos y droga. En los inmuebles cateados se localizaron laboratorios clandestinos con cristal, fentanilo y precursores químicos. La Semar afirmó que estos resultados contribuirán a disminuir la producción de sustancias ilícitas en la región.

La cancelación parcial de las fiestas patrias en Sinaloa, Veracruz y Michoacán no puede entenderse como un simple acto de prudencia. Es la evidencia de que el narcotráfico ha alcanzado incluso los rituales fundacionales del país, aquellos que deberían ser intocables. El Grito de Independencia, que por más de dos siglos ha simbolizado soberanía y unidad, aparece hoy condicionado por la capacidad del crimen organizado para sembrar miedo y marcar límites en el espacio público.

El costo humano de esta violencia interna es desolador: 1,850 asesinatos y 1,800 desapariciones en un solo año en Sinaloa, producto de la pugna entre “Chapitos” y “Mayos”. Estas cifras no son solo un recuento de muertes, son también la cancelación de símbolos nacionales. Cuando las autoridades anuncian que los festejos se reducen al acto protocolario, lo que reconocen implícitamente es la imposibilidad de garantizar que la nación celebre libremente en sus plazas.

El discurso oficial insiste en que existe coordinación, inteligencia y voluntad para enfrentar al crimen. Sin embargo, la realidad apunta a un déficit estructural: presupuestos insuficientes, sistemas judiciales vulnerados y una sociedad cansada tras dos décadas de violencia persistente. Mientras tanto, los grupos criminales se diversifican, se adaptan y avanzan, demostrando una capacidad de reinvención que supera a las instituciones que deberían contenerlos.

Más que la suspensión de una ceremonia, lo que está en juego es la vigencia de la soberanía misma. Si el narcotráfico condiciona las celebraciones históricas, lo que erosiona no es solo la fiesta nacional, sino la posibilidad de ejercer ciudadanía sin miedo. El Grito de Independencia siempre ha sido un recordatorio de libertad; que hoy se escuche a medias es la señal más grave de que la patria está en disputa.

El gabinete de seguridad federal informó de decomisos millonarios de droga, armas y detenciones el fin de semana, afectando al crimen organizado en más de 976.4 millones de pesos. El golpe más significativo fue en Culiacán, Sinaloa, donde se inhabilitó un laboratorio de metanfetamina, asegurando químicos valorados en 902 millones de pesos.

Otros decomisos relevantes incluyeron 27.9 millones de pesos en Elota, Sinaloa, y 37 millones por otro centro de producción de metanfetamina en Tijuana, Baja California. En Toluca, se interceptaron 34 kilos de metanfetamina con destino a Malasia, valuados en 9.5 millones. Michoacán también fue foco con 800 kilos de metanfetamina asegurados.

La Marina incautó cocaína y marihuana en el AICM. contra el robo de hidrocarburos, se aseguraron 80,000 litros en Nuevo León y Tamaulipas. además, en varios estados se decomisaron armas, drogas y vehículos, deteniendo a más de 40 personas.