La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las Fuerzas Armadas a reforzar los protocolos de atención y prevención del acoso y la violencia de género, tanto en casos internos como en aquellos que involucren a civiles. Subrayó que no debe existir impunidad y que cada denuncia será revisada con detalle por las autoridades competentes.

Durante su mensaje, la mandataria reconoció que el Ejército y la Guardia Nacional cuentan con áreas especializadas para atender a las mujeres, aunque señaló la necesidad de fortalecerlas en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Indicó que la instrucción es atender de manera oportuna cualquier denuncia y aplicar medidas inmediatas cuando exista presunta violencia.

Sheinbaum se refirió también a casos recientes de mujeres integrantes de corporaciones de seguridad fallecidas en circunstancias bajo investigación. Afirmó que, cuando un elemento comete un delito, no sólo enfrenta procesos militares, sino también civiles, y reiteró su compromiso de revisar los casos y mantener informadas a las familias y a la ciudadanía.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el ataque armado ocurrido en Salamanca, Guanajuato, que dejó once personas muertas, es atendido por la fiscalía estatal. Señaló que el Gabinete de Seguridad federal mantiene coordinación con las autoridades locales para apoyar las investigaciones y dar con los responsables del crimen.

Durante la conferencia matutina, la mandataria precisó que, por el momento, el caso permanece bajo responsabilidad de la fiscalía de Guanajuato. Indicó que el gobierno estatal emitió un comunicado oficial y reiteró que las instancias federales colaboran activamente para fortalecer las labores de inteligencia y seguridad en la zona.

El ataque ocurrió en un campo deportivo de la comunidad Loma de Flores, al norte de Salamanca, donde hombres armados dispararon contra personas que convivían en el lugar. De acuerdo con reportes locales, además de los once fallecidos, se registraron doce personas heridas en un contexto de violencia persistente en el municipio.

El futuro del TMEC se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Washington, Ottawa y Ciudad de México. Mientras Donald Trump mantiene su retórica de desdén hacia el acuerdo y amenaza con dinamitarlo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en su continuidad, consciente de que la integración económica de América del Norte es uno de los pilares de la estabilidad regional. En medio de este choque político, un actor inesperado emerge como aliado de México: las empresas estadounidenses instaladas en su territorio.

Sheinbaum subrayó esta semana que los mayores defensores del TMEC no son únicamente los sectores productivos mexicanos, sino las firmas norteamericanas con operaciones en la región. Desde plantas automotrices hasta farmacéuticas, la posición de la iniciativa privada quedó clara durante las audiencias celebradas por la Oficina del Representante Comercial de EE UU en diciembre, donde abogaron por la vigencia del acuerdo que respalda 13 millones de empleos estadounidenses y sostiene a más de 100.000 pequeñas y medianas empresas exportadoras.

Las empresas reconocen, sin embargo, que los tres países han incumplido partes del tratado. Críticos con México en áreas como energía, agricultura o comercio digital, coinciden en que cualquier revisión debe ofrecer certidumbre regulatoria y un proceso ordenado. Para ellas, el riesgo mayor no es el diferendo técnico, sino la incertidumbre generada por la retórica del propio Trump. Como explica Pedro Casas Alatriste, director de AmCham México, las voces empresariales estadounidenses se han convertido en una fuente clave de influencia para el presidente, especialmente bajo la lógica de America First.

En este contexto, México busca preservar los beneficios arancelarios del tratado y revertir los gravámenes sectoriales que afectan a las cadenas productivas regionales. Expertos como Luis de la Calle insisten en que los aranceles al acero, aluminio y cobre lastiman directamente al propio mercado estadounidense. La revisión del TMEC, programada para julio, pondrá a prueba la capacidad de los tres países para sostener más de tres décadas de integración. Y, en esta negociación, el peso del empresariado estadounidense podría ser decisivo para contener los impulsos disruptivos de Trump y asegurar la continuidad del acuerdo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reconstrucción en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, afectados por las lluvias del año pasado, requerirá una inversión aproximada de trece mil millones de pesos. Detalló que sólo en Puebla se destinarán alrededor de dos mil quinientos millones para obras de recuperación.

Durante su conferencia, señaló que los trabajos incluyen carreteras, agua potable, drenaje, desazolve de ríos, recuperación de cauces, diques, puentes y bacheo. Aseguró que, con la atención brindada, las comunidades quedarán en mejores condiciones que antes y que se realizará un proceso de consulta para proyectos productivos y de infraestructura.

Autoridades federales detallaron intervenciones carreteras, obras hidráulicas y acciones de vivienda, incluida la posible reubicación de familias en zonas de riesgo. Se informó que entre dos mil veintiséis y dos mil veintisiete la inversión en Puebla ascenderá a cinco mil millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la entrega de treinta y siete personas privadas de la libertad a Estados Unidos fue una decisión soberana del Estado mexicano. Explicó que, aunque respondió a una solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, la autorización se otorgó tras evaluar su conveniencia para la seguridad pública nacional.

Sheinbaum subrayó que México actúa con base en su política de seguridad y en la protección de la soberanía. Indicó que, si la extradición no beneficiara al país, no se habría autorizado. Aseguró que estas acciones forman parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambas naciones.

La mandataria negó que la entrega haya sido negociada durante una llamada con el presidente Donald Trump. Finalmente, reiteró que la decisión se tomó priorizando el bienestar de México y dentro del marco legal vigente, como parte del trabajo conjunto para combatir al crimen organizado transnacional.

La revocación de mandato ha sido, desde su creación, un campo minado para la oposición mexicana. Durante años, Ricardo Anaya fue uno de los críticos más duros del mecanismo. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador lo calificó como una trampa inspirada en modelos latinoamericanos de corte autoritario y llamó abiertamente a la abstención. Para él, participar significaba entrar en un juego diseñado para dividir al país y alimentar la permanencia del presidente. Aquella postura —tajante, doctrinaria— parecía definitiva.

Sin embargo, a finales de 2025, Anaya sorprendió al adoptar una narrativa opuesta. De cuestionar la legitimidad del mecanismo pasó a promoverlo con entusiasmo. Retó a Morena a incluir a Claudia Sheinbaum en la boleta de 2027 y aseguró que, esta vez, la ciudadanía votaría para retirarla. Donde antes veía manipulación, ahora asegura ver una oportunidad democrática. Su defensa llegó al extremo de proponer que la revocación se extienda a los gobernadores, sin reparar en que su activación depende de legislaciones estatales donde Acción Nacional carece de fuerza suficiente.

El cambio no es menor. Durante la revocación de López Obrador, Anaya confió en un desplome de apoyo que jamás llegó. El expresidente obtuvo más votos en ese ejercicio que los que el propio panista consiguió como candidato presidencial. Aun así, el hoy coordinador del PAN en el Senado insiste en que Morena vive un deterioro profundo y que Sheinbaum sería derrotada por el “juicio ciudadano”. Esa lectura contrasta con los números actuales y con la evaluación positiva que mantiene la presidenta en buena parte del país.

El viraje de Anaya también expone las tensiones internas de la oposición. Mientras algunos partidos y liderazgos reconocen la revocación como un instrumento democrático utilizado en numerosos países, otros siguen viéndolo con suspicacia. Lo que parece incomodar más no es el mecanismo en sí, sino la necesidad de movilizar votantes en territorios donde la presencia opositora se ha erosionado.

En ese contexto, la metamorfosis política de Anaya luce menos como una convicción profunda y más como un intento de apropiarse de una herramienta que antes rechazaba, con la esperanza de convertirla en una palanca electoral futura.

La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo, área adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior. El anuncio fue realizado por Mario Delgado, quien calificó al funcionario como ejemplar para impulsar la reforma educativa.

Delgado afirmó que la participación de Garduño será clave para fortalecer el Bachillerato Nacional y la capacitación laboral alineada al Plan México. La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo coordina y evalúa servicios de capacitación con impacto en el empleo, el desarrollo económico, social y el mejoramiento del nivel de vida de la población.

Sin embargo, el nombramiento ocurre tras la polémica gestión de Garduño en el INM, durante el incendio de 2023 en Ciudad Juárez que dejó 40 migrantes muertos. Aunque enfrentó un proceso penal, este fue suspendido en 2025. Activistas y familiares de víctimas han denunciado impunidad en el caso.

El gobierno federal anunció que en 2026 buscará recaudar quinientos mil millones de pesos adicionales mediante el combate a la corrupción fiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la estrategia se enfocará en factureras y aduanas, sin aumentar impuestos, reforzando la lucha contra la evasión y fortaleciendo la recaudación fiscal.

Sheinbaum detalló que en 2025 se obtuvieron mayores ingresos sin cambios tributarios, gracias al combate a prácticas ilegales. Aseguró que quienes evaden impuestos incurren en corrupción y reiteró que el SAT concentrará sus esfuerzos en empresas fantasma y procesos aduaneros vulnerables durante el próximo ejercicio fiscal del país mexicano actual.

Hacienda y el SAT informaron que reforzarán auditorías para detectar irregularidades fiscales, simulación de operaciones y abusos de estímulos. Finalmente, el gobierno sostuvo que los recursos adicionales se destinarán a programas sociales, salud, educación y obras públicas, manteniendo estabilidad económica y compromiso con la transparencia institucional del Estado mexicano actual.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó el aterrizaje de un avión militar estadounidense en el Estado de México. Señaló que no era necesaria la autorización del Senado, pues no transportaba tropas extranjeras. Indicó que se trató de una operación logística previamente aprobada por la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana actual.

La mandataria detalló que la autorización fue otorgada desde octubre del año pasado. Explicó que el avión Hércules C ciento treinta ha ingresado antes al país. Aclaró que en esta ocasión aterrizó en Toluca por razones operativas específicas vinculadas a tareas de capacitación logística bilateral previamente acordada entre ambos gobiernos.

Sheinbaum subrayó que las personas a bordo eran mexicanas y viajarían a Estados Unidos para capacitarse. Reiteró que no existió violación legal ni situación extraordinaria. Finalmente, sostuvo que estas operaciones forman parte de la cooperación regular entre ambos países en materia de seguridad logística capacitación y coordinación institucional bilateral vigente.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las candidaturas plurinominales deben ser elegidas por la población y no por las cúpulas partidistas. Señaló que la reforma electoral busca fortalecer la democracia participativa, garantizar la representación de minorías y reducir los gastos en los comicios, sin afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

Sheinbaum adelantó que la propuesta estará lista a principios de febrero y se construye mediante diálogo con los partidos aliados y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Rechazó señalamientos de autoritarismo y descartó un acercamiento con la oposición, al considerar que varias de sus propuestas carecen de sustento técnico.

La mandataria insistió en la necesidad de reducir el financiamiento a partidos, al INE y a los organismos electorales locales, al subrayar que las elecciones en México son de las más costosas del mundo. También propuso fortalecer consultas públicas, regular cargos locales y ampliar la participación de mexicanos en el exterior.