La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, representa el mayor golpe estructural al crimen organizado en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum. No se trata solo de la caída de un líder criminal, sino de la desarticulación del símbolo que durante más de una década encarnó la expansión territorial y operativa del Cartel Jalisco Nueva Generación. A 17 meses de iniciado el sexenio, la operación envía un mensaje inequívoco: el Estado mexicano mantiene la capacidad de alcanzar incluso a los objetivos considerados intocables.

El operativo, ejecutado por fuerzas mexicanas con respaldo de inteligencia internacional, confirma un viraje estratégico respecto a inercias del pasado. La coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y las áreas de seguridad civil muestra una arquitectura institucional más integrada y menos reactiva. En un entorno donde algunos analistas atribuían la reducción de homicidios a equilibrios criminales, la decisión presidencial rompe cualquier interpretación de tolerancia implícita y reafirma que la política de seguridad no se subordina a conveniencias estadísticas.

Es cierto que la experiencia comparada advierte que la eliminación de un líder puede generar reacomodos internos. Sin embargo, el contexto actual es distinto: la estructura familiar y operativa del CJNG ya se encontraba fragmentada, con figuras clave detenidas o bajo presión judicial. El golpe ocurre en un momento de debilidad relativa del grupo, lo que aumenta la probabilidad de contención y disminuye el margen para una sucesión ordenada que reproduzca el mismo nivel de cohesión criminal.

Más allá del impacto inmediato, la operación redefine la narrativa del sexenio. La administración de Sheinbaum parece apostar por una seguridad sostenida en capacidad institucional y control territorial, no en equilibrios informales. El desafío será consolidar la presencia del Estado en las zonas históricamente dominadas por el CJNG y evitar que el vacío sea ocupado por facciones rivales. La señal política es clara: la estrategia no busca administrar la violencia, sino desmantelar las estructuras que la producen. El golpe no es solo operativo; es un mensaje de autoridad y dirección estratégica.

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió enviar su reforma electoral al Congreso aun sin el respaldo explícito del Partido Verde y el Partido del Trabajo, sus aliados legislativos. La determinación marca un punto de inflexión en la negociación interna del bloque oficialista y confirma que la mandataria no está dispuesta a diluir los ejes centrales de su iniciativa. El mensaje político es claro: la reforma se presentará en sus términos originales y cada partido asumirá el costo de su voto.

La propuesta contempla reducir el financiamiento público a los partidos en 25%, modificar el sistema de representación proporcional mediante listas abiertas y disminuir el número de senadores de 128 a 96. También incluye una reestructuración del Instituto Nacional Electoral para generar ahorros administrativos. Estas medidas responden, según la narrativa presidencial, a una demanda ciudadana mayoritaria de disminuir costos y limitar privilegios partidistas.

Los reparos del PVEM y el PT se concentran en la pérdida de prerrogativas y en el rediseño de las listas plurinominales, mecanismos que históricamente han fortalecido a partidos con menor votación directa. En términos prácticos, su respaldo es indispensable para alcanzar la mayoría calificada requerida en reformas constitucionales. Sin embargo, la presidenta parece apostar a que la presión pública y la cohesión de Morena generen incentivos suficientes para alinear voluntades.

El movimiento también revela una estrategia de liderazgo. En lugar de prolongar indefinidamente la negociación, Sheinbaum coloca la iniciativa en la arena parlamentaria y obliga a sus aliados a definirse. La reforma electoral no solo redefine reglas de representación y financiamiento, sino que pone a prueba la capacidad del oficialismo para mantener cohesión sin renunciar a objetivos programáticos. El desenlace indicará si la disciplina política prevalece o si emergen fisuras que reconfiguren el equilibrio interno de la coalición gobernante.

El gobierno de México declinó integrarse activamente a la Junta de Paz para Gaza y notificó a Estados Unidos que participará únicamente como observador. La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que la decisión se apega al marco constitucional y a los principios de política exterior establecidos en la Carta Magna.

En el documento enviado a Washington, México agradeció la invitación para ser miembro fundador de la iniciativa y reconoció el esfuerzo por buscar una paz duradera en Medio Oriente. Sin embargo, señaló que el mecanismo no contempla la participación de Palestina como parte involucrada directamente en conflicto.

La cancillería reiteró la posición histórica de México a favor de la solución de dos estados, basada en igualdad soberana y solución pacífica de controversias. En el Senado, legisladores respaldaron la decisión presidencial. México acompañará como observador iniciativas orientadas a lograr paz duradera.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa “Boxeando por la Paz”, mediante el cual pugilistas profesionales impartirán clases a 100 mil jóvenes en todo el país. Explicó que la iniciativa busca fomentar disciplina, prevenir adicciones y ofrecer alternativas frente a la violencia a través del deporte.

Durante su conferencia, detalló que los entrenadores recibirán apoyo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Señaló que la participación será gratuita para los jóvenes y destacó que el box promueve valores como constancia, respeto y superación personal, elementos considerados clave en la estrategia de prevención social.

La mandataria afirmó que el proyecto es integral y contempla respaldo económico y seguro médico para deportistas en formación. Indicó que la meta es ampliar oportunidades y fortalecer tejido social en comunidades vulnerables. Sostuvo que la práctica deportiva contribuye a reducir riesgos y fomentar entornos más seguros.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la forma en que se notificó la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública. Además, aclaró que nunca hubo intervención policial en su contra y subrayó que siempre existe la posibilidad de continuar trabajando dentro del gobierno.

En conferencia, la mandataria reconoció la labor de Arriaga en la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos y su defensa de la Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, señaló que existieron diferencias respecto a la necesidad de realizar ajustes y actualizaciones en materiales educativos.

Asimismo, indicó que se le ofrecieron alternativas para permanecer en el servicio público, incluso en el exterior. No obstante, puntualizó que los libros de texto forman parte de un proyecto colectivo, por lo que su salida no implica la desaparición de contenidos ni del modelo educativo vigente.

Claudia Sheinbaum llegará a la primavera con un objetivo claro: desmontar la percepción de que la economía mexicana está inmóvil. Tras un 2025 con un crecimiento de apenas 0.7 por ciento y estimaciones que apuntan a un modesto 1.3 por ciento para 2026, la presidenta ha iniciado una ofensiva discursiva y operativa para cambiar la conversación. Su apuesta recuerda la cruzada que emprendió en seguridad: más que resultados inmediatos, busca instalar una narrativa de acción y un método distinto de gestión.

El nuevo consejo de planeación económica, encabezado por ella misma, será el vehículo para presentar proyectos estratégicos, con énfasis en energía y en infraestructura financiada por dos puntos adicionales del gasto público. La estrategia incluye un gesto inusual para este Gobierno: un acercamiento directo y frecuente con sectores clave. Las reuniones recientes con banqueros, automotrices y economistas externos han mostrado un tono más ejecutivo, con propuestas concretas para destrabar inversiones y ajustar regulaciones.

El giro, sin embargo, llega tarde y abre preguntas significativas. ¿Podrá la administración coordinar a un gabinete poco habituado a operar con velocidad? ¿El propio protagonismo presidencial no alentará la parálisis mientras todo se consulta en la cima? Y, sobre todo, ¿será capaz el Gobierno de desmontar el sentimiento antiempresarial que ha permeado entre figuras de Morena y que ha alimentado la desconfianza del sector privado?

Sheinbaum abrió la puerta a esquemas mixtos de inversión, pero al hacerlo insistió en marcar distancia de los modelos del pasado, un gesto destinado a la base de Morena que, paradójicamente, dificulta convencer al capital de sumarse. La credibilidad también depende de frenar focos rojos como la corrupción en permisos y trámites, especialmente en ciudades donde construir puede tomar años.

Para cuando llegue abril o mayo, la presidenta espera que la frase recurrente ya no sea “no hay inversión”, sino “la inversión empieza a moverse”. Pero el éxito dependerá menos de Washington —y de una revisión del TMEC aún incierta— que de la capacidad de su Gobierno para dar certeza jurídica, agilizar procesos y demostrar que puede gobernar con eficiencia. De lo contrario, México seguirá atrapado en un crecimiento que no rebasa un punto porcentual por año.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México enviará ayuda humanitaria urgente a Cuba ante la crisis que enfrenta su población. Aclaró que no existe acuerdo alguno con Estados Unidos sobre envío de petróleo y que las gestiones se mantienen únicamente por la vía diplomática, conforme a principios humanitarios y soberanos.

Desde Guaymas, Sonora, explicó que el apoyo será coordinado por la Secretaría de Marina e incluirá alimentos, enseres e insumos básicos. Señaló que las sanciones anunciadas por Washington se aplicaron después de su conversación con Donald Trump y no formaron parte de diálogo alguno previo ni negociaciones energéticas bilaterales formales.

La mandataria indicó que, mientras continúan contactos diplomáticos, se enviarán otros productos indispensables para evitar afectaciones sociales. Durante su gira por Sonora, destacó inversiones estratégicas en el Puerto de Guaymas y subrayó que estas obras fortalecerán la seguridad energética y logística nacional con impacto regional y proyección internacional futura sostenida.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se haya considerado ofrecer una embajada a Adán Augusto López tras su salida de la coordinación de Morena en el Senado. Al ser cuestionada al respecto, la mandataria respondió de manera categórica que no existe tal posibilidad y subrayó que se trata de una decisión tomada exclusivamente por el propio legislador.

Sheinbaum explicó que Adán Augusto notificó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, su determinación de dejar el cargo para concentrarse en actividades de trabajo territorial y organización política con miras al proceso electoral de 2027. Aclaró que la decisión no fue producto de una instrucción del Ejecutivo ni de un acuerdo político adicional.

“Es una decisión de él”, afirmó la presidenta al insistir en que el excoordinador parlamentario optó por fortalecer las tareas partidistas en territorio. Reiteró que no se contempla ningún nombramiento diplomático y que su salida responde únicamente a una definición personal dentro del movimiento.

Gobernar consume tanto tiempo que deja poco margen para preparar a quien gobernará después. Sin embargo, para Claudia Sheinbaum y para el movimiento que encabeza, la sucesión no es un asunto lejano. Si Morena acepta que Omar García Harfuch o Marcelo Ebrard encabecen la siguiente etapa de la Cuarta Transformación en 2030, la inercia bastaría para llevar a uno de ellos a la candidatura. La correlación de fuerzas dentro del partido deja ver que no existe, por ahora, una tercera figura capaz de competirles en una encuesta abierta, el método preferido por Morena para sus designaciones.

Pero hay indicios de que una parte del movimiento, incluido su fundador, no ve con buenos ojos que la contienda quede entre esos dos nombres. Si así fuera, el reloj corre más rápido de lo que parece.

La historia reciente demuestra que las definiciones no ocurren en la fecha formal, sino mucho antes. Sheinbaum y Ebrard comenzaron a posicionarse desde 2023, año y medio previo a la elección. Para 2029, Morena estará ya en pleno proceso de selección, y la oposición difícilmente tendrá una figura capaz de alterar ese terreno.

El problema se reproduce dentro del propio oficialismo. Las corrientes que no se sienten representadas por Ebrard o por García Harfuch tienen menos de tres años para construir alternativas viables. La tarea es titánica porque ambos integrantes del gabinete de Sheinbaum seguirán capitalizando una enorme visibilidad durante el sexenio.

García Harfuch se encamina a convertirse en el ministro más exitoso del gobierno, justo en el tema que más inquieta a la ciudadanía. Las reducciones en criminalidad fortalecen su perfil y lo convierten en el antídoto ideal contra un eventual candidato opositor que pretenda explotar el miedo. Esto lo hace prácticamente invencible en una encuesta interna, salvo que no participe. Si hubiera interés en evitar que sea candidato, tendría que acordarse su ausencia. El riesgo sería empujarlo hacia otra plataforma si la operación política falla.

Ebrard, por su parte, mantendrá reflector propio debido al conflicto comercial con Estados Unidos y la renegociación del TMEC. Sus relaciones en Washington y su experiencia en crisis internacionales garantizan que seguirá siendo relevante hasta el final del sexenio.

El resto del gabinete se encuentra muy lejos de ese nivel de exposición. La jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, espacio que antes impulsaba carreras presidenciales, no parece ahora producir una figura con posibilidades nacionales. En la capital, García Harfuch ya demostró su fuerza al ganar con holgura la interna.

Nada de esto significa que Morena carezca de cuadros presidenciables. Existen gobernadores, secretarios y subsecretarios con capacidad técnica y política. Pero los tiempos en los que un presidente podía designar unilateralmente a su sucesor quedaron atrás. La lógica interna de Morena se ha vuelto más autónoma y el electorado, más exigente.

Si el movimiento desea una alternativa distinta a los dos punteros, debe comenzar a construirla ya. Dar visibilidad a nuevos perfiles, incorporar gobernadores al gabinete o desarrollar liderazgos emergentes. El retraso solo hará más amplia la ventaja acumulada por quienes ya dominan el escenario.

Si, por el contrario, se ha aceptado que cualquiera de ellos es opción cómoda y viable, la sucesión será tersa. Lo realmente peligroso para Morena sería improvisar al final. Un cambio tardío de señales desde Palacio podría resultar devastador para la cohesión del movimiento y para la continuidad de su proyecto.

El gobierno de México iniciará el procedimiento de reparación del daño por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en diciembre pasado en Oaxaca. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la medida seguirá a la conclusión del peritaje de la Fiscalía General de la República, el cual determinó exceso de velocidad en una zona de curvas.

A partir del lunes, bajo coordinación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la FGR acudirán a comunidades afectadas. El proceso abarcará a 225 personas que viajaban en el tren. En el accidente fallecieron catorce pasajeros y noventa y ocho resultaron lesionados, según información oficial difundida.

Asimismo, la presidenta señaló que las familias podrán aceptar la reparación integral, que incluirá apoyos de la aseguradora y determinaciones ministeriales. El subsecretario Arturo Medina explicó que la atención será en las comunidades, sin traslados innecesarios. Los montos serán diferenciados conforme a afectaciones personales y materiales registradas durante el proceso.