La presencia de Adán Augusto López volvió a generar tensión en la Comisión Permanente del Senado. La panista Lilly Téllez acusó al exsecretario de Gobernación de presuntos vínculos con el crimen organizado y exigió su salida del pleno, lo que desató un fuerte enfrentamiento. En respuesta, la morenista Yeidckol Polevnsky pidió orden y calificó los señalamientos como un exabrupto, al sugerir incluso que se trataba de un comportamiento fuera de control.

El episodio reflejó nuevamente la polarización entre bancadas, donde los ataques personales sustituyeron la discusión de fondo. La presencia de López, considerado cercano al círculo presidencial, se convirtió en detonante para la oposición que insiste en cuestionar su papel político.

Este tipo de enfrentamientos exhibe un Senado atrapado en acusaciones, gritos y descalificaciones, más que en debates sobre políticas públicas. La escena evidencia cómo las diferencias partidistas bloquean la deliberación institucional y profundizan el desgaste de la vida parlamentaria.

Morena evitó que se discutiera en el Congreso el caso de Hernán Bermúdez Requena, exjefe policiaco acusado de liderar una célula del CJNG en Tabasco, y nombrado por Adán Augusto López durante su gestión como gobernador. Aunque la oposición intentó incluir el tema en la agenda política, la mayoría oficialista y sus aliados bloquearon todo intento de debate.

Mientras el Senado esquivaba el tema, el gabinete de seguridad de Sheinbaum anunciaba la captura de Ulises “N”, alias El Pinto, considerado el número dos de La Barredora. Su detención refuerza los vínculos del grupo con la estructura que lideró Bermúdez y pone presión sobre el actual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto, quien sigue sin pronunciarse.

El senador apareció brevemente en el pleno, acompañado de muestras de respaldo de su bancada. Tras intercambiar palabras con Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, la posibilidad de debatir públicamente el tema quedó sepultada. López abandonó el recinto por una puerta lateral, sin dar declaraciones a la prensa.

Con esta estrategia, Morena ha evitado por ahora una crisis política mayor, pero la creciente presión pública y los avances de las autoridades federales contra La Barredora podrían volver insostenible el silencio. El caso pone a prueba el discurso de regeneración y legalidad de la 4T ante uno de sus cuadros más cercanos.

La Comisión Permanente del Congreso concedió licencia por tiempo indefinido al senador Manlio Fabio Beltrones, quien ya se había ausentado previamente por un mes. De acuerdo con sus colaboradores, el legislador independiente busca concluir asuntos personales antes de reincorporarse a su escaño.

Con esta solicitud, ya son siete los legisladores titulares con licencia. Entre ellos, destacan Citlalli Hernández, Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard y Ernestina Godoy, quienes dejaron el Senado para integrarse al gabinete de Claudia Sheinbaum.

También se encuentran con licencia indefinida los senadores morenistas Higinio Martínez y Claudia Tello. En medio de estos movimientos, el Senado sigue reconfigurando su equilibrio interno, mientras varios de sus miembros asumen roles clave en el nuevo gobierno.

México será anfitrión del Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe el 11 de agosto de 2025. Coorganizado por CEPAL, ONU Mujeres, el Senado y la Cámara de Diputados, este evento clave de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer buscará avanzar en la democracia paritaria y la sociedad del cuidado.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín destacó la necesidad de reconocer y respaldar legalmente el valor del trabajo de cuidados. Representantes de comisiones de igualdad de género, Martha Lucía Mícher y Anaís Miriam Búrgos, enfatizaron la urgencia de integrar estos temas en las agendas legislativas regionales.

El foro reunirá a parlamentarias para intercambiar experiencias y diseñar marcos normativos. CEPAL y ONU Mujeres subrayaron el rol legislativo en la implementación de la Agenda Regional de Género, instando a consolidar los cuidados como derechos fundamentales mediante leyes y presupuestos con perspectiva de género.

En respuesta al anuncio de una nueva reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, exconsejeros del IFE e INE, junto a académicos y periodistas, hicieron un llamado a diseñar “reglas del juego democrático” construidas por consenso y con legitimidad de origen. Rechazan cualquier intento de imposición legislativa.

En un pronunciamiento público, señalaron que la actual mayoría en el Congreso se consolidó mediante una “doble maniobra”: sobrerrepresentación en Diputados y presión política en el Senado. Advierten que reformar las leyes electorales en ese contexto compromete la normalidad constitucional y la confianza en las instituciones.

Entre las propuestas, destacan un Congreso más proporcional, con 250 diputados electos por mayoría y 250 por representación proporcional. En el Senado, plantean que todos los escaños se asignen por sistema proporcional. Además, exigen autonomía real, profesionalismo y financiamiento público equitativo, libre de recursos privados o criminales.

Los firmantes —como Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés— insisten en que ninguna reforma debe ser unilateral. La legitimidad del voto, afirman, no nace sólo de las urnas, sino también de las reglas justas, compartidas y aceptadas por todas las fuerzas políticas. Una reforma impuesta, advierten, fracturaría esa legitimidad.En respuesta al anuncio de una nueva reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, exconsejeros del IFE e INE, junto a académicos y periodistas, hicieron un llamado a diseñar “reglas del juego democrático” construidas por consenso y con legitimidad de origen. Rechazan cualquier intento de imposición legislativa.

En un pronunciamiento público, señalaron que la actual mayoría en el Congreso se consolidó mediante una “doble maniobra”: sobrerrepresentación en Diputados y presión política en el Senado. Advierten que reformar las leyes electorales en ese contexto compromete la normalidad constitucional y la confianza en las instituciones.

Entre las propuestas, destacan un Congreso más proporcional, con 250 diputados electos por mayoría y 250 por representación proporcional. En el Senado, plantean que todos los escaños se asignen por sistema proporcional. Además, exigen autonomía real, profesionalismo y financiamiento público equitativo, libre de recursos privados o criminales.

Los firmantes —como Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés— insisten en que ninguna reforma debe ser unilateral. La legitimidad del voto, afirman, no nace sólo de las urnas, sino también de las reglas justas, compartidas y aceptadas por todas las fuerzas políticas. Una reforma impuesta, advierten, fracturaría esa legitimidad.

Luis Humberto Montaño, empresario cercano a Adán Augusto López y hoy coordinador de asesores del Instituto Belisario Domínguez, omitió declarar su participación en dos compañías contratistas del gobierno por más de ocho mil millones de pesos.

Pese a su actual cargo en el Senado, sus empresas —Lumo Financiera y Lease and Fleet Solutions— siguen recibiendo contratos. Uno de ellos, vigente hasta junio, fue asignado por el ISSSTE por un monto máximo de 13 millones de pesos.

Este caso pone en duda los mecanismos de control patrimonial y la separación entre negocios privados y funciones públicas. La transparencia debe comenzar por quienes legislan o asesoran el poder.

Con 105 votos a favor, el Senado aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que mantiene como ejes el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la inteligencia y la atención a causas. Morena y aliados respaldaron sin objeciones el plan propuesto por el Ejecutivo.

Sin embargo, desde el PAN y Movimiento Ciudadano hubo advertencias sobre la continuidad de un modelo de seguridad militarizado que no ha frenado la violencia. Legisladores como Luis Donaldo Colosio y Carolina Viggiano subrayaron la urgencia de fortalecer las policías civiles y cuestionaron la falta de una estrategia de Estado articulada.

La aprobación refleja un consenso parcial que no disipa las tensiones de fondo. La persistencia del enfoque militar, sumada al aumento de desapariciones y la escasa coordinación local, deja dudas sobre si esta estrategia atenderá realmente la raíz del problema o si continuará el ciclo de respuestas reactivas sin resultados sostenibles.