El Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Salud que prohíbe producir, importar, exportar y comercializar cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos. El dictamen —aprobado con 76 votos a favor y 37 en contra— también veta toda publicidad relacionada y fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.

Morena defendió que la medida responde al fuerte incremento del uso de vapeadores entre adolescentes y a los riesgos comprobados para la salud. Legisladores del bloque oficialista recalcaron que el objetivo es prevenir daños y perseguir a quienes distribuyen estos productos, no criminalizar a jóvenes consumidores.

En contraste, la oposición alertó que la prohibición abrirá espacio al mercado ilegal y al control del crimen organizado. PAN, PRI y MC cuestionaron la falta de evidencia técnica y análisis regulatorio. Entre acusaciones cruzadas, todas las reservas fueron rechazadas y la minuta se avaló sin cambios, en el cierre del periodo legislativo.

El Senado aprobó y envió al Ejecutivo la nueva Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, en un proceso acelerado que incluyó dispensa de trámites y el respaldo del bloque de la 4T. Con 85 votos a favor y 36 en contra, la minuta avanzó menos de 12 horas después de su llegada desde San Lázaro, en medio de un tenso intercambio entre oficialismo y oposición sobre el alcance de los cambios.

Mientras PAN y PRI acusaron que las reformas restringen derechos de productores y permiten concentrar el control del agua en el gobierno federal, Morena refutó dichas versiones leyendo artículos que garantizan la transmisión de concesiones y el uso agrícola. Legisladores guindas calificaron de “falsas” las advertencias opositoras y defendieron que la nueva legislación prioriza el acceso equitativo al recurso.

El debate incluyó mantas, acusaciones y señalamientos de ambos bloques, aunque todas las reservas opositoras fueron rechazadas. Con ello, el Senado aprobó la reforma sin cambios y cerró la sesión cerca de la medianoche, mientras la sede legislativa permaneció resguardada por un operativo ante posibles protestas de productores.

Ernestina Godoy Ramos rindió protesta ante el Senado como titular de la Fiscalía General de la República, tras obtener mayoría calificada. En su comparecencia, aseguró que la institución no será usada políticamente y prometió fortalecer protocolos para garantizar cero tolerancia a la tortura y mejorar mecanismos de control interno. La oposición cuestionó la rapidez del proceso y pidió claridad en casos que involucren a militantes de Morena.

Asimismo, la nueva fiscal afirmó que perseguirá delitos sin negociaciones y que se priorizará la protección a víctimas. Anunció un rediseño institucional para hacer de la FGR una entidad más transparente, profesional y coordinada con el gabinete de seguridad. Subrayó que el reto principal es recuperar la confianza ciudadana con decisiones basadas en evidencia y resultados verificables.

Por otra parte, Godoy se comprometió a crear el Plan Estratégico de Procuración de Justicia y un Consejo Ciudadano para reducir la opacidad. Destacó la importancia de investigar redes financieras de la delincuencia organizada y de fortalecer peritajes y análisis de inteligencia. Legisladores de MC respaldaron su nombramiento tras aceptar un decálogo en materia de justicia.

El Senado aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. La norma homologa el delito a nivel nacional y protege a las víctimas, endureciendo el castigo para quienes participen en estas prácticas. Además, sanciona a funcionarios públicos involucrados en la comisión de extorsión o que permitan irregularidades en reclusorios. Se busca una respuesta institucional más efectiva.

Un aspecto central es el control estricto en cárceles, ya que muchas extorsiones provienen de estos espacios. Se prohíbe el uso de celulares y dispositivos electrónicos en reclusorios, con penas de seis a doce años para quienes incumplan. La ley eleva las sanciones por extorsión hasta 25 años, y hasta 42 si el delito se comete desde prisión. Se implementarán tecnologías nuevas para bloquear comunicaciones ilícitas.

La nueva ley exige la creación de unidades especializadas y policías certificados para investigar y perseguir la extorsión en todo el país. También prevé la capacitación continua de ministerios públicos y analistas, así como la evaluación de los cuerpos de seguridad. El objetivo es reducir la impunidad, frenar la incidencia de este delito y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia nacional.

El Senado de la República aprobó una reforma que permitirá a los usuarios cancelar de forma inmediata sus servicios de plataformas digitales, telefonía y suscripciones sin trámites complicados. Con 91 votos a favor, los legisladores avalaron los cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor, previamente aprobados por la Cámara de Diputados y turnados al Ejecutivo para su promulgación.

La modificación establece que los proveedores deberán ofrecer mecanismos sencillos para cancelar servicios o membresías, sin penalizaciones. Además, los ajustes o aumentos en las tarifas requerirán el consentimiento expreso e informado del consumidor, fortaleciendo los derechos digitales en el país.

La reforma también obliga a notificar con cinco días de anticipación las renovaciones automáticas y permite su cancelación sin cargos extra. Legisladores destacaron que con esta medida se corrigen vacíos legales que generaban abusos y múltiples quejas ante la Profeco por falta de transparencia en las suscripciones.

En una sesión nocturna de más de siete horas, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo con 76 votos a favor y 39 en contra. Aunque se incorporaron al menos quince modificaciones al dictamen original, la oposición denunció que una reserva aprobada al final introduce retroactividad, lo que violaría la Constitución.

El transitorio en cuestión establece que los juicios de amparo en trámite deberán continuar bajo las nuevas disposiciones. Senadoras opositoras, como Alejandra Barrales y Carolina Viggiano, señalaron que la medida afecta directamente a más de 700 mil casos y contraviene el artículo 14 constitucional, que prohíbe aplicar una ley en perjuicio de persona alguna.

Morena defendió la legalidad de la reserva. El senador Manuel Huerta aseguró que no se vulneran derechos adquiridos y que la norma solo precisa la naturaleza del juicio de amparo. El dictamen será turnado a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 73 Constitucional que faculta al Congreso para expedir una ley general contra la extorsión. Con 106 votos a favor, la minuta fue enviada a los congresos locales, donde se espera su pronta ratificación. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca cerrar vacíos legales, unificar criterios y coordinar a los tres niveles de gobierno en la prevención y sanción del delito.

Durante el debate, legisladores de todas las fuerzas políticas señalaron la gravedad de este fenómeno, que en los últimos seis años creció 57 por ciento y que, según el Inegi, representó en 2023 pérdidas por 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del PIB. Las múltiples modalidades de extorsión y la disparidad de sanciones estatales, que van de tres a 30 años, fueron señaladas como factores que alimentan la impunidad.

La oposición advirtió que, además de la ley, se requiere acción efectiva de autoridades y policías que frecuentemente son percibidas como coludidas con el crimen organizado. La unanimidad en el Senado refleja un consenso político poco común, pero también evidencia la urgencia de enfrentar una práctica que erosiona la economía y la seguridad ciudadana. El reto será que la legislación no quede como un marco homogéneo en el papel, sino que se traduzca en protección real para millones de víctimas.

La Cámara de Diputados avaló, con 348 votos a favor y 98 en contra, la reforma que otorga al Senado y a la Comisión Permanente la facultad de ratificar los nombramientos de mandos superiores de la Guardia Nacional propuestos por la Presidencia. La modificación a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca armonizar el marco legal tras la incorporación del cuerpo a la Sedena en 2024 e incluye un lenguaje de género incluyente.

Durante el debate, la oposición criticó el dictamen. El PAN señaló que la medida se da en un contexto marcado por escándalos de corrupción y acusó que la militarización de aduanas en 2020 convirtió la corrupción en un esquema institucionalizado. El PRI, por su parte, denunció que las reformas se aprueban “al vapor”, sin análisis profundo, lo que podría generar consecuencias negativas para el país.

La discusión refleja tensiones en torno a la consolidación de la Guardia Nacional como parte de la estrategia de seguridad. Mientras la mayoría oficialista defiende que el control militar fortalece la disciplina, la oposición advierte sobre riesgos de centralización y falta de contrapesos. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿esta reforma robustece la seguridad nacional o profundiza los vacíos legales en la rendición de cuentas?

El Senado negó la licencia solicitada por Irlanda Gabriela Pacheco Torres, jueza penal recién electa en Iztapalapa, quien buscaba ausentarse casi siete meses para concluir actividades en la Agencia Nacional de Aduanas, donde percibe un sueldo de 116 mil pesos mensuales. Legisladores de diversas bancadas cuestionaron su actuación y coincidieron en que no había causa justificada para concederle el permiso.

En el debate, la senadora Malú Mícher pidió directamente que Pacheco renunciara al cargo, mientras Guadalupe Murguía y Alejandra Barrales señalaron la gravedad de que ocupara simultáneamente dos funciones públicas. La Comisión de Justicia recomendó dar aviso al Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración por considerar una falta su proceder.

La priista Carolina Viggiano recordó que Pacheco fue defensora de un miembro de la Unión Tepito, lo que elevó las críticas a su perfil. El dictamen, avalado en el Pleno, refuerza la polémica en torno a la reciente reforma judicial y los cuestionamientos sobre la idoneidad de quienes llegaron a juzgados mediante el nuevo sistema electoral.

El Senado de la República aplicará una política de austeridad en 2026 que permitirá ahorrar 500 millones de pesos, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez. La medida contempla la suspensión de viajes al extranjero, que calificó como “turismo parlamentario”, sin afectar la diplomacia, pues las delegaciones internacionales serán recibidas en México.

Castillo defendió además las decisiones arancelarias del gobierno federal como una estrategia para proteger la producción nacional y fortalecer el mercado interno. Aseguró que se busca corregir los efectos del endeudamiento indiscriminado en Pemex, acumulado en administraciones anteriores, y garantizar que hacia 2027 la petrolera pueda sostenerse sin transferencias federales.

La senadora adelantó que la reforma para combatir la extorsión será de las primeras en discutirse en el nuevo periodo legislativo. Recalcó que este delito, con alto impacto social, será atendido en tiempo y forma para dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la población.