La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la banda presidencial que portará en su primer Grito de Independencia. La prenda fue elaborada en la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, con un proceso de diez días que incluyó bordados a mano y pruebas de medida realizadas por mujeres militares.

El gobierno destacó que se trata de la primera banda presidencial confeccionada para una mujer presidenta, lo que marca un hecho simbólico en el 215 aniversario del inicio de la Independencia. El video difundido por la mandataria muestra cada fase: corte de telas, bordado del escudo nacional en hilos de oro y plata, pruebas en maniquí y empaque final en caja de madera y cristal.

La imagen de Sheinbaum probándose la banda busca proyectar continuidad y cercanía institucional, pero también resalta la carga histórica de portar por primera vez este emblema como jefa del Estado mexicano. En un país aún marcado por desigualdades de género, el gesto subraya tanto un avance como un recordatorio: la representación simbólica no sustituye las deudas pendientes con las mujeres en la vida pública.

La Secretaría de la Defensa Nacional presentó su Programa Sectorial 2025-2030, en el que afirmó que las Fuerzas Armadas atraviesan un “momento inédito” al consolidarse como aliadas estratégicas del Gobierno Federal. El plan prevé reforzar la formación de la Guardia Nacional con un enfoque humanista, mientras el Ejército y la Fuerza Aérea retoman su función primordial de resguardar la soberanía.

El documento identifica seis prioridades, entre ellas garantizar la defensa exterior, optimizar las capacidades tecnológicas y de ciberdefensa, además de consolidar la confianza ciudadana en la Guardia Nacional. Aunque no se registra una agresión externa en casi un siglo, las circunstancias internacionales obligan a México a robustecer su estrategia de seguridad.

El desafío para la Sedena será equilibrar eficiencia operativa con respeto a derechos humanos. En un país donde la militarización avanza sobre tareas civiles, la verdadera prueba será preservar la seguridad sin debilitar el orden democrático.

Desde mayo, Transparencia para el Pueblo —creado para suplir al Inai— ha desechado 455 de los 457 recursos ciudadanos que ha resuelto, siendo el 99.6%. Las solicitudes buscaban datos públicos de la Presidencia, Sedena, IMSS o CFE, pero fueron rechazadas por supuestos errores de forma o por no acreditar “interés legítimo”.

La nueva autoridad sostiene que opera bajo los plazos de ley y promete una plataforma de datos abiertos, aunque todavía sin resultados visibles. Expertos como Jacqueline Peschard advierten que no se cumple con orientar al ciudadano ni suplir su queja, como lo ordenaba la legislación anterior.

En vez de fortalecer el derecho a saber, este modelo de transparencia formalista y opaca cancela el acceso a la información pública. Sin garantías reales, la rendición de cuentas se convierte en simulación. ¿Quién vigila ahora al poder?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) descartó que los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks sobre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, tengan carácter oficial. El general Ricardo Trevilla, titular de la dependencia, afirmó este lunes que dado que “no es información verificada” no se compartio con el presidente, además de mencionar que su análisis actual está en manos de la Fiscalía de Tabasco.

El caso de Bermúdez, acusado de operar la célula del CJNG conocida como “La Barredora” desde su posición como secretario de seguridad pública de Tabasco durante la adminsitración de Adán Augusto, se rebeló tras el anuncio de una orden de aprehensión en su contra y su huida del país. A pesar de que la Interpol emitió una ficha roja para su localización, Sedena insiste en que los reportes filtrados “provienen de muchas fuentes, no siempre confiables”.

Guacamaya Leaks reveló más de 30 documentos internos de la Sedena, con fechas desde 2019, que vinculan a Bermúdez con el crimen organizado. Sin embargo, el Secretario de la Defensa, durante la conferencia de prensa del día de hoy, subrayó que estos documentos no fueron validados ni entregados oficialmente a las fiscalías, al expresidente Lopez Obrador ni a su secretario de gobernación, Adan Augusto y recalcó que solo tras la verificación oficial podrían tener valor legal. El gabinete de seguridad también evitó responder directamente si AMLO o Adán Augusto conocían los señalamientos.

La postura de Sedena ha sido criticada por especialistas, quienes ven en el deslinde una estrategia para desmarcarse de la filtración más delicada sobre seguridad en años recientes. Mientras tanto, la FGE de Tabasco continúa la investigación, sin anunciar avances concretos en la búsqueda del exfuncionario y sus posibles nexos con el exgobernador tabasqueño.

La historia comenzó en 2022, cuando medios nacionales publicaron filtraciones de inteligencia que señalaban a Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad de Tabasco, como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”. La respuesta del entonces presidente López Obrador y su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue descalificar los hallazgos, tachándolos de “chismes” y “fantasías”.

Los informes, provenientes del Centro de Fusión de Inteligencia Sureste —que agrupa a Sedena, Semar, FGR, CNI y otras agencias—, llevaban años advirtiendo sobre vínculos criminales en la cúpula de seguridad tabasqueña. Aun así, Bermúdez fue nombrado por Adán Augusto al frente de la policía estatal en 2019 y se mantuvo en el cargo durante más de cuatro años, pese a la acumulación de evidencias.

La semana pasada, el Ejército confirmó que Bermúdez está prófugo y que pesa sobre él una orden de aprehensión emitida en febrero. Otros colaboradores cercanos también están acusados, incluyendo al presunto líder de “La Barredora”, Daniel Hernández Montejo. Los reportes filtrados revelan incluso audios de criminales que aseguran haber recibido pagos del entonces gobernador por trabajos ilícitos.

Adán Augusto, hoy presidente de la Jucopo en el Senado, no se ha pronunciado sobre el caso. Su silencio contrasta con su defensa vehemente en 2022, cuando calificó las acusaciones como ataques políticos. Lo cierto es que los datos existen, las órdenes judiciales también, y las explicaciones siguen pendientes.