El 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, en un caso que marcó la historia reciente de México. Once años después, la versión oficial conocida como “verdad histórica” ha sido desmentida, mientras las investigaciones continúan entre acusaciones de manipulación de pruebas y encubrimientos institucionales. La creación de grupos internacionales, como el GIEI, reveló fallas graves en el proceso y abrió nuevas líneas de investigación.

En 2025, el gobierno federal anunció la posible incorporación de especialistas de la ONU para fortalecer la indagatoria, mientras que la SCJN ordenó a la FGR publicar una versión de la carpeta de investigación. Aunque se giraron órdenes de aprehensión contra militares, varios fueron liberados por falta de pruebas. Los familiares de los estudiantes mantienen protestas constantes, señalando al Ejército como responsable.

La desaparición de los 43 normalistas sigue siendo un símbolo de impunidad y dolor. Más allá de los avances judiciales, el caso recuerda que la justicia en México no puede depender de cambios de gobierno ni de ajustes legales, sino de un compromiso real con la verdad. La pregunta sigue abierta: ¿cuándo se pondrá fin a una herida que lleva más de una década sangrando?

El Senado de la República tomará protesta el 1 de septiembre a ocho de los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que Arístides Rodrigo Guerrero García no podrá asistir tras sufrir un accidente vehicular el pasado 23 de agosto en la Ciudad de México. El ministro electo se encuentra en recuperación y su solicitud de rendir protesta de manera remota fue rechazada por la Mesa Directiva.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que la ausencia no afectará el arranque del nuevo Poder Judicial, pues con ocho ministros se cumple el quórum requerido. Una vez que Guerrero esté en condiciones de presentarse, se le tomará protesta de Ley en sesión ordinaria.

La ausencia temporal del nuevo ministro evidencia la rigidez de los protocolos legislativos y abre debate sobre la posibilidad de contemplar mecanismos extraordinarios en casos de fuerza mayor. Por ahora, el proceso de instalación de la Corte avanzará sin contratiempos, pero con una silla pendiente en su integración completa.

A pocos días de concluir su encargo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron en sesión privada el anteproyecto de presupuesto 2026, que contempla un incremento global del 12.7% y mantiene sueldos y prestaciones por encima del tope constitucional, denunció la ministra Lenia Batres Guadarrama.

El proyecto, presentado el viernes y avalado este martes bajo la conducción de la presidenta Norma Piña Hernández, prevé solicitar 5 mil 869 millones 743 mil pesos para el próximo año, lo que implica un aumento real del 8.1%. Batres votó en contra al señalar que la cifra rebasa la inflación del 5% y preserva beneficios como seguros privados, bonos alimenticios y arrendamiento de vehículos.

En redes, la ministra llamó al nuevo Poder Judicial, que entrará en funciones en septiembre, a aplicar austeridad y eliminar incrementos que calificó como injustificados y que no beneficiarán a la gestión actual de la Corte.

La Segunda Sala de la Suprema Corte concedió un amparo a Lorenzo Córdova para eliminar su mención en un libro de texto de sexto grado, al considerar que vulnera su derecho al honor. Sin embargo, la resolución no tendrá efecto en el ciclo escolar 2025-2026, pues los materiales ya fueron distribuidos.

La SEP informó que en la nueva edición impresa ya no aparece el nombre del exconsejero presidente del INE, sustituyéndose por la referencia a “un exfuncionario”, aunque la versión digital aún conserva la mención. La dependencia señaló que revisará la edición digital y acatará lo ordenado en posteriores publicaciones.

El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los contenidos educativos y su impacto en la imagen pública de figuras políticas. La precisión histórica y el respeto a derechos deben coexistir en los materiales escolares, evitando sesgos que distorsionen el aprendizaje y la memoria colectiva.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido imponer multas reducidas a 176 juzgadores por el uso de “acordeones” en la reciente elección judicial. Ningún contendiente federal perdió su cargo, y solo cinco aspirantes locales fueron inhabilitados por otras irregularidades. Las multas equivalen al 10% del tope de gasto de campaña, pero se ajustarán a la capacidad de pago de cada implicado. Por ejemplo, el futuro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, pagaría 79 mil 424 pesos por apariciones en guías impresas y digitales.

Esta decisión provocó un intenso debate y una votación dividida dentro del INE. La consejera presidenta Guadalupe Taddei votó en contra, argumentando que el porcentaje de la sanción carece de sustento jurídico y corre el riesgo de ser desechado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Taddei y otros consejeros insistieron en que las guías fueron elaboradas por terceros sin un marco normativo claro.

En total, el INE acordó multas por 10 millones 364 mil 410 pesos para candidatos federales y 7 millones 975 mil 917 pesos para procesos locales. Más de 6 millones corresponden específicamente al caso de los acordeones.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) planea imponer sanciones económicas a 118 juzgadores electos por el uso de acordeones durante las votaciones del Poder Judicial de la Federación en junio pasado. Las multas oscilan entre 39 mil y 127 mil pesos, sin contemplar la remoción del cargo. La medida busca penalizar a candidatos, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta jueces, que obtuvieron una ventaja indebida.

En el caso de la SCJN, el futuro presidente Hugo Aguilar Ortiz enfrentaría una multa de 39 mil 712 pesos, mientras que la ministra Loretta Ortiz recibiría la sanción más alta del grupo: 127 mil 508 pesos. Otros ministros como Yasmín Esquivel y Lenia Batres también serán multados. El Tribunal de Disciplina Judicial también verá a miembros penalizados, con multas que van de 133 mil a 146 mil pesos para figuras como Celia Maya y Bernardo Bátiz.

El INE considera los acordeones como una aportación prohibida, al beneficiar directamente a candidaturas ganadoras, y por ello propone una sanción del 10% del tope de gastos de campaña. Las multas se individualizaron según la capacidad económica y la exposición de los candidatos. Aunque Morena, PT y PVEM fueron investigados, las denuncias en su contra resultaron infundadas por falta de pruebas directas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido una segunda impugnación contra la elección de dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La organización Poder Ciudadano interpuso este recurso, sumándose a una demanda previa, argumentando la necesidad de garantizar la independencia judicial y el respeto a la Constitución en el proceso de designación.

La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, turnó el caso al ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá presentar un proyecto de sentencia al pleno. La impugnación se centra en la designación de Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García como nuevos magistrados de la Sala Superior del TEPJF. La reforma judicial establece que es la SCJN, y no el tribunal electoral, quien debe resolver estas controversias.

Ambas impugnaciones deben ser resueltas antes del 1 de septiembre, fecha en que los nuevos magistrados tienen previsto rendir protesta ante el Senado. Aunque la SCJN admitió las demandas, existe la posibilidad de que sean declaradas improcedentes; la decisión final recaerá en el pleno de la Suprema Corte.