La Suprema Corte de Justicia de la Nación defendió la compra de nuevas camionetas asignadas a sus ministros, al señalar que la decisión respondió a razones de seguridad. En un comunicado, explicó que los vehículos anteriores ya no cumplían estándares adecuados y que su uso comprometía la operación institucional del máximo tribunal.

El órgano judicial informó que se adquirieron nueve unidades, tras solicitar opiniones técnicas a autoridades federales. Añadió que la renovación se apega a la normatividad interna vigente, la cual permite sustituir vehículos cada cuatro años o antes cuando las condiciones mecánicas y de seguridad resulten insuficientes para el servicio que prestan.

Asimismo, la Corte aseguró que la compra se realizó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor, con el fin de no incrementar el gasto público. Reiteró que la adquisición obedece a criterios preventivos y reafirma su compromiso con el uso racional de recursos y la seguridad institucional.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz clausuró el primer periodo de sesiones de la nueva integración de la SCJN y afirmó que el desafío para 2026 será consolidar una Corte “distinta” y orientada a la justicia real. Advirtió que no deben repetirse prácticas del pasado y destacó avances en certeza jurídica y diálogo institucional.

Durante el cierre, Aguilar llamó a la unidad frente a los retos nacionales y resaltó que el Pleno resolvió más de dos mil quinientos expedientes entre septiembre y diciembre. Ministros anticiparon que en enero analizarán temas como prisión preventiva oficiosa, indemnizaciones y consulta previa a personas con discapacidad, además de fortalecer la agenda de transparencia judicial.

Otros integrantes del Pleno subrayaron que la Corte busca independencia, pluralidad y apertura al escrutinio público. Destacaron una orientación hacia justicia social, inclusión de grupos vulnerados y criterios novedosos en materia indígena y de discapacidad, con el objetivo de consolidar un tribunal responsable y cercano a la ciudadanía.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que los sistemas de justicia indígena son fundamentales para el país. Además, destacó que el Tribunal está abierto a diversas formas de ejercer el derecho y hacer justicia, reconociendo la evolución de la costumbre jurídica hacia normativas propias de los pueblos originarios.

Asimismo, representantes de organizaciones civiles recordaron que la Corte ha incorporado criterios pluriculturales en la atracción de casos. Conectado con ello, subrayaron que el artículo 2 constitucional define a México como un Estado pluricultural, por lo que atender estos sistemas no es opcional, sino un mandato legal. Añadieron que estas acciones fortalecen el reconocimiento de las comunidades indígenas.

Por otra parte, especialistas en estudios constitucionales señalaron que la justicia intercultural requiere más que discursos. Además, afirmaron que la actual composición de la Corte permite avanzar en este ámbito. Finalmente, destacaron que contar con un ministro presidente proveniente de una comunidad indígena representa un cambio histórico.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la multa de más de 67 millones de pesos impuesta por el SAT a Nueva Elektra del Milenio por reportar pérdidas mayores a las reales en 2012. Por seis votos contra tres, el pleno revocó un amparo previo y ordenó al tribunal colegiado dictar nueva sentencia. El fallo se dio a una semana de que la Corte ratificó otros créditos fiscales contra Grupo Salinas.

Los ministros sostuvieron que el SAT puede fiscalizar directamente a las empresas aun bajo régimen de consolidación, por lo que rechazaron los argumentos de la filial. También desestimaron por unanimidad un recurso de impedimento promovido contra dos ministras y sancionaron a la empresa con 300 UMA por actuar de mala fe. La Corte dejó pendiente un último litigio relacionado con Totalplay.

Grupo Salinas afirmó que el fallo responde a motivaciones políticas y no jurídicas, y anunció que acudirá a otras instancias nacionales e internacionales. Señaló que está dispuesto a pagar lo que considera justo, pero no aceptará criterios que califica como excesivos. Insistió en que las resoluciones del máximo tribunal no deben considerarse definitivas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en una sesión de una hora con 38 minutos siete de los nueve juicios fiscales promovidos por Grupo Elektra y TV Azteca, empresas pertenecientes a Grupo Salinas.

Sin debate y bajo criterios técnicos, los ministros confirmaron por unanimidad las sentencias que obligan a las compañías a pagar 48 mil 326 millones de pesos por concepto de ISR, recargos, multas y actualizaciones correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013.

El Pleno consideró que las impugnaciones no tenían un interés constitucional excepcional, pues ya existían precedentes sobre casos similares vinculados con la Ley del ISR. Con esta resolución, solo quedan dos asuntos pendientes, que suman más de 712 millones de pesos y serán discutidos la próxima semana.

Durante la sesión, los ministros destacaron que el conglomerado interpuso más de un centenar de recursos legales para retrasar las resoluciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que, si Grupo Salinas no cubre los créditos fiscales que quedaron firmes tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal iniciará los procedimientos jurídicos correspondientes.

“Primero se notifica; si paga, se resuelve el asunto, y si no, vienen los procedimientos legales que marca la ley”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum precisó que los créditos fiscales impugnados corresponden a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, y recordó que las empresas del grupo pasaron por todas las instancias administrativas y judiciales antes de llegar a la Corte.

Añadió que la Secretaría de Hacienda detallará próximamente la ruta jurídica que seguirá el gobierno para asegurar el cumplimiento de las sentencias, que obligan a las empresas de Ricardo Salinas Pliego a pagar más de 47 mil millones de pesos en impuestos, multas y recargos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó cuatro proyectos de sentencia relacionados con los asuntos fiscales del Grupo Salinas, que serán discutidos el próximo 13 de noviembre. Los casos corresponden a amparos promovidos por las empresas Elektra y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Los proyectos, elaborados por los ministros Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos y Hugo Aguilar, proponen negar los amparos solicitados por las compañías al considerar que no existe un tema de constitucionalidad excepcional que amerite revisión. Con ello, quedarían firmes las resoluciones de tribunales colegiados.

De aprobarse las propuestas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría continuar con el cobro de los créditos fiscales impugnados por el grupo empresarial. En paralelo, la Corte también desechó diversos recursos e impedimentos presentados por Grupo Salinas, mientras un quinto caso, de mayor monto, permanece pendiente de discusión.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por mayoría de votos el proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, que planteaba la posibilidad de revisar sentencias emitidas por anteriores integraciones del máximo tribunal. Los ministros declararon improcedente el recurso presentado por el Poder Ejecutivo federal.

El proyecto buscaba analizar la legalidad del voto de calidad emitido por el exministro Alberto Pérez Dayán para resolver un empate en la discusión de un amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica, promovida durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Aguilar argumentó que la Segunda Sala se había apartado del mandato legal al emitir dicho voto.

No obstante, la mayoría de los ministros consideró que no procede revisar votaciones o votos de calidad, pues implicaría reanudar sentencias ya firmes. El fallo cierra la puerta a la reinterpretación de resoluciones pasadas de la Corte.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, rechazó aplazar los juicios fiscales de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, luego de que las empresas solicitaron suspender las resoluciones para “ajustar” sus adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los créditos fiscales en disputa suman más de 33 mil millones de pesos, y la Corte determinó que no existe fundamento legal para detener los fallos. En su resolución, Aguilar precisó que solo las autoridades pueden ofrecer nuevas pruebas, mientras que las empresas pueden desistirse de sus recursos en cualquier momento.

La Procuraduría Fiscal descartó negociar y consideró la solicitud de Grupo Salinas como una táctica dilatoria. En caso de que el pleno deseche los recursos, el SAT podrá proceder al cobro. Los intentos de recusar a los ministros también fueron desechados por la Corte.

Durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres Guadarrama generó polémica al citar un reglamento municipal como fundamento para validar cobros locales, omitiendo la jerarquía constitucional de las normas. Su intervención fue corregida en el momento por la ministra María Estela Ríos González.

Batres sostuvo que el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón era la “norma sustantiva” que permitía los cobros fiscales municipales, en lugar de la ley de ingresos correspondiente. Ríos le recordó que los reglamentos se encuentran subordinados a las leyes y a la Constitución, conforme a la pirámide de Kelsen.

El incidente desató nuevas críticas hacia Batres, quien ha sido señalada por su falta de rigor técnico en discusiones jurídicas. El episodio reaviva el debate sobre el nivel de preparación y el papel de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país.