La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la multa de más de 67 millones de pesos impuesta por el SAT a Nueva Elektra del Milenio por reportar pérdidas mayores a las reales en 2012. Por seis votos contra tres, el pleno revocó un amparo previo y ordenó al tribunal colegiado dictar nueva sentencia. El fallo se dio a una semana de que la Corte ratificó otros créditos fiscales contra Grupo Salinas.

Los ministros sostuvieron que el SAT puede fiscalizar directamente a las empresas aun bajo régimen de consolidación, por lo que rechazaron los argumentos de la filial. También desestimaron por unanimidad un recurso de impedimento promovido contra dos ministras y sancionaron a la empresa con 300 UMA por actuar de mala fe. La Corte dejó pendiente un último litigio relacionado con Totalplay.

Grupo Salinas afirmó que el fallo responde a motivaciones políticas y no jurídicas, y anunció que acudirá a otras instancias nacionales e internacionales. Señaló que está dispuesto a pagar lo que considera justo, pero no aceptará criterios que califica como excesivos. Insistió en que las resoluciones del máximo tribunal no deben considerarse definitivas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó cuatro proyectos de sentencia relacionados con los asuntos fiscales del Grupo Salinas, que serán discutidos el próximo 13 de noviembre. Los casos corresponden a amparos promovidos por las empresas Elektra y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Los proyectos, elaborados por los ministros Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos y Hugo Aguilar, proponen negar los amparos solicitados por las compañías al considerar que no existe un tema de constitucionalidad excepcional que amerite revisión. Con ello, quedarían firmes las resoluciones de tribunales colegiados.

De aprobarse las propuestas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría continuar con el cobro de los créditos fiscales impugnados por el grupo empresarial. En paralelo, la Corte también desechó diversos recursos e impedimentos presentados por Grupo Salinas, mientras un quinto caso, de mayor monto, permanece pendiente de discusión.

Grupo Salinas anunció que evalúa interponer una demanda contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntas violaciones a su derecho de petición y por dilatar la resolución de sus casos fiscales. El consorcio, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, aseguró que el organismo ha mantenido un “silencio doloso” que impide avanzar en el pago de sus adeudos.

En un comunicado difundido en X, la empresa pidió al SAT cuantificar correctamente sus créditos fiscales y eliminar “cobros dobles” y “recargos exorbitantes”. Además, arremetió contra los ministros de la Suprema Corte, a quienes calificó de “sumisos” y “doblegados al poder político”.

Grupo Salinas acusó una “campaña sistemática” impulsada desde el Ejecutivo para presionar a la Corte y anticipó resoluciones adversas en los próximos días. El consorcio advirtió que recurrirá a instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para defender lo que considera su legítimo derecho.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, rechazó aplazar los juicios fiscales de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, luego de que las empresas solicitaron suspender las resoluciones para “ajustar” sus adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los créditos fiscales en disputa suman más de 33 mil millones de pesos, y la Corte determinó que no existe fundamento legal para detener los fallos. En su resolución, Aguilar precisó que solo las autoridades pueden ofrecer nuevas pruebas, mientras que las empresas pueden desistirse de sus recursos en cualquier momento.

La Procuraduría Fiscal descartó negociar y consideró la solicitud de Grupo Salinas como una táctica dilatoria. En caso de que el pleno deseche los recursos, el SAT podrá proceder al cobro. Los intentos de recusar a los ministros también fueron desechados por la Corte.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prepara una ofensiva sin precedentes contra las principales plataformas digitales que operan en México. De acuerdo con sus propias revisiones, Netflix, Disney+, Uber y Airbnb habrían reportado ingresos menores a los reales en sus declaraciones mensuales. Si no corrigen las discrepancias antes de 2026, el organismo no descarta llevar los casos a juicio por evasión fiscal.

El administrador general de Recaudación, Gari Flores, explicó que las auditorías han detectado diferencias de hasta 50% entre las operaciones declaradas y las efectivamente realizadas. “En algunos casos reportan 30 transacciones por un millón de pesos, cuando en realidad fueron 50 y sumaron un millón y medio”, señaló. Para el próximo año, el SAT tendrá la facultad de fiscalizar directamente las bases de datos de las plataformas mediante el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación.

El objetivo, según el SAT, es “cerrar los huecos de evasión” y asegurar que las tecnológicas extranjeras paguen impuestos acordes con sus ganancias reales. Sin embargo, la Asociación de Internet MX (AIMX) advierte que el acceso en tiempo real del fisco a la información digital podría vulnerar la privacidad de usuarios y prestadores de servicios.

En medio del debate, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reconfiguración fiscal digital que busca hacer frente al modelo global de negocios en línea. El mensaje del SAT es claro: los gigantes del streaming y las apps de transporte deberán rendir cuentas ante el Estado mexicano o enfrentar los tribunales.

El senador Adán Augusto López Hernández volvió a explicar su situación patrimonial, tras las filtraciones sobre ingresos extraordinarios. Aseguró que provienen de su ejercicio profesional en asesorías legales y presentó documentos para acreditar el pago puntual de impuestos. Rechazó versiones que lo vinculan con reuniones de Hernán Bermúdez y Andrés Manuel López Obrador, calificándolas de “fantasías” sin sustento.

En su declaración de 2023 reportó ingresos por 26 millones de pesos y el pago de más de nueve millones en contribuciones. Para 2024, dijo haber obtenido 61 millones de pesos, con 13 millones entregados al fisco. Además, detalló que en lo que va de 2025 sus ingresos superan los 24 millones de pesos. Argumentó que se trata de honorarios por contratos, fideicomisos y servicios notariales, trabajos que realiza desde hace 35 años.

El legislador defendió que todo lo recibido está declarado ante el SAT y subrayó que no existe irregularidad alguna en su patrimonio. Sin embargo, la frecuencia con la que debe aclarar sus finanzas refleja el desgaste político que atraviesa. Al insistir en la transparencia, busca neutralizar los cuestionamientos, pero la duda permanece: ¿la narrativa de “asesorías legales” bastará para blindar su credibilidad pública?

Desde el 1 de octubre, quienes usen banca digital en México deberán establecer el Monto Transaccional del Usuario (MTU), que fija el tope máximo por transferencia. La medida de la CNBV busca reforzar la seguridad en operaciones electrónicas. Si no se configura antes del 30 de septiembre, a partir de enero de 2026 los bancos impondrán automáticamente un límite de 12,500 pesos por operación.

El MTU aplicará a transferencias vía SPEI, pagos de tarjetas de crédito y servicios. Para CoDi, Dimo y Transferencias Express, seguirá vigente un tope de 1,500 UDIS por transacción diaria. Los usuarios podrán ajustar su monto en cualquier momento desde las plataformas digitales de su banco.

Paralelamente, el SAT recuerda que las transferencias entre familiares o amigos que superen 600,000 pesos deben reportarse, de lo contrario podrían acarrear multas de hasta 35,000 pesos. Una regulación que, entre seguridad y fiscalización, redefine los márgenes de confianza en el sistema bancario.

El Instituto Nacional Electoral (INE) permitirá a los candidatos judiciales ganadores multados por aparecer en “acordeones” pagar sus sanciones en una exhibición o en abonos. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) informará a los sancionados; si no pagan a tiempo, la deuda se convertirá en crédito fiscal y será cobrada por el SAT. Esta flexibilidad busca facilitar el cumplimiento, evitando mayores complicaciones para los recién elegidos funcionarios.

El Consejo General del INE aprobó recientemente sanciones por 18 millones de pesos por irregularidades. De esta suma, 10.3 millones corresponden a contendientes federales. La UTF revisó más de 7,300 informes de campaña y detectó más de 8,000 faltas, pese a la prohibición de financiamiento público y donaciones. Las multas reflejan un riguroso monitoreo del proceso electoral, asegurando la transparencia.

La mayor parte de las multas, 4 millones de pesos, fue para jueces de distrito. Las sanciones para ministros de la Suprema Corte suman 1.1 millones de pesos, con multas individuales de hasta 255 mil. Se espera que estas decisiones sean impugnadas ante el Tribunal Electoral. Funcionarios del INE indicaron que se analizará la capacidad de pago de cada infractor, adaptando el proceso a sus posibilidades económicas.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum busca elevar la recaudación sin crear nuevos impuestos. Para ello, Hacienda apunta a cobrar más de 600 mil millones de pesos en adeudos fiscales, principalmente a grandes empresas. A marzo de 2025, el SAT identificó casi 3 billones en créditos fiscales, de los cuales un tercio ya fue aceptado por los contribuyentes.

Entre los casos más conocidos figura el del empresario Ricardo Salinas Pliego, con un adeudo superior a 74 mil millones de pesos. Aunque 65% de los créditos están en disputa legal, Hacienda confía en recuperar al menos una tercera parte en el corto plazo. La estrategia también incluye digitalización, auditorías y mayor fiscalización.

El trasfondo: un déficit fiscal récord de 5.7% del PIB y una desaceleración global. La administración insiste en mantener la política de no aumentar impuestos, pero los expertos advierten que la presión sobre grandes contribuyentes podría desincentivar inversión si se vuelve excesiva.