mié. Dic 31st, 2025

PRI rechaza paquete económico gubernamental Rubén Moreira acusa endeudamiento y recortes sensibles

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que su bancada no respaldará el Paquete Económico 2026 presentado por el Ejecutivo federal, al considerar que implica un endeudamiento de 1.8 billones de pesos y severos recortes en áreas estratégicas como cultura, educación, salud y campo. Señaló que se trata de un proyecto que “vende la patria” y que prioriza obras como el Tren Maya sobre el bienestar de las comunidades.

Moreira anunció que el PRI alista cientos de reservas para modificar el documento y alertó que la propuesta incrementa la carga tributaria en productos de consumo masivo y en el ahorro de los trabajadores, lo que podría presionar la inflación. Cuestionó además que instituciones como el INAH y la Conaza queden debilitadas con presupuestos mínimos, poniendo en riesgo el patrimonio cultural y el desarrollo rural.

El debate sobre el paquete marcará las próximas semanas en el Congreso, donde la oposición busca frenar lo que califica como un proyecto de endeudamiento sin rumbo. La advertencia de Moreira refleja un clima de confrontación que anticipa negociaciones complejas y abre la discusión sobre las prioridades del gasto público en un país con profundas desigualdades.

Voto a favor, con reservas PRI exige precisión en leyes secundarias

El PRI respaldó la reforma constitucional que establece la extorsión como delito autónomo, pero advirtió sobre los riesgos de aprobarla sin una redacción precisa en los artículos transitorios y sin una ley secundaria que delimite su aplicación. Rubén Moreira, coordinador de la bancada, subrayó que el dictamen tiene buenas intenciones, pero carece de técnica legislativa sólida.

Durante su intervención, Moreira alertó que dejar cabos sueltos puede permitir que jueces declaren la reforma inaplicable o que se cometan abusos en nombre de la justicia. Recalcó que legislar a prisa, sin prever consecuencias jurídicas, puede generar más incertidumbre en un sistema penal ya saturado. La propuesta, dijo, merece un tratamiento más cuidadoso.

La urgencia política no puede estar por encima de la calidad legal. Si el Congreso no afina los detalles técnicos, corre el riesgo de transformar un avance en una herramienta peligrosa para la justicia.