El diferendo entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego reaviva un viejo dilema mexicano: ¿la ley es norma general o herramienta selectiva del poder? La Presidenta, al insistir en “la ley es la ley”, busca marcar distancia con el estilo de López Obrador, quien relativizó esa fórmula. Sin embargo, el contraste revela más continuidad que ruptura: la legalidad se invoca para adversarios, no para el propio poder.

El caso Salinas Pliego simboliza una disputa fiscal convertida en espectáculo político. El populacherismo de “toma chocolate, paga lo que debes” seduce a la opinión pública, pero deja intacto el fondo: la capacidad de Hacienda para cobrar con eficacia sin mediatizar el proceso. El énfasis retórico puede opacar la necesidad de aplicar reglas claras y consistentes para todos.

El problema de fondo es estructural: la misma administración que exige cumplimiento arrastra ilegalidades propias, como el cuestionado proceso de elección en el Poder Judicial. Ahí la máxima presidencial se vuelve impronunciable. La legalidad aparece como herramienta política, no como principio rector.

La pregunta es incómoda: ¿puede un gobierno erigido sobre excepciones sostener un discurso de legalidad absoluta? El riesgo es que el dictum “la ley es la ley” se vacíe de sentido, se convierta en arma retórica y erosione más la confianza ciudadana. La legitimidad no se construye en frases, sino en el ejemplo.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego pagó 25 millones de dólares de fianza en Nueva York para evitar su ingreso a la cárcel de Rikers. El caso se originó tras la compra de Iusacell por AT&T en 2015, operación en la que la compañía estadounidense asegura haber heredado una deuda millonaria en impuestos. Desde 2020, la Corte Suprema del Estado de Nueva York procesa la demanda.

La jueza Andrea Masley ordenó a Grupo Salinas Telecom cubrir la fianza, además de un millón de dólares en honorarios legales. Este litigio se suma a otros conflictos que enfrenta el magnate, incluidos reclamos de fondos internacionales por 400 millones de dólares y deudas fiscales en México que superan los 30 mil millones de pesos, según el SAT.

El caso evidencia cómo el alcance económico de Salinas Pliego trasciende fronteras y se convierte en un frente político y judicial de alto impacto. La pregunta que persiste es si la estrategia de litigio prolongado será suficiente para contener los múltiples procesos, o si tarde o temprano deberá rendir cuentas plenas ante los tribunales.

La filial Gasolinas Bienestar, perteneciente a Pemex, rechazó entregar comprobantes de los pagos realizados por Cuba por la importación de combustibles, argumentando que no es sujeto obligado en materia de transparencia. Entre 2023 y 2025 se enviaron hasta 23 mil barriles diarios, con un valor de mil 300 millones de dólares, cifra que representa el 3.3% de las exportaciones totales de la petrolera.

Frente a esta opacidad, el empresario Ricardo Salinas Pliego acusó en redes sociales al gobierno federal de financiar al régimen cubano con recursos públicos, asegurando que “se roba el dinero público para apoyar a un régimen dictatorial”. También insinuó que parte de esos fondos podrían beneficiar a Morena, calificando el esquema como un “negocio redondo”.

La polémica refleja la tensión entre el derecho ciudadano a conocer el destino de los recursos públicos y el blindaje legal que utilizan algunas filiales estatales. La falta de claridad en operaciones de esta magnitud abre un debate urgente sobre transparencia, rendición de cuentas y los límites de la cooperación internacional.

El empresario Ricardo Salinas Pliego sorprendió al anunciar el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), proyecto que definió como una plataforma de resistencia frente al actual gobierno. El evento se realizó en las instalaciones de TV Azteca y reunió a periodistas y figuras afines a su visión política.

Con un discurso que se presentó como defensa de la “libertad” y la “democracia”, el magnate comparó la situación de México con países como Venezuela o Cuba. Sin embargo, su mensaje contrastó con los litigios que mantiene con el SAT por presunto impago de impuestos, así como con la trayectoria de varios de los participantes, ligados históricamente a círculos de poder.

Aunque el movimiento busca proyectarse como alternativa ciudadana, la falta de propuestas concretas y su origen empresarial despiertan dudas sobre sus verdaderas intenciones. La pregunta es si este lanzamiento responde a un interés genuino o a una estrategia de blindaje personal rumbo al 2030.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los comentarios del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien criticó que muchos políticos gobiernan sin haber pagado impuestos ni saber administrar una empresa. Sheinbaum calificó las declaraciones como “ignorantes, clasistas e hipócritas”.

La mandataria afirmó que todos los ciudadanos pagan impuestos mediante el IVA y señaló que algunos actores económicos se escudan en el discurso de legalidad solo cuando les conviene. También acusó a los críticos de defender la libertad solo cuando no son ellos los cuestionados.

La confrontación refleja tensiones de fondo entre poder político y poder económico, especialmente en un contexto donde se discute el rol de los empresarios en el ámbito público. Más allá del intercambio, vale cuestionar si esta discusión fortalece la rendición de cuentas o simplemente distrae de temas estructurales como la evasión fiscal, la concentración del poder o la desigualdad.