Las conferencias de Donald Trump han vuelto a exhibir un estilo político que combina insultos, desinformación y una gestualidad marcada por el exceso. La escena —entre berrinches, descalificaciones y ataques a periodistas— revive un tipo de liderazgo que confunde volumen con autoridad. En paralelo, crece el interés por observar cómo ese modelo resuena en figuras latinoamericanas que han adoptado tácticas comunicativas similares para moldear la conversación pública y desactivar críticas incómodas.

En México, Ricardo Salinas Pliego ha construido un altavoz capaz de marcar agenda mediante provocaciones diarias en redes. Sus respuestas a cuestionamientos, en especial cuando provienen de mujeres, reproducen un patrón que recuerda la lógica trumpista: burla, desdén y descalificación rápida para desplazar el debate. Aunque sus posiciones de poder son distintas —uno expresidente, el otro magnate mediático— ambos operan bajo un mismo registro: convertir la esfera pública en un escenario personal donde el ataque es recurso cotidiano.

El uso reiterado de la desinformación fortalece este estilo. Tanto Trump como Salinas emplean narrativas fabricadas para moldear percepciones y sostener fidelidades políticas o corporativas. La estrategia se apoya en apodos, chistes y comentarios sarcásticos que buscan minimizar a quien cuestiona y amplificar su propia autoridad. Ese tono insolente, presentado como valentía, termina por normalizar dinámicas de hostilidad en el debate público y desplazar discusiones de fondo.

El resultado es un clima político saturado de ruido, donde la conversación queda reducida a confrontación y espectáculo. Para una ciudadanía cansada de la estridencia, surge la necesidad de exigir espacios donde el poder escuche más y grite menos. Frente a líderes que convierten cada micrófono en un ring, crece la demanda por recuperar un diálogo que no dependa del insulto ni del sarcasmo para sostenerse.

Tv Azteca sigue litigando en México por su deuda con bonistas estadounidenses, pese a la orden de una corte de Nueva York de frenar procesos locales. La televisora no ha desistido formalmente y busca mantener abiertas sus opciones legales.

La deuda, originada por bonos emitidos en 2017 y suspendidos en 2020, ya supera los 600 millones de dólares. Algunos tribunales mexicanos han revocado medidas cautelares favorables a la empresa, pero el caso continúa activo en varios juzgados.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también intervino, solicitando transparencia financiera a la televisora. Sin embargo, Tv Azteca impugnó esa resolución, manteniendo su postura de no revelar información mientras se resuelve el litigio internacional.

La resolución de la Suprema Corte dejó a Ricardo Salinas Pliego sin vías efectivas para frenar el cobro de unos 50 mil millones de pesos en créditos fiscales. La reforma al amparo, diseñada para limitar estrategias dilatorias de grandes deudores, eliminó la posibilidad de impugnar actos administrativos que exigen pagos firmes y restringió el uso de recursos intermedios. Con ello, el margen legal del magnate quedó prácticamente agotado.

La nueva legislación ordena que todos los argumentos se concentren en un único amparo antes del remate de bienes, lo que implica un proceso acelerado con plazos estrictos de resolución. Especialistas consultados advierten que el empresario ya se encuentra en la fase final: Hacienda puede evaluar activos y avanzar hacia embargos si no existe pago inmediato. La prescripción del crédito, antes un recurso clásico para alargar litigios, también fue descartada por la reforma.

Aunque Salinas Pliego anunció que acudirá al sistema interamericano, expertos consideran que esta vía no detendrá la ejecución del SAT. La Corte Interamericana rara vez admite disputas fiscales y, aun en un escenario favorable, cualquier resolución tardaría años y no tendría efecto para frenar el cobro. La ley mexicana obliga a continuar el procedimiento sin atender fallos supranacionales en materia tributaria.

Con los tres poderes del Estado cerrando filas —el Ejecutivo presionando por el pago, el Congreso reformando el marco legal y el Poder Judicial resolviendo litigios pendientes—, el grupo empresarial enfrenta un riesgo patrimonial severo. A ello se suma el procedimiento en Nueva York por una deuda de 580 millones de dólares, que agrava un panorama financiero que podría redefinir el futuro del consorcio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en una sesión de una hora con 38 minutos siete de los nueve juicios fiscales promovidos por Grupo Elektra y TV Azteca, empresas pertenecientes a Grupo Salinas.

Sin debate y bajo criterios técnicos, los ministros confirmaron por unanimidad las sentencias que obligan a las compañías a pagar 48 mil 326 millones de pesos por concepto de ISR, recargos, multas y actualizaciones correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013.

El Pleno consideró que las impugnaciones no tenían un interés constitucional excepcional, pues ya existían precedentes sobre casos similares vinculados con la Ley del ISR. Con esta resolución, solo quedan dos asuntos pendientes, que suman más de 712 millones de pesos y serán discutidos la próxima semana.

Durante la sesión, los ministros destacaron que el conglomerado interpuso más de un centenar de recursos legales para retrasar las resoluciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que, si Grupo Salinas no cubre los créditos fiscales que quedaron firmes tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal iniciará los procedimientos jurídicos correspondientes.

“Primero se notifica; si paga, se resuelve el asunto, y si no, vienen los procedimientos legales que marca la ley”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum precisó que los créditos fiscales impugnados corresponden a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, y recordó que las empresas del grupo pasaron por todas las instancias administrativas y judiciales antes de llegar a la Corte.

Añadió que la Secretaría de Hacienda detallará próximamente la ruta jurídica que seguirá el gobierno para asegurar el cumplimiento de las sentencias, que obligan a las empresas de Ricardo Salinas Pliego a pagar más de 47 mil millones de pesos en impuestos, multas y recargos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó cuatro proyectos de sentencia relacionados con los asuntos fiscales del Grupo Salinas, que serán discutidos el próximo 13 de noviembre. Los casos corresponden a amparos promovidos por las empresas Elektra y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Los proyectos, elaborados por los ministros Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos y Hugo Aguilar, proponen negar los amparos solicitados por las compañías al considerar que no existe un tema de constitucionalidad excepcional que amerite revisión. Con ello, quedarían firmes las resoluciones de tribunales colegiados.

De aprobarse las propuestas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría continuar con el cobro de los créditos fiscales impugnados por el grupo empresarial. En paralelo, la Corte también desechó diversos recursos e impedimentos presentados por Grupo Salinas, mientras un quinto caso, de mayor monto, permanece pendiente de discusión.

Grupo Salinas anunció que evalúa interponer una demanda contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntas violaciones a su derecho de petición y por dilatar la resolución de sus casos fiscales. El consorcio, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, aseguró que el organismo ha mantenido un “silencio doloso” que impide avanzar en el pago de sus adeudos.

En un comunicado difundido en X, la empresa pidió al SAT cuantificar correctamente sus créditos fiscales y eliminar “cobros dobles” y “recargos exorbitantes”. Además, arremetió contra los ministros de la Suprema Corte, a quienes calificó de “sumisos” y “doblegados al poder político”.

Grupo Salinas acusó una “campaña sistemática” impulsada desde el Ejecutivo para presionar a la Corte y anticipó resoluciones adversas en los próximos días. El consorcio advirtió que recurrirá a instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para defender lo que considera su legítimo derecho.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, desmintió que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se haya alcanzado un acuerdo con Grupo Salinas para resolver sus adeudos fiscales. Aseguró que no existió ningún convenio, monto ni ruta de pago definida con el conglomerado empresarial.

Desde Palacio Nacional, Medina explicó que sí hubo reuniones con representantes del grupo, pero sin resultados, ya que sus abogados y contadores nunca aceptaron las cifras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fijó como deuda correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el empresario Ricardo Salinas Pliego puede pagar “hoy mismo” si realmente tiene intención de hacerlo. El gobierno federal insistió en que no existen negociaciones fuera del marco legal y que los procesos continúan conforme a la ley para recuperar los recursos pendientes con el fisco.

El magnate Ricardo Salinas Pliego enfrenta su momento más crítico en tres décadas de poder empresarial. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha cerrado la llave de contratos y frenado las estrategias legales con las que el presidente de Grupo Salinas evitó durante años el pago de sus deudas fiscales, que hoy superan 74 mil millones de pesos. La confrontación, iniciada en 2024 tras su ruptura con López Obrador, ha escalado hasta aislarlo políticamente y debilitar sus negocios.

La 4T ha retirado a sus empresas —TV Azteca, Total Play y Seguros Azteca— de las listas de proveedores estratégicos del Estado. Pemex suspendió pagos por casi mil millones de dólares a Typhoon Offshore, su compañía petrolera, mientras el Poder Judicial revocó una suspensión clave que favorecía a TV Azteca en un litigio internacional. Paralelamente, la reforma a la Ley de Amparo busca impedir que sus compañías sigan postergando juicios fiscales.

Salinas Pliego, que durante cinco sexenios acumuló fortunas al amparo de concesiones públicas, ha respondido con una ofensiva política. Desde su nuevo Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, acusa persecución del gobierno y asegura que sus deudas son “fabricadas” para castigarlo por disentir. Cercano a Fox, Calderón y Peña Nieto, el empresario ahora intenta reinventarse como opositor, aunque sin los privilegios que lo protegieron por décadas.

La estrategia es riesgosa. Despojado del poder político que lo blindó y cercado por tribunales en México y Estados Unidos, Salinas Pliego se enfrenta al Estado sin aliados ni contratos, en un escenario que podría redefinir el vínculo entre el poder económico y el político en la era post-AMLO.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, ha intensificado su ofensiva contra la Cuarta Transformación justo cuando enfrenta su momento financiero más crítico. Con juicios fiscales que superan los 30 mil millones de pesos, el magnate ha desplegado una estrategia mediática que combina populismo digital, confrontación política y victimismo empresarial, presentándose como el “anticandidato” del sistema que lo enriqueció.

A través de sus propios medios, Salinas promueve encuestas y entrevistas que lo posicionan como presidenciable rumbo a 2030, mientras crea el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), un frente opositor con figuras de TV Azteca y analistas conservadores. El discurso es claro: denunciar a Morena por “dictadura comunista” y ofrecerse como defensor de la propiedad y la libertad.

Sin embargo, el impulso político coincide con un cerco judicial que podría golpear su imperio. En México, el SAT mantiene abiertos procesos por evasión fiscal, y en Estados Unidos un juez ordenó a TV Azteca desistirse de amparos. En medio de estos reveses, Salinas intenta reposicionarse como empresario perseguido, construyendo un relato de resistencia frente al Estado.

Detrás del personaje del “Tío Richie”, irreverente y provocador en redes, se perfila una jugada política y mediática. Su aparente cruzada moral podría ser más una estrategia de autoprotección que una aspiración real de poder. Lo cierto es que su guerra con el gobierno redefine la frontera entre dinero, medios y política en México.