Legisladoras y legisladores de Morena, PAN, PVEM, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron dieciséis iniciativas ante la Comisión Permanente, por lo que se abordaron temas fiscales, sociales, penales, ambientales y constitucionales, además de asuntos cívicos y conmemorativos, mediante propuestas que buscan actualizar marcos legales y responder a demandas ciudadanas actuales prioritarias.

Asimismo, se presentaron iniciativas sobre asociaciones religiosas, salud pública, telecomunicaciones, seguridad nacional y desarrollo rural, mientras que otras plantearon sanciones al fraude procesal, regulación tecnológica y estímulos fiscales, reflejando pluralidad legislativa y coordinación institucional entre ambas cámaras del Congreso para su análisis correspondiente durante el actual periodo de sesiones legislativas.

Finalmente, la Mesa Directiva informó la recepción de una iniciativa ciudadana sobre revocación de mandato, la cual fue turnada al Instituto Nacional Electoral, por lo que iniciará el procedimiento de verificación legal, fortaleciendo mecanismos de participación directa y garantizando cauces institucionales para su eventual discusión parlamentaria en el Congreso mexicano.

Dirigentes del Partido Verde Ecologista de México se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para dialogar sobre la eventual iniciativa de reforma electoral. Acordaron sostener un próximo encuentro con la comisión presidencial encargada del proyecto, que les expondrá los ejes para definir la postura formal del partido.

En paralelo, el Partido del Trabajo confirmó que mantiene comunicación con la Secretaría de Gobernación. Su coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, rechazó haber sido reconvenido por cuestionar la pertinencia de la reforma. Afirmó que el diálogo continúa y que sus declaraciones reflejan el contexto político actual.

Mientras tanto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, subrayó que la reforma sólo avanzará con consensos, especialmente entre aliados. En contraste, el PAN acusó a Morena de debilitar al árbitro electoral y lanzó una campaña digital contra la iniciativa, intensificando el debate político nacional en curso.

El Partido Verde Ecologista de México afirmó que mantendrá su alianza con la Cuarta Transformación, aun si existen diferencias sobre la reforma electoral. Arturo Escobar señaló que la iniciativa no fue compromiso de campaña y que, una vez presentada, el PVEM definirá qué puntos respalda y cuáles no internos actuales.

El dirigente explicó que su partido no rechaza discutir cambios, pero considera prioritario revisar primero el financiamiento público. Propuso un piso parejo de prerrogativas para todos los partidos, al advertir que las actuales diferencias económicas impiden una competencia equitativa y distorsionan las coaliciones electorales vigentes en México hoy todavía pendientes.

Asimismo, Escobar planteó garantizar la representación de las minorías y abrir un debate serio sobre el Congreso. Consideró que una Cámara de 500 legisladores no es excesiva para el país y que el costo de la democracia resulta bajo, aunque aceptó que el tema es debatible en la agenda nacional.

La alianza entre Morena, PVEM y PT entra a una fase decisiva rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum logró, por ahora, contener el riesgo de ruptura, el bloque oficialista se mueve sobre un terreno marcado por recelos, cálculos de poder y tensiones por la reforma electoral. Las dirigencias han aceptado salir en enero con un mensaje de unidad, pero detrás del anuncio aún queda por resolverse la letra fina del acuerdo.

La discusión más sensible gira en torno al contenido de la reforma electoral que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso. La posible eliminación de plurinominales, la reducción del financiamiento partidista y la reconfiguración del INE generan resistencias en el Verde y el PT, que ven amenazadas sus actuales rutas de supervivencia. Entre exigencias y advertencias veladas, los aliados esperan conocer el proyecto final antes de comprometer su respaldo.

Mientras el PVEM apuesta por una coalición parcial que le permita competir solo en distritos estratégicos, el PT presiona por un acuerdo total, temeroso de repetir el escenario de 2021, cuando la división interna debilitó al bloque y frenó reformas clave. En Morena, la instrucción presidencial es clara: unidad, pero sin ceder a prácticas de nepotismo o arreglos que comprometan la narrativa de renovación política.

La negociación real comenzará en 2026, cuando se definan las candidaturas y el reparto de espacios en las 17 gubernaturas en disputa. Si bien el oficialismo insiste en mostrarse cohesionado, la reforma electoral, los intereses encontrados y los tiempos reducidos pondrán a prueba la capacidad de la coalición para mantenerse intacta. El mensaje de unidad llegará; su viabilidad, en cambio, sigue en construcción.

El diputado Ricardo Monreal Ávila informó que solicitará, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), posponer la discusión y aprobación del dictamen sobre revocación de mandato para los próximos días, con el fin de ampliar el debate entre los grupos parlamentarios.

Monreal explicó que ha dialogado con coordinadores del PAN, PRI, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, quienes pidieron más tiempo para analizar la propuesta y evitar un proceso precipitado. “Si nos asiste la razón histórica, moral y política, no hay por qué apresurar un tema tan importante”, señaló.

El legislador adelantó que se consultará también al autor de la iniciativa, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, y que la Comisión de Puntos Constitucionales decidirá si realiza un parlamento abierto. Aclaró que el aplazamiento no significa congelar la reforma y reiteró que Morena actuará conforme al interés del país.

Con mayoría de Morena, PT y PVEM, la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2026, que incrementa gravámenes a refrescos, cigarros, apuestas y videojuegos violentos. El paquete prevé ingresos por más de 761 mil millones de pesos.

El impuesto a las bebidas azucaradas subirá de 1.64 a 3.08 pesos por litro, aunque se fijó una cuota diferenciada de 1.5 pesos para las versiones light. También aumentará la tasa al tabaco y se aplicará un nuevo gravamen a productos con nicotina y vapeadores.

Morena defendió que la medida busca desincentivar el consumo nocivo y fortalecer el sistema de salud, mientras la oposición advirtió que el alza afectará directamente a las familias. “Son medidas recaudatorias disfrazadas de impuestos saludables”, acusó el PAN. El dictamen, con 351 votos a favor y 129 en contra, se envió al Senado para su análisis.

Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención el dictamen a la minuta que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El documento modifica la propuesta del Senado al establecer que los asuntos en trámite continuarán bajo las disposiciones vigentes al inicio del proceso, eliminando la redacción que implicaba retroactividad. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que la reforma busca modernizar el juicio de amparo y agilizar la impartición de justicia sin vulnerar derechos.

Durante la sesión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC fijaron posturas encontradas. Mientras el oficialismo defendió la actualización del sistema jurídico, la oposición advirtió que la reforma limita la defensa ciudadana frente al poder público.

Durante la sesión del 6 de agosto, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM y PT fijaron postura sobre los nombramientos propuestos por el Ejecutivo para las embajadas de Panamá y Turquía. Las comisiones respectivas avalaron a David Aguilar Romero y Sergio Ley como titulares.

Los legisladores destacaron la experiencia profesional de ambos candidatos y coincidieron en que el país necesita fortalecer su representación diplomática. Aunque hubo respaldo mayoritario, también se subrayó la importancia de que las designaciones respondan al interés nacional y no a cuotas partidistas.

El dictamen pasará al Senado para su aprobación definitiva. Mientras tanto, persiste la discusión sobre el uso político del servicio exterior. La diplomacia mexicana requiere perfiles con visión global y autonomía institucional, más allá de cercanías políticas o trayectorias administrativas recientes.