La alianza entre Morena, PVEM y PT entra a una fase decisiva rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum logró, por ahora, contener el riesgo de ruptura, el bloque oficialista se mueve sobre un terreno marcado por recelos, cálculos de poder y tensiones por la reforma electoral. Las dirigencias han aceptado salir en enero con un mensaje de unidad, pero detrás del anuncio aún queda por resolverse la letra fina del acuerdo.

La discusión más sensible gira en torno al contenido de la reforma electoral que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso. La posible eliminación de plurinominales, la reducción del financiamiento partidista y la reconfiguración del INE generan resistencias en el Verde y el PT, que ven amenazadas sus actuales rutas de supervivencia. Entre exigencias y advertencias veladas, los aliados esperan conocer el proyecto final antes de comprometer su respaldo.

Mientras el PVEM apuesta por una coalición parcial que le permita competir solo en distritos estratégicos, el PT presiona por un acuerdo total, temeroso de repetir el escenario de 2021, cuando la división interna debilitó al bloque y frenó reformas clave. En Morena, la instrucción presidencial es clara: unidad, pero sin ceder a prácticas de nepotismo o arreglos que comprometan la narrativa de renovación política.

La negociación real comenzará en 2026, cuando se definan las candidaturas y el reparto de espacios en las 17 gubernaturas en disputa. Si bien el oficialismo insiste en mostrarse cohesionado, la reforma electoral, los intereses encontrados y los tiempos reducidos pondrán a prueba la capacidad de la coalición para mantenerse intacta. El mensaje de unidad llegará; su viabilidad, en cambio, sigue en construcción.

El diputado Ricardo Monreal Ávila informó que solicitará, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), posponer la discusión y aprobación del dictamen sobre revocación de mandato para los próximos días, con el fin de ampliar el debate entre los grupos parlamentarios.

Monreal explicó que ha dialogado con coordinadores del PAN, PRI, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, quienes pidieron más tiempo para analizar la propuesta y evitar un proceso precipitado. “Si nos asiste la razón histórica, moral y política, no hay por qué apresurar un tema tan importante”, señaló.

El legislador adelantó que se consultará también al autor de la iniciativa, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, y que la Comisión de Puntos Constitucionales decidirá si realiza un parlamento abierto. Aclaró que el aplazamiento no significa congelar la reforma y reiteró que Morena actuará conforme al interés del país.

Con mayoría de Morena, PT y PVEM, la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2026, que incrementa gravámenes a refrescos, cigarros, apuestas y videojuegos violentos. El paquete prevé ingresos por más de 761 mil millones de pesos.

El impuesto a las bebidas azucaradas subirá de 1.64 a 3.08 pesos por litro, aunque se fijó una cuota diferenciada de 1.5 pesos para las versiones light. También aumentará la tasa al tabaco y se aplicará un nuevo gravamen a productos con nicotina y vapeadores.

Morena defendió que la medida busca desincentivar el consumo nocivo y fortalecer el sistema de salud, mientras la oposición advirtió que el alza afectará directamente a las familias. “Son medidas recaudatorias disfrazadas de impuestos saludables”, acusó el PAN. El dictamen, con 351 votos a favor y 129 en contra, se envió al Senado para su análisis.

Con 335 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, el cual fue turnado al Senado de la República para su análisis constitucional.

Las modificaciones más relevantes incluyen la eliminación de la fracción X del artículo 124, que consideraba imprudente el recurso de revocación cuando el contribuyente desconociera el acto ocurrido. Además, se determinó que las obligaciones de las plataformas digitales para compartir información con la autoridad fiscal entrarán en vigor el 1 de abril de 2026.

Diputados de Morena, PT, PRI y PAN expresaron posturas encontradas. Mientras el bloque oficialista defendió que las reformas fortalecen la transparencia y combaten la evasión, la oposición criticó la premura en el proceso legislativo y alertó sobre posibles afectaciones a los derechos de defensa de los contribuyentes.

Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención el dictamen a la minuta que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El documento modifica la propuesta del Senado al establecer que los asuntos en trámite continuarán bajo las disposiciones vigentes al inicio del proceso, eliminando la redacción que implicaba retroactividad. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que la reforma busca modernizar el juicio de amparo y agilizar la impartición de justicia sin vulnerar derechos.

Durante la sesión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC fijaron posturas encontradas. Mientras el oficialismo defendió la actualización del sistema jurídico, la oposición advirtió que la reforma limita la defensa ciudadana frente al poder público.

Durante la sesión del 6 de agosto, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM y PT fijaron postura sobre los nombramientos propuestos por el Ejecutivo para las embajadas de Panamá y Turquía. Las comisiones respectivas avalaron a David Aguilar Romero y Sergio Ley como titulares.

Los legisladores destacaron la experiencia profesional de ambos candidatos y coincidieron en que el país necesita fortalecer su representación diplomática. Aunque hubo respaldo mayoritario, también se subrayó la importancia de que las designaciones respondan al interés nacional y no a cuotas partidistas.

El dictamen pasará al Senado para su aprobación definitiva. Mientras tanto, persiste la discusión sobre el uso político del servicio exterior. La diplomacia mexicana requiere perfiles con visión global y autonomía institucional, más allá de cercanías políticas o trayectorias administrativas recientes.