Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, salió del país rumbo a Estados Unidos luego de que la FGR solicitara su desafuero como diputado federal. La acusación se basa en presunto enriquecimiento ilícito, y su salida se dio apenas horas después de que la Cámara de Diputados recibió la solicitud formal.

Desde Miami, Moreno aseguró que no se esconde y que “lo que le sobra es carácter”, aunque no aclaró si regresará pronto. El priista acusó una persecución política y señaló al gobierno de querer doblegarlo por no alinearse. Aún así, legisladores de oposición han comenzado a marcar distancia, mientras crecen las dudas sobre su liderazgo.

Aunque insiste en que enfrentará el proceso, el simbolismo de salir del país en este momento debilita su narrativa. ¿Cómo se sostiene un dirigente ausente que ya no convence ni a su propio partido?

Al día siguiente de que la Cámara de Diputados rechazara retirarle el fuero por enriquecimiento ilícito, Alejandro “Alito” Moreno fue captado cenando en un restaurante exclusivo de Las Vegas. La denuncia presentada por la Fiscalía General de la República quedó congelada, luego de que PRI, PAN y PRD votaran en bloque para evitar el juicio político.

En redes sociales, la imagen del líder priista relajado y sonriente causó molestia. Su defensa insistió en que se trata de una “persecución política”, aunque evitó abordar el tema central: el origen de su fortuna, valuada en más de 100 millones de pesos, según la acusación.

Mientras tanto, el caso se suma a una larga lista de carpetas detenidas por razones políticas. La justicia parece supeditarse al cálculo partidista, lo que refuerza la idea de que en México, ser parte del poder sigue siendo la mejor forma de no rendir cuentas.

Legisladores de oposición exigieron al gobierno federal concretar un acuerdo con Estados Unidos ante la inminente imposición de aranceles al acero y al aluminio. Señalaron que es urgente evitar afectaciones a exportadores mexicanos, ya que aún no hay claridad sobre los alcances del entendimiento técnico alcanzado en julio entre ambos países. Pidieron mayor transparencia y definiciones inmediatas.

Desde el PAN y el PRI, acusaron opacidad en las negociaciones y falta de resultados concretos. Además, advirtieron que una mala estrategia podría repercutir en empleos, cadenas productivas y competitividad. Aunque la Secretaría de Economía aseguró que se mantiene el diálogo bilateral, no se ha dado a conocer una postura oficial sobre cómo se protegerán los intereses nacionales.

El riesgo de nuevos aranceles exhibe una fragilidad en la relación comercial con EE. UU. que el gobierno minimiza. ¿Se está priorizando el discurso diplomático por encima de la protección efectiva al sector industrial?