El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que su bancada no respaldará el Paquete Económico 2026 presentado por el Ejecutivo federal, al considerar que implica un endeudamiento de 1.8 billones de pesos y severos recortes en áreas estratégicas como cultura, educación, salud y campo. Señaló que se trata de un proyecto que “vende la patria” y que prioriza obras como el Tren Maya sobre el bienestar de las comunidades.

Moreira anunció que el PRI alista cientos de reservas para modificar el documento y alertó que la propuesta incrementa la carga tributaria en productos de consumo masivo y en el ahorro de los trabajadores, lo que podría presionar la inflación. Cuestionó además que instituciones como el INAH y la Conaza queden debilitadas con presupuestos mínimos, poniendo en riesgo el patrimonio cultural y el desarrollo rural.

El debate sobre el paquete marcará las próximas semanas en el Congreso, donde la oposición busca frenar lo que califica como un proyecto de endeudamiento sin rumbo. La advertencia de Moreira refleja un clima de confrontación que anticipa negociaciones complejas y abre la discusión sobre las prioridades del gasto público en un país con profundas desigualdades.

Los gobernadores de Durango y Coahuila, ambos del PRI, sorprendieron al respaldar públicamente a Claudia Sheinbaum durante sus recientes visitas a los estados. A ellos se sumó Samuel García, de Nuevo León, con un discurso favorable hacia la presidenta y su política exterior. Las declaraciones contrastan con la postura de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del tricolor, quien mantiene una estrategia de confrontación con la mandataria.

Analistas señalan que el respaldo estatal responde a intereses prácticos: mantener buena relación con la federación para asegurar recursos y apoyo en materia de seguridad. Los mandatarios también buscan capitalizar la popularidad de Sheinbaum, cuya aceptación supera incluso la de López Obrador en su momento. Para ellos, el cálculo político es inmediato y estratégico.

El distanciamiento de los gobernadores exhibe la fragilidad del PRI como fuerza cohesionada. Mientras Alito insiste en el choque político, sus propios cuadros locales priorizan sobrevivir en un escenario donde el poder presidencial dicta las reglas. La incógnita es si esta división anticipa un debilitamiento irreversible de la oposición rumbo a 2027.

El PRI pidió que la Contraloría del Senado y la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena investiguen los supuestos “donativos” recibidos por Gerardo Fernández Noroña, así como la adquisición de propiedades y autos de lujo que, afirman, rebasan su sueldo legislativo. Según el representante priista Emilio Suárez, la ley prohíbe a los servidores públicos aceptar dádivas y obliga a reportar su origen y carga fiscal.

La bancada priista advirtió que los órganos internos no han actuado con imparcialidad, pero insistió en la necesidad de transparentar el caso. Morena respondió en el INE defendiendo a Noroña y acusando al líder priista Alejandro Moreno de “delincuente con fuero” y de usar la violencia como recurso político.

La confrontación revela cómo el debate sobre austeridad y ética en la función pública se ha convertido en arma de desgaste político. La pregunta pendiente es si este caso abrirá realmente una investigación seria o quedará reducido a un intercambio de acusaciones.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, solicitó a la Secretaría de Gobernación ser integrado al mecanismo de protección tras afirmar que recibió amenazas de Gerardo Fernández Noroña y su colaborador Emiliano González. El priista señaló además que legisladores como Manuel Añorve, Rubén Moreira y Pablo Angulo también han sido intimidados, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

En redes sociales, Moreno aseguró que no dará un paso atrás y acusó al Estado de ejercer persecución contra la oposición. Presentó cargos por amenazas y lesiones contra Noroña, a quien calificó de “corrupto y cobarde”, mientras afirmó que el PRI seguirá defendiendo la democracia.

El episodio recrudece la confrontación política en el Congreso y expone cómo las diferencias parlamentarias se trasladan al terreno judicial. En lugar de abrir diálogo, los protagonistas refuerzan la polarización. ¿Hasta dónde se tensará la cuerda antes de que se apueste por la política como vía de civilidad?

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, criticó a la senadora panista Lilly Téllez por solicitar en medios de Estados Unidos “ayuda” para atender la situación de México. Consideró que este tipo de declaraciones son imprudentes y “generan tentaciones” para que potencias extranjeras intervengan en los asuntos internos del país, lo que recordó como un riesgo histórico.

Moreira advirtió que los problemas nacionales deben resolverse dentro del país y señaló que, aunque la cooperación internacional es válida, debe darse solo entre jefes de Estado en un marco de respeto y soberanía. Para ilustrar su advertencia, recordó episodios como la pérdida de Texas en el siglo XIX y afirmó que cuando una potencia entra “luego no se quiere ir”.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció y rechazó las acusaciones de Téllez sobre presuntas amenazas en su contra. Negó que su gobierno piense en denunciarla o desaforarla, pero coincidió en que pedir apoyo externo resulta inaceptable. El mensaje común fue claro: los conflictos políticos de México deben resolverse por los propios mexicanos.

En la cumbre de Partidos Políticos Africanos, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó un retroceso democrático en México y denunció persecución política. Señaló que el presidencialismo extremo ha eliminado la separación de poderes, permitiendo que Morena controle el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debilitando el Estado social y democrático.

Moreno, también líder de la COPPPAL y vicepresidente de la Internacional Socialista, afirmó que el actual gobierno ha cooptado órganos autónomos y mantiene vínculos con el crimen organizado, al que calificó de “terrorista” en contextos internacionales. Subrayó que la corrupción y acuerdos inconfesables han deteriorado las instituciones y ponen en riesgo al país.

El dirigente priista pidió a la comunidad internacional atender la situación mexicana y defender lo que queda de contrapesos, como el INE y el Tribunal Electoral. “La democracia se defiende todos los días”, advirtió, insistiendo en que su partido seguirá resistiendo los ataques contra sus integrantes.

El PRI acusó al gobierno federal de no obtener resultados en el combate a la extorsión, delito que, según sus cifras, se ha disparado en distintas regiones del país. Señaló que las medidas actuales no han contenido el crecimiento de este ilícito que afecta tanto a comerciantes como a ciudadanos comunes.

Dirigentes priistas advirtieron que la falta de estrategias efectivas fortalece a grupos criminales y erosiona la confianza en las autoridades. Propusieron reforzar la investigación, la denuncia protegida y la coordinación con gobiernos estatales.

El aumento de la extorsión refleja la vulnerabilidad del tejido social frente al crimen organizado. Sin una respuesta integral y sostenida, el problema seguirá escalando y condicionando la vida económica y cotidiana de millones de mexicanos.

Durante la sesión del 6 de agosto, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM y PT fijaron postura sobre los nombramientos propuestos por el Ejecutivo para las embajadas de Panamá y Turquía. Las comisiones respectivas avalaron a David Aguilar Romero y Sergio Ley como titulares.

Los legisladores destacaron la experiencia profesional de ambos candidatos y coincidieron en que el país necesita fortalecer su representación diplomática. Aunque hubo respaldo mayoritario, también se subrayó la importancia de que las designaciones respondan al interés nacional y no a cuotas partidistas.

El dictamen pasará al Senado para su aprobación definitiva. Mientras tanto, persiste la discusión sobre el uso político del servicio exterior. La diplomacia mexicana requiere perfiles con visión global y autonomía institucional, más allá de cercanías políticas o trayectorias administrativas recientes.

El PRI respaldó la reforma constitucional que establece la extorsión como delito autónomo, pero advirtió sobre los riesgos de aprobarla sin una redacción precisa en los artículos transitorios y sin una ley secundaria que delimite su aplicación. Rubén Moreira, coordinador de la bancada, subrayó que el dictamen tiene buenas intenciones, pero carece de técnica legislativa sólida.

Durante su intervención, Moreira alertó que dejar cabos sueltos puede permitir que jueces declaren la reforma inaplicable o que se cometan abusos en nombre de la justicia. Recalcó que legislar a prisa, sin prever consecuencias jurídicas, puede generar más incertidumbre en un sistema penal ya saturado. La propuesta, dijo, merece un tratamiento más cuidadoso.

La urgencia política no puede estar por encima de la calidad legal. Si el Congreso no afina los detalles técnicos, corre el riesgo de transformar un avance en una herramienta peligrosa para la justicia.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, salió del país rumbo a Estados Unidos luego de que la FGR solicitara su desafuero como diputado federal. La acusación se basa en presunto enriquecimiento ilícito, y su salida se dio apenas horas después de que la Cámara de Diputados recibió la solicitud formal.

Desde Miami, Moreno aseguró que no se esconde y que “lo que le sobra es carácter”, aunque no aclaró si regresará pronto. El priista acusó una persecución política y señaló al gobierno de querer doblegarlo por no alinearse. Aún así, legisladores de oposición han comenzado a marcar distancia, mientras crecen las dudas sobre su liderazgo.

Aunque insiste en que enfrentará el proceso, el simbolismo de salir del país en este momento debilita su narrativa. ¿Cómo se sostiene un dirigente ausente que ya no convence ni a su propio partido?