La trayectoria de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, sintetiza uno de los casos más complejos de corrupción estructural en la política reciente. Con ascenso acelerado dentro del PRI y un gobierno marcado por irregularidades financieras, su administración dejó investigaciones abiertas por desvíos millonarios, adquisiciones de bienes presuntamente ilícitos y el funcionamiento de una red de pagos ilegales conocida como la “Nómina Secreta”. Las autoridades estatales y federales emitieron más de veinte órdenes de aprehensión en su contra antes de su detención inicial en Estados Unidos en 2020 y posterior extradición a México.

El expediente contra Duarte no describe únicamente presuntos desfalcos, sino la existencia de un ecosistema político sostenido en transferencias discretas de recursos a actores públicos y privados. Entre los beneficiarios señalados se encuentra la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, cuya relación con estos expedientes ha sido objeto de procesos judiciales y controversia política. Esta red de protección política y jurídica permitió que, pese a las acusaciones, Duarte mantuviera márgenes de operación durante años.

El reciente operativo federal que condujo a su nueva captura marca un punto de quiebre. Con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, el Gobierno federal ha asumido un papel central en un caso donde, argumenta, la justicia local mostró límites estructurales para proceder. El arresto coincidió con la ausencia de Campos del país, hecho que reavivó cuestionamientos sobre el papel de la autoridad estatal en los procesos contra el exmandatario.

La reaprehensión de Duarte reabre también escenarios para otros involucrados en la presunta red de desvíos, incluidos operadores de la llamada Operación Zafiro. Para analistas, el caso representa una prueba de estrés para el sistema judicial y político: si el Estado logra avanzar con eficacia en un expediente de esta magnitud, podría sentar un precedente para la rendición de cuentas en los niveles más altos del poder público.

La ofensiva retórica del PRI y del PAN contra el Gobierno de la Cuarta Transformación ha escalado a niveles que rozan la caricatura. Acusaciones de autoritarismo, corrupción o incluso vínculos criminales emergen ahora de quienes edificaron su poder histórico precisamente sobre esas prácticas. El fenómeno exhibe un viejo mecanismo psicológico –la proyección– trasladado directamente al terreno político: atribuir al adversario las propias miserias para evitar asumirlas y, de paso, erosionar su legitimidad ante el electorado.

La estrategia se sostiene en la desinformación, que permite reescribir la memoria pública y borrar responsabilidades históricas. Así, los priístas proclaman que “construyeron el país” que en realidad se desarrolló a pesar de ellos, mientras los panistas adjudican a Vicente Fox la paternidad de los programas sociales que hoy intentan desmantelar. Esta reapropiación de méritos acompaña la campaña de injurias que circula en redes y medios, donde los ataques buscan sustituir el debate por el escándalo y la discusión argumentada por insultos multiplicados.

En ese terreno se articula la influencia de la ultraderecha internacional, cuyos discursos misóginos, clasistas y xenófobos han sido acogidos con entusiasmo por la reacción local. Frases como “basura inmigrante” o “zurdos de mierda” ya forman parte del repertorio opositor, alimentado por figuras como Salinas Pliego, Lilly Téllez o Alejandro Moreno, que replican el estilo estridente de Trump y Milei para amplificar su presencia mediática.

La apuesta es clara: desplazar la política y colonizar el espacio público con odio, burla y desprecio. Su eficacia no reside en convencer, sino en contaminar, provocando que otros actores respondan en el mismo tono. Si la disputa pública se reduce al intercambio de improperios, la ultraderecha habrá logrado su objetivo: vaciar la política de contenido y convertirla en un espectáculo de violencia verbal.

La derecha mexicana atraviesa una larga fase de desgaste electoral y organizativo que comenzó en 2015 y se ha profundizado con el avance de Morena. La pérdida sostenida de votos, cargos públicos y capacidad de articulación ha dejado al PAN, al PRI y a Movimiento Ciudadano sin un mensaje capaz de competir con el proyecto oficialista. Sus dirigencias no logran formular un discurso coherente ni reconstruir alianzas sociales, lo que alimenta la percepción de una etapa crepuscular en su influencia nacional.

Esa falta de rumbo se manifiesta con especial claridad en torno al tema de la seguridad, eje que la derecha intenta posicionar como bandera central desde hace dos décadas. Aunque lo ha utilizado para confrontar a gobiernos progresistas, sus propios gobiernos estatales y federales evitaron asumir responsabilidades durante los periodos de mayor violencia. Esta incongruencia debilita su narrativa y dificulta conectar con una ciudadanía que demanda respuestas duraderas, no consignas de ocasión planteadas en momentos de disputa política.

La marcha del 15 de noviembre ilustra ese desorden estratégico. Convocada bajo el emblema de “Generación Z”, mezcló contingentes opositores tradicionales con grupos que luego arremetieron contra vallas policiacas en el Zócalo. La ausencia de un templete y la decisión de convertir la confrontación en acto central mostraron una protesta sin conducción política clara y con objetivos difusos. El saldo fue de decenas de policías lesionados y manifestantes detenidos, alimentando el debate sobre tácticas y responsabilidad.

El episodio plantea una pregunta de fondo: ¿está la derecha dispuesta a reemplazar la disputa democrática por un recurso basado en la provocación y el choque? Su crisis actual no reside solo en la caída electoral, sino en la pérdida de una narrativa capaz de ordenar sus acciones. En un escenario donde Morena mantiene hegemonía y la oposición carece de proyecto, la definición de sus próximos pasos determinará si puede reconstruirse o profundizar su deterioro.

El diputado Ricardo Monreal Ávila informó que solicitará, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), posponer la discusión y aprobación del dictamen sobre revocación de mandato para los próximos días, con el fin de ampliar el debate entre los grupos parlamentarios.

Monreal explicó que ha dialogado con coordinadores del PAN, PRI, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, quienes pidieron más tiempo para analizar la propuesta y evitar un proceso precipitado. “Si nos asiste la razón histórica, moral y política, no hay por qué apresurar un tema tan importante”, señaló.

El legislador adelantó que se consultará también al autor de la iniciativa, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, y que la Comisión de Puntos Constitucionales decidirá si realiza un parlamento abierto. Aclaró que el aplazamiento no significa congelar la reforma y reiteró que Morena actuará conforme al interés del país.

En México, las grandes rupturas políticas suelen venir de dentro del poder. Morena nació del PRD, que a su vez emergió del PRI, heredero institucional de la Revolución Mexicana. Por eso, la llamada Cuarta Transformación no puede entenderse sin mirar la continuidad de ese linaje político. Más que una nueva etapa histórica, representa un efecto tardío de la tercera transformación: la Revolución.

El gobierno de López Obrador no rompió con las estructuras militares heredadas del siglo XX; al contrario, las fortaleció. El Ejército —actor central del periodo neoliberal— ha recibido más presupuesto, más funciones y más reconocimiento simbólico. La promesa de desmilitarizar la vida pública terminó por convertirse en su expansión. En México sigue vigente el mismo aparato armado de la Guerra Sucia, ahora con legitimidad renovada.

Tampoco hubo un cambio constitucional de fondo. Las reformas impulsadas desde 2018 han sido parciales y no equivalen a una nueva Carta Magna como la de 1917. La reforma indígena se diluyó en el Congreso y el tema de la tierra quedó pendiente. Aunque el gobierno redujo las concesiones mineras, no revirtió la contrarreforma agraria de los años noventa ni prohibió prácticas como el fracking.

Más que una transformación, la 4T es una actualización del viejo sistema con nuevos símbolos. Las revoluciones no se decretan: surgen desde abajo. Ningún partido puede monopolizar el impulso popular ni institucionalizar por completo las resistencias sociales. Lo que hoy vivimos, más que una cuarta transformación, es la larga resaca de la tercera.

Con 335 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, el cual fue turnado al Senado de la República para su análisis constitucional.

Las modificaciones más relevantes incluyen la eliminación de la fracción X del artículo 124, que consideraba imprudente el recurso de revocación cuando el contribuyente desconociera el acto ocurrido. Además, se determinó que las obligaciones de las plataformas digitales para compartir información con la autoridad fiscal entrarán en vigor el 1 de abril de 2026.

Diputados de Morena, PT, PRI y PAN expresaron posturas encontradas. Mientras el bloque oficialista defendió que las reformas fortalecen la transparencia y combaten la evasión, la oposición criticó la premura en el proceso legislativo y alertó sobre posibles afectaciones a los derechos de defensa de los contribuyentes.

Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención el dictamen a la minuta que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El documento modifica la propuesta del Senado al establecer que los asuntos en trámite continuarán bajo las disposiciones vigentes al inicio del proceso, eliminando la redacción que implicaba retroactividad. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que la reforma busca modernizar el juicio de amparo y agilizar la impartición de justicia sin vulnerar derechos.

Durante la sesión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC fijaron posturas encontradas. Mientras el oficialismo defendió la actualización del sistema jurídico, la oposición advirtió que la reforma limita la defensa ciudadana frente al poder público.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Comisión Jurisdiccional, informó que la próxima semana se convocará a sesión de la Sección Instructora para continuar con el análisis del caso del senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Señaló que se aprobará documentación fundamental para desahogar la solicitud de procedencia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.

Flores precisó que actualmente la Sección Instructora sólo tiene este asunto en trámite, por lo que los trabajos se concentrarán en revisar las carpetas de investigación y avanzar conforme al procedimiento establecido. Subrayó que se busca garantizar un proceso transparente y apegado a la legalidad.

En otro tema, el legislador aclaró que sus declaraciones recientes sobre el crimen organizado fueron sacadas de contexto. “No hay un narcogobierno, pero sí una narcosociedad que ha normalizado la violencia y la apología del delito”, señaló al referirse al impacto cultural de esta problemática.}

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó a Morena de negarse a asumir su responsabilidad en la crisis del sistema de salud, marcada por el desabasto de medicamentos y deudas millonarias con farmacéuticas. Señaló que el gobierno federal mantiene adeudos superiores a 5 mil millones de pesos derivados de contratos con el desaparecido Insabi, incumplidos en su entrega por falta de logística en el sector.

Añorve criticó que, pese a reconocer los pasivos, la administración de Claudia Sheinbaum exija cumplimiento a las farmacéuticas bajo amenaza de inhabilitación. Afirmó que Morena hereda el colapso del sistema generado por el sexenio de López Obrador, con medidas fallidas como la desaparición del Seguro Popular, la creación del Insabi, la mega farmacia de Huehuetoca y las compras consolidadas de fármacos, que calificó como farsas costosas para la población.

El priista llamó al oficialismo a dejar la simulación y diseñar políticas públicas efectivas para garantizar la distribución de medicamentos. El señalamiento reabre el debate sobre la capacidad del gobierno para corregir errores estructurales y recuperar un sector golpeado por decisiones improvisadas. La reflexión es contundente: ¿podrá Morena corregir lo que el propio obradorismo fracturó en nombre de la transformación?

La Cámara de Diputados avaló, con 348 votos a favor y 98 en contra, la reforma que otorga al Senado y a la Comisión Permanente la facultad de ratificar los nombramientos de mandos superiores de la Guardia Nacional propuestos por la Presidencia. La modificación a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca armonizar el marco legal tras la incorporación del cuerpo a la Sedena en 2024 e incluye un lenguaje de género incluyente.

Durante el debate, la oposición criticó el dictamen. El PAN señaló que la medida se da en un contexto marcado por escándalos de corrupción y acusó que la militarización de aduanas en 2020 convirtió la corrupción en un esquema institucionalizado. El PRI, por su parte, denunció que las reformas se aprueban “al vapor”, sin análisis profundo, lo que podría generar consecuencias negativas para el país.

La discusión refleja tensiones en torno a la consolidación de la Guardia Nacional como parte de la estrategia de seguridad. Mientras la mayoría oficialista defiende que el control militar fortalece la disciplina, la oposición advierte sobre riesgos de centralización y falta de contrapesos. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿esta reforma robustece la seguridad nacional o profundiza los vacíos legales en la rendición de cuentas?