Las recientes acciones de Estados Unidos en Irak y Venezuela revelan un patrón cada vez más nítido: el uso del petróleo y de la arquitectura financiera global como instrumentos de coerción en la rivalidad estratégica con China e Irán. Lo ocurrido en Bagdad y en Caracas no responde a crisis aisladas, sino a una estrategia que emplea el control sobre los flujos petroleros y los mecanismos de pago en dólares para influir en gobiernos, alterar alianzas y condicionar la capacidad de maniobra de actores adversarios.

En Irak, Washington ha advertido que podría restringir el acceso del gobierno a sus ingresos petroleros, un recurso del que depende casi noventa por ciento del presupuesto nacional. Las amenazas surgieron tras el avance electoral de figuras vinculadas a milicias respaldadas por Irán, incluido Adnan Faihan, quien obtuvo la primera vicepresidencia del Parlamento. El origen de esta vulnerabilidad se remonta a 2003, cuando la Autoridad Provisional de la Coalición colocó los ingresos petroleros iraquíes bajo administración en la Reserva Federal de Nueva York. Lo que alguna vez fue un mecanismo de protección se ha convertido en un punto crítico de control que permite a Washington influir directamente en la formación de gobierno y en el equilibrio geopolítico entre Irak, Irán y Estados Unidos.

El caso venezolano muestra una dinámica aún más explícita. Tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención estadounidense sobre las exportaciones petroleras, Washington ha interrumpido los envíos de crudo destinados a pagar la deuda venezolana con China. Los ingresos se canalizan ahora hacia una cuenta en Qatar administrada bajo supervisión estadounidense, lo que reordena la prioridad de acreedores y limita la continuidad de los acuerdos de petróleo por deuda. Este movimiento no busca acceso energético, dado que Estados Unidos es hoy el mayor productor mundial de crudo; su objetivo es restringir la capacidad de Beijing para expandir su arquitectura crediticia en el Sur Global y, con ello, moderar la influencia económica y política china en América Latina.

Ambos casos comparten un elemento estructural: la centralidad del dólar como columna vertebral del comercio energético. La capacidad de Washington para redirigir pagos, bloquear transferencias y condicionar exportaciones le otorga una influencia que trasciende a los países involucrados. Para China, se trata de un recordatorio de que sus mecanismos de financiamiento respaldados por recursos naturales pueden verse vulnerados por decisiones tomadas fuera de su control. Para los países del Sur Global, es una señal de que la búsqueda de autonomía financiera y energética requiere nuevas redes de protección frente a formas sofisticadas de coerción económica.

La geoeconomía del petróleo confirma así que la competencia entre grandes potencias se libra menos en el terreno militar que en el control de flujos: de energía, de divisas, de deuda. Irak y Venezuela ilustran cómo esos flujos se han convertido en herramientas para moldear comportamientos estatales, disciplinar alianzas y sostener jerarquías monetarias en un sistema internacional crecientemente fragmentado.

El debate sobre el “fin del petróleo” ha estado marcado por proyecciones optimistas que no siempre coinciden con la realidad. Durante años, organismos internacionales insistieron en que la adopción de vehículos eléctricos reduciría de manera drástica la demanda de hidrocarburos. Sin embargo, el consumo absoluto de petróleo y gas ha seguido creciendo. La Agencia Internacional de la Energía, que hasta hace poco repetía escenarios basados en promesas y no en hechos, publicó en 2025 un escenario basado en políticas actuales: en él, la demanda global de petróleo no cae, sino que aumenta más allá de 2050.

La diferencia entre proporción y volumen total es clave para entender el fenómeno. Aunque el porcentaje del petróleo dentro del consumo mundial se ha reducido ligeramente, su uso absoluto creció 44% entre 2000 y 2024. Este aumento desmiente el discurso importado del Norte global que promovía abandonar la inversión en petróleo bajo el argumento de una supuesta inminente obsolescencia. Muchos países desarrollados continuaron expandiendo su producción mientras presionaban a economías en desarrollo para abandonar su sector energético, lo que hoy se interpreta como un intento de limitar su crecimiento y mantener control sobre las fuentes de energía.

El error central de aquella narrativa fue asumir que el futuro del petróleo dependía únicamente del transporte. Ignoró los usos estratégicos de mayor valor agregado: fertilizantes indispensables para la agricultura global y petroquímicos esenciales en plásticos, medicinas, fibras, detergentes y cauchos. Estos sectores seguirán impulsando la demanda global incluso con la expansión de los vehículos eléctricos, reflejando un mercado más complejo y menos predecible de lo que afirmaban los discursos oficialistas.

En este contexto, la política energética mexicana adquiere nueva relevancia. La consolidación de Pemex, la recuperación de la refinación y el relanzamiento de la producción de fertilizantes como áreas de seguridad nacional se alinean con un escenario energético donde el petróleo mantiene un papel estructural. Más que nostalgia por el pasado, la estrategia mexicana parece anticiparse a una realidad que la evidencia internacional confirma: el petróleo no desaparecerá pronto, y su control seguirá definiendo soberanía y desarrollo.

El gobierno de Estados Unidos alertó que cárteles mexicanos están enviando crudo robado a Texas, donde empresas estadounidenses lo refinan para luego reimportarlo a México como combustible aparentemente legal. Esta red, según la embajada en México, constituye una sofisticada forma de evasión fiscal que fortalece financieramente al crimen organizado.

El esquema inicia con el robo y traslado del petróleo a EU, seguido de su legalización mediante intermediarios y empresas fachada. Tras ser refinado, regresa al país mediante aduanas, documentos falsos y redes corruptas, hasta llegar al consumidor final, muchas veces sin conocimiento del origen ilícito del producto.

La embajada subrayó que esta operación ilegal no solo implica evasión de impuestos, sino que también alimenta la violencia y la corrupción en ambos países. Washington y Ciudad de México trabajan coordinadamente para frenar el llamado “huachicol fiscal”, una industria que ya mueve miles de millones de pesos.