La filial Gasolinas Bienestar, perteneciente a Pemex, rechazó entregar comprobantes de los pagos realizados por Cuba por la importación de combustibles, argumentando que no es sujeto obligado en materia de transparencia. Entre 2023 y 2025 se enviaron hasta 23 mil barriles diarios, con un valor de mil 300 millones de dólares, cifra que representa el 3.3% de las exportaciones totales de la petrolera.

Frente a esta opacidad, el empresario Ricardo Salinas Pliego acusó en redes sociales al gobierno federal de financiar al régimen cubano con recursos públicos, asegurando que “se roba el dinero público para apoyar a un régimen dictatorial”. También insinuó que parte de esos fondos podrían beneficiar a Morena, calificando el esquema como un “negocio redondo”.

La polémica refleja la tensión entre el derecho ciudadano a conocer el destino de los recursos públicos y el blindaje legal que utilizan algunas filiales estatales. La falta de claridad en operaciones de esta magnitud abre un debate urgente sobre transparencia, rendición de cuentas y los límites de la cooperación internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que en 2026 Pemex enfrentará vencimientos de deuda por 250 mil millones de pesos, equivalentes a más de tres veces el costo del AIFA. Señaló que 46% de los pasivos heredados vencen entre 2025 y 2026, lo que presiona el presupuesto federal y obliga a destinar recursos al rescate de la petrolera.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que 43% del saldo histórico de la deuda de Pemex se concentra en esta administración, por lo que el plan busca estabilizar a la empresa hacia 2027. Sheinbaum atribuyó la crisis a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, que elevaron los pasivos hasta 113 mil millones de dólares, mientras caía la producción de crudo y petroquímica.

Aunque el Ejecutivo resalta el carácter social del paquete presupuestal, el peso de Pemex sigue marcando la agenda financiera nacional. El reto será equilibrar el rescate energético con la promesa de mantener programas sociales, inversión pública y disciplina fiscal.

Durante la mañanera, se aclaró que la Secretaría de Energía no reconoce a Gasolineros Unidos por México, agrupación que denunció sobrerregulación y presuntas extorsiones por parte de funcionarios del sector energético y delegados de la Fiscalía General de la República. Se subrayó que su gobierno mantiene reuniones periódicas solo con los principales empresarios gasolineros para reducir trámites y garantizar que no suba el precio de los combustibles.

La organización publicó un desplegado en el periódico Reforma donde acusó sanciones desproporcionadas y un clima de incertidumbre jurídica que —asegura— se intensificó desde el sexenio pasado. En su mensaje, pidió abrir un canal de diálogo directo con el Ejecutivo para cumplir con las promesas de simplificación administrativa y mejorar las condiciones del sector.

El reclamo incluyó la solicitud de investigar a funcionarios señalados por extorsión y de atender la situación financiera de Pemex. El contraste entre la postura oficial y las denuncias empresariales revela un creciente desencuentro en torno a la regulación energética, donde la transparencia y el combate a la corrupción se mantienen como pendientes.

Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue detenido en Estados Unidos por acusaciones de corrupción vinculadas al caso Odebrecht. La Fiscalía General de la República lo señala por recibir sobornos millonarios a cambio de favorecer contratos durante su gestión en la empresa estatal.

El arresto se realizó en Texas, donde autoridades estadounidenses actuaron en coordinación con el gobierno mexicano. Treviño enfrentará un proceso de extradición, ya que cuenta con orden de aprehensión en México por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este caso reaviva las críticas sobre la persistencia de redes de corrupción en el sector energético. Sin mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, la confianza en las instituciones seguirá erosionándose frente a escándalos que involucran a figuras de alto nivel.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos para obtener contratos millonarios. Según la investigación, los pagos ilegales se realizaron a través de empresas fachada y cuentas en el extranjero.

Las autoridades estadounidenses señalaron que los implicados enfrentan cargos por conspiración y lavado de dinero, con posibles penas de prisión y multas significativas. El caso también involucra transferencias que, presuntamente, beneficiaron a directivos de alto nivel en la paraestatal.

Este nuevo episodio de corrupción revive cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de Pemex. Sin mecanismos eficaces de control y sanción, los recursos públicos seguirán expuestos a intereses privados que lucran con la energía del país.

Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Pemex de “B+” a “BB-”, tras recibir un nuevo respaldo financiero del gobierno federal. La medida incluye la amortización anticipada de deuda por 94 mil millones de pesos, así como una capitalización adicional que permitió aliviar temporalmente la presión sobre sus pasivos. El ajuste mejora ligeramente su reputación ante inversionistas.

Sin embargo, la agencia advirtió que la petrolera sigue siendo altamente vulnerable por su bajo flujo operativo y su elevada carga fiscal. A pesar del impulso, Pemex mantiene una perspectiva negativa, y el riesgo de impago sigue latente si no se concretan cambios estructurales. La sostenibilidad de la empresa depende aún más del presupuesto público.

Mientras tanto, el gobierno insiste en rescatar un modelo energético que acumula pérdidas y compromete recursos públicos. ¿Hasta cuándo costará sostener una empresa que no logra autosuficiencia ni rentabilidad?

El gobierno federal enfrenta una presión financiera creciente por la deuda de Pemex, quien debe pagar más de medio billón de pesos antes de marzo de 2026. Aunque el pasivo es de la petrolera, si ésta no cumple, Hacienda deberá absorber el golpe emitiendo más deuda pública. La operación más reciente, vía el fideicomiso Eagle Funding, busca colocar entre 7 y 10 mil millones de dólares para ganar tiempo.

El costo de estos rescates ya es evidente: de 2018 a 2025 la deuda del gobierno federal creció 7.6 billones de pesos, en buena parte por los apoyos a Pemex. La deuda pública pasó del 33.5% al 45% del PIB. Expertos advierten que el esquema es insostenible y pone en riesgo la estabilidad fiscal del país.

Aunque se han reducido impuestos a Pemex y transferido fondos especiales, Hacienda admite que esas medidas son paliativas. Pemex sigue sin generar los recursos que necesita.

La Coparmex advirtió que miles de pequeñas y medianas empresas enfrentan una “severa crisis financiera” por el adeudo que Petróleos Mexicanos mantiene con proveedores. Aunque se han pagado 147 mil millones de pesos, aún quedan pendientes más de 250 mil millones.

La deuda total con proveedores alcanzó 404 mil millones de pesos al cierre de marzo. Según la Coparmex, varias pymes han reducido personal, cancelado operaciones o cerrado por falta de pagos. Los estados más afectados son Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Ciudad del Carmen, entre otros.

La organización empresarial pidió transparencia en los adeudos y urgió a establecer un calendario de pagos. Advirtió que Pemex no puede fortalecerse a costa del ecosistema empresarial que la ha respaldado por décadas, y denunció presuntas presiones indebidas al interior de la paraestatal para liberar pagos legítimos.

Tras el decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno no protegerá a nadie, incluidos funcionarios o empresarios vinculados al llamado “huachicol fiscal”. Afirmó que el delito persiste, aunque hubo avances en el sexenio anterior, y que se trabaja “con unidad y discreción” para desmantelar las redes.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó que el operativo está ligado a la incautación de un buque en marzo. Detalló que ya se han girado y ejecutado órdenes de aprehensión, y que las investigaciones podrían alcanzar a servidores públicos.

Además, el gobierno prepara un sistema de trazabilidad para pipas y ferrotanques con códigos QR, en coordinación con Pemex, Sener y el SAT. La pregunta persiste: ¿serán estas acciones suficientes para romper una red que opera desde hace años con protección institucional?

Con más de 120 mil millones de dólares en pasivos acumulados, Pemex se mantiene como la petrolera más endeudada del mundo. La administración de Claudia Sheinbaum ha anunciado un plan urgente para refinanciar parte de esa carga mediante créditos internacionales y esquemas de factoraje. El objetivo inmediato es cubrir adeudos con proveedores, estimados en 20 mil millones de dólares.

La estrategia incluye negociaciones con el Banco Mundial, bancos comerciales y organismos multilaterales, además de una reestructura operativa interna. Esto contempla la reducción de filiales, ajustes administrativos y la implementación de un nuevo régimen fiscal, con el que se busca ahorrar hasta 50 mil millones de pesos. El gobierno busca, además, evitar un colapso de flujo en la cadena de suministro de Pemex.

Esta intervención financiera se perfila como el primer paso de una hoja de ruta más amplia que se extiende hasta 2040. La meta, según la presidencia, es transformar a Pemex en una empresa eficiente, viable y alineada con los nuevos modelos energéticos. Sin embargo, especialistas advierten que el tiempo juega en contra y que el respaldo gubernamental no puede ser indefinido.

Pemex ha sido históricamente una empresa clave para las finanzas públicas mexicanas, pero su peso también ha sido una carga. Esta nueva etapa de rescate no solo es una maniobra económica: es una apuesta política de largo plazo que definirá buena parte del sexenio entrante.