La ofensiva retórica del PRI y del PAN contra el Gobierno de la Cuarta Transformación ha escalado a niveles que rozan la caricatura. Acusaciones de autoritarismo, corrupción o incluso vínculos criminales emergen ahora de quienes edificaron su poder histórico precisamente sobre esas prácticas. El fenómeno exhibe un viejo mecanismo psicológico –la proyección– trasladado directamente al terreno político: atribuir al adversario las propias miserias para evitar asumirlas y, de paso, erosionar su legitimidad ante el electorado.

La estrategia se sostiene en la desinformación, que permite reescribir la memoria pública y borrar responsabilidades históricas. Así, los priístas proclaman que “construyeron el país” que en realidad se desarrolló a pesar de ellos, mientras los panistas adjudican a Vicente Fox la paternidad de los programas sociales que hoy intentan desmantelar. Esta reapropiación de méritos acompaña la campaña de injurias que circula en redes y medios, donde los ataques buscan sustituir el debate por el escándalo y la discusión argumentada por insultos multiplicados.

En ese terreno se articula la influencia de la ultraderecha internacional, cuyos discursos misóginos, clasistas y xenófobos han sido acogidos con entusiasmo por la reacción local. Frases como “basura inmigrante” o “zurdos de mierda” ya forman parte del repertorio opositor, alimentado por figuras como Salinas Pliego, Lilly Téllez o Alejandro Moreno, que replican el estilo estridente de Trump y Milei para amplificar su presencia mediática.

La apuesta es clara: desplazar la política y colonizar el espacio público con odio, burla y desprecio. Su eficacia no reside en convencer, sino en contaminar, provocando que otros actores respondan en el mismo tono. Si la disputa pública se reduce al intercambio de improperios, la ultraderecha habrá logrado su objetivo: vaciar la política de contenido y convertirla en un espectáculo de violencia verbal.

La derecha mexicana atraviesa una larga fase de desgaste electoral y organizativo que comenzó en 2015 y se ha profundizado con el avance de Morena. La pérdida sostenida de votos, cargos públicos y capacidad de articulación ha dejado al PAN, al PRI y a Movimiento Ciudadano sin un mensaje capaz de competir con el proyecto oficialista. Sus dirigencias no logran formular un discurso coherente ni reconstruir alianzas sociales, lo que alimenta la percepción de una etapa crepuscular en su influencia nacional.

Esa falta de rumbo se manifiesta con especial claridad en torno al tema de la seguridad, eje que la derecha intenta posicionar como bandera central desde hace dos décadas. Aunque lo ha utilizado para confrontar a gobiernos progresistas, sus propios gobiernos estatales y federales evitaron asumir responsabilidades durante los periodos de mayor violencia. Esta incongruencia debilita su narrativa y dificulta conectar con una ciudadanía que demanda respuestas duraderas, no consignas de ocasión planteadas en momentos de disputa política.

La marcha del 15 de noviembre ilustra ese desorden estratégico. Convocada bajo el emblema de “Generación Z”, mezcló contingentes opositores tradicionales con grupos que luego arremetieron contra vallas policiacas en el Zócalo. La ausencia de un templete y la decisión de convertir la confrontación en acto central mostraron una protesta sin conducción política clara y con objetivos difusos. El saldo fue de decenas de policías lesionados y manifestantes detenidos, alimentando el debate sobre tácticas y responsabilidad.

El episodio plantea una pregunta de fondo: ¿está la derecha dispuesta a reemplazar la disputa democrática por un recurso basado en la provocación y el choque? Su crisis actual no reside solo en la caída electoral, sino en la pérdida de una narrativa capaz de ordenar sus acciones. En un escenario donde Morena mantiene hegemonía y la oposición carece de proyecto, la definición de sus próximos pasos determinará si puede reconstruirse o profundizar su deterioro.

La presencia de Edson Saúl Andrade Lemus como uno de los principales convocantes de la marcha atribuida a la generación Z modificó la lectura inicial del evento. Documentos oficiales confirman que trabaja para el PAN de la Ciudad de México y recibe pagos del Congreso capitalino por manejar redes sociales de diputadas del blanquiazul. Su perfil profesional desmonta la idea de una convocatoria juvenil espontánea y apunta a una movilización impulsada desde estructuras partidistas.

Entre 2021 y 2024, Andrade acumuló contratos por más de 647 mil pesos, además de un convenio vigente por el que cobró más de 250 mil pesos en los primeros meses de 2025. Fuentes internas señalan que operaba una red de bots destinada a incrementar artificialmente el alcance digital de legisladoras. Fotografías y registros públicos lo muestran acompañando a figuras panistas en informes legislativos, actividades de Acción Juvenil y actos de campaña, incluidas las del exalcalde Santiago Taboada.

La dirigencia nacional del PAN admitió que Andrade mantiene contratos con el partido, aunque negó relación con la marcha del 15 de noviembre. Morena difundió información adicional sobre pagos superiores a dos millones de pesos anuales por servicios de estrategia digital, lo que amplió el debate sobre financiamiento, operación y coordinación política dentro del blanquiazul. Estos datos fortalecen la percepción de una intervención organizada y no de un llamado ciudadano aislado.

El caso abre una discusión más amplia sobre el uso de recursos públicos, la manipulación del entorno digital y la apropiación de identidades generacionales para fines partidistas. También evidencia la influencia creciente de operadores profesionales en la disputa política de la capital. Para una ciudadanía que consume información a gran velocidad, la opacidad en estas operaciones exige nuevas reglas de transparencia y monitoreo.

Con 454 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a los artículos 72 y 73 de la Ley General de Salud para fortalecer los servicios de atención a la salud mental. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación.

La propuesta establece que los programas y servicios en la materia deberán tener un enfoque comunitario, integral, intercultural e interdisciplinario, con perspectiva de género y atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes. Además, plantea una estrategia nacional para prevenir el suicidio y atender a los grupos con mayor riesgo.

Durante la discusión, la diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN) destacó que “la salud mental es una herida invisible que no sangra, pero duele”. Subrayó que la iniciativa representa un paso histórico hacia una política pública que priorice la prevención, el acceso equitativo y la atención digna para todas las personas.

El diputado Ricardo Monreal Ávila informó que solicitará, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), posponer la discusión y aprobación del dictamen sobre revocación de mandato para los próximos días, con el fin de ampliar el debate entre los grupos parlamentarios.

Monreal explicó que ha dialogado con coordinadores del PAN, PRI, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, quienes pidieron más tiempo para analizar la propuesta y evitar un proceso precipitado. “Si nos asiste la razón histórica, moral y política, no hay por qué apresurar un tema tan importante”, señaló.

El legislador adelantó que se consultará también al autor de la iniciativa, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, y que la Comisión de Puntos Constitucionales decidirá si realiza un parlamento abierto. Aclaró que el aplazamiento no significa congelar la reforma y reiteró que Morena actuará conforme al interés del país.

Con 335 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, el cual fue turnado al Senado de la República para su análisis constitucional.

Las modificaciones más relevantes incluyen la eliminación de la fracción X del artículo 124, que consideraba imprudente el recurso de revocación cuando el contribuyente desconociera el acto ocurrido. Además, se determinó que las obligaciones de las plataformas digitales para compartir información con la autoridad fiscal entrarán en vigor el 1 de abril de 2026.

Diputados de Morena, PT, PRI y PAN expresaron posturas encontradas. Mientras el bloque oficialista defendió que las reformas fortalecen la transparencia y combaten la evasión, la oposición criticó la premura en el proceso legislativo y alertó sobre posibles afectaciones a los derechos de defensa de los contribuyentes.

Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención el dictamen a la minuta que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El documento modifica la propuesta del Senado al establecer que los asuntos en trámite continuarán bajo las disposiciones vigentes al inicio del proceso, eliminando la redacción que implicaba retroactividad. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que la reforma busca modernizar el juicio de amparo y agilizar la impartición de justicia sin vulnerar derechos.

Durante la sesión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC fijaron posturas encontradas. Mientras el oficialismo defendió la actualización del sistema jurídico, la oposición advirtió que la reforma limita la defensa ciudadana frente al poder público.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por presuntos actos de promoción indebida durante su concentración en el Zócalo capitalino y en diversas entidades.

El órgano resolvió que se trata de un “acto consumado de manera irreparable”, por lo que no proceden medidas cautelares. En cuanto a los eventos estatales, determinó que se trata de “hechos futuros de realización incierta”. Además, señaló que la documentación presentada no demuestra relación directa entre los actos y la promoción del informe de gobierno.

El INE precisó que el posible uso indebido de recursos públicos deberá ser analizado por el Tribunal Electoral. En otro tema, partidos locales exigieron equidad presupuestal y representación en el Consejo General, al señalar que los partidos nacionales operan con “doble prerrogativa” en los estados.

La Cámara de Diputados avaló, con 348 votos a favor y 98 en contra, la reforma que otorga al Senado y a la Comisión Permanente la facultad de ratificar los nombramientos de mandos superiores de la Guardia Nacional propuestos por la Presidencia. La modificación a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca armonizar el marco legal tras la incorporación del cuerpo a la Sedena en 2024 e incluye un lenguaje de género incluyente.

Durante el debate, la oposición criticó el dictamen. El PAN señaló que la medida se da en un contexto marcado por escándalos de corrupción y acusó que la militarización de aduanas en 2020 convirtió la corrupción en un esquema institucionalizado. El PRI, por su parte, denunció que las reformas se aprueban “al vapor”, sin análisis profundo, lo que podría generar consecuencias negativas para el país.

La discusión refleja tensiones en torno a la consolidación de la Guardia Nacional como parte de la estrategia de seguridad. Mientras la mayoría oficialista defiende que el control militar fortalece la disciplina, la oposición advierte sobre riesgos de centralización y falta de contrapesos. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿esta reforma robustece la seguridad nacional o profundiza los vacíos legales en la rendición de cuentas?

La Cámara de Diputados mantendrá en funciones a la actual mesa directiva hasta el 5 de septiembre, luego de que Morena y el PAN no alcanzaran consenso para la renovación del órgano. De esta manera, Sergio Gutiérrez Luna continuará como presidente y será quien reciba el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El acuerdo, aprobado en cinco minutos por el pleno, garantiza la continuidad institucional y se apega a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso. Mientras tanto, Acción Nacional propuso a Kenia López Rabadán, Germán Martínez, Federico Döring y Margarita Zavala como perfiles para encabezar la próxima mesa, lo que deberá resolverse en los siguientes días.

El desacuerdo radica en la resistencia del bloque duro de Morena, que considera inaceptables las propuestas panistas por su postura crítica frente a las iniciativas del oficialismo. Aunque se espera un acuerdo, el diferendo refleja la fragilidad de los consensos y anticipa tensiones en la conducción de la Cámara baja.