El arranque del periodo de sesiones en San Lázaro se tornó tenso tras la protesta de legisladores del PRI que interrumpieron la sesión con sirenas y pancartas. En ese contexto, Gerardo Fernández Noroña reclamó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por haber concedido la palabra a Alejandro “Alito” Moreno, a quien acusó de “reventar” la asamblea.

El senador morenista señaló que premiar esas actitudes sienta un “grave precedente” y criticó la conducción de Gutiérrez Luna como débil e imparcial. El diputado respondió que la decisión se tomó para dar continuidad a la sesión y escuchar a los coordinadores.

Este episodio refleja la fragilidad de los acuerdos en el Congreso, donde la confrontación política escala con facilidad a descalificaciones personales. La falta de reglas claras para enfrentar actos de provocación abre un riesgo de ingobernabilidad legislativa que debilita al propio Congreso.

Gerardo Fernández Noroña y Ciro Gómez Leyva protagonizaron un nuevo enfrentamiento público. El senador de Morena reclamó al periodista su falta de solidaridad tras la agresión que recibió por parte de Alejandro Moreno en la Comisión Permanente. Recordó que, en su momento, condenó el atentado armado contra el comunicador en 2022, cuando recibió disparos en su camioneta.

Gómez Leyva respondió que pensó que aquella condena era un gesto sincero y no “una inversión”. Aclaró que lo ocurrido con Noroña fueron empujones, mientras que lo suyo fueron “nueve balazos”. El intercambio se dio en medio de los cuestionamientos hacia el legislador por sus propiedades y viajes, que han abierto debates sobre el estilo de vida de algunos representantes públicos.

El episodio refleja cómo las disputas personales entre políticos y periodistas terminan desplazando discusiones de fondo sobre violencia e impunidad. La confrontación pública, más que fortalecer la rendición de cuentas, en ocasiones erosiona la confianza ciudadana y reduce la seriedad de los temas que deberían ocupar la agenda nacional.

El PRI pidió que la Contraloría del Senado y la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena investiguen los supuestos “donativos” recibidos por Gerardo Fernández Noroña, así como la adquisición de propiedades y autos de lujo que, afirman, rebasan su sueldo legislativo. Según el representante priista Emilio Suárez, la ley prohíbe a los servidores públicos aceptar dádivas y obliga a reportar su origen y carga fiscal.

La bancada priista advirtió que los órganos internos no han actuado con imparcialidad, pero insistió en la necesidad de transparentar el caso. Morena respondió en el INE defendiendo a Noroña y acusando al líder priista Alejandro Moreno de “delincuente con fuero” y de usar la violencia como recurso político.

La confrontación revela cómo el debate sobre austeridad y ética en la función pública se ha convertido en arma de desgaste político. La pregunta pendiente es si este caso abrirá realmente una investigación seria o quedará reducido a un intercambio de acusaciones.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, solicitó a la Secretaría de Gobernación ser integrado al mecanismo de protección tras afirmar que recibió amenazas de Gerardo Fernández Noroña y su colaborador Emiliano González. El priista señaló además que legisladores como Manuel Añorve, Rubén Moreira y Pablo Angulo también han sido intimidados, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

En redes sociales, Moreno aseguró que no dará un paso atrás y acusó al Estado de ejercer persecución contra la oposición. Presentó cargos por amenazas y lesiones contra Noroña, a quien calificó de “corrupto y cobarde”, mientras afirmó que el PRI seguirá defendiendo la democracia.

El episodio recrudece la confrontación política en el Congreso y expone cómo las diferencias parlamentarias se trasladan al terreno judicial. En lugar de abrir diálogo, los protagonistas refuerzan la polarización. ¿Hasta dónde se tensará la cuerda antes de que se apueste por la política como vía de civilidad?

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Lilly Téllez acusó a Gerardo Fernández Noroña de ser aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, calificándolo de “traidor”. El presidente del Senado respondió de inmediato señalando que “la única traidora es usted”, en un intercambio que tensó el debate parlamentario mientras se discutía la recepción de una delegación brasileña.

Más tarde, en conferencia de prensa, Fernández Noroña defendió su postura al advertir que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela sería “gravísima” y contraria a los principios de soberanía. Subrayó que corresponde únicamente al pueblo venezolano decidir su destino político, reiterando el rechazo histórico de México a toda forma de intervención extranjera.

El choque entre Téllez y Noroña refleja cómo la política exterior se convierte en campo de disputa interna. Entre acusaciones de traición y llamados a la soberanía, la confrontación exhibe la fragilidad del debate político mexicano ante escenarios internacionales complejos.

En su informe como presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña calificó la reforma judicial como una “hazaña histórica”, al destacar que México es el primer país en elegir por voto universal a todas las personas juzgadoras. Sin embargo, alertó sobre el “ascenso del fascismo” y el “supremacismo blanco” tanto en el mundo como en el país.

Durante el acto, realizado en la antigua sede de Xicoténcatl, ironizó sobre las críticas a la austeridad al presentarse con traje y ofrecer un concierto de música barroca. Defendió que el gasto público debe ser austero, pero sin caer en extremos que limiten las actividades institucionales.

Ante una asistencia limitada de su bancada y funcionarios, Noroña instó a su movimiento a no reproducir las prácticas que combate, advirtiendo que el racismo y el clasismo siguen presentes y pueden amenazar los avances alcanzados.

Gerardo Fernández Noroña criticó el llamado de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que funcionarios y legisladores eviten vestir con ropa lujosa. El diputado federal sostuvo que la “justa medianía” debe entenderse como vivir con lo que cada quien puede pagar de su ingreso legítimo.

Noroña señaló que no comparte la idea de imponer códigos de apariencia y que el verdadero problema radica en el origen del dinero, no en su uso personal. Recalcó que la austeridad republicana no debe confundirse con restricciones a la individualidad.

El debate revive la tensión sobre cómo debe ejercerse el gasto entre servidores públicos en un país con desigualdad marcada. ¿Es la imagen un símbolo de coherencia política o solo una distracción frente a problemas más urgentes?

Morena evitó que se discutiera en el Congreso el caso de Hernán Bermúdez Requena, exjefe policiaco acusado de liderar una célula del CJNG en Tabasco, y nombrado por Adán Augusto López durante su gestión como gobernador. Aunque la oposición intentó incluir el tema en la agenda política, la mayoría oficialista y sus aliados bloquearon todo intento de debate.

Mientras el Senado esquivaba el tema, el gabinete de seguridad de Sheinbaum anunciaba la captura de Ulises “N”, alias El Pinto, considerado el número dos de La Barredora. Su detención refuerza los vínculos del grupo con la estructura que lideró Bermúdez y pone presión sobre el actual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto, quien sigue sin pronunciarse.

El senador apareció brevemente en el pleno, acompañado de muestras de respaldo de su bancada. Tras intercambiar palabras con Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, la posibilidad de debatir públicamente el tema quedó sepultada. López abandonó el recinto por una puerta lateral, sin dar declaraciones a la prensa.

Con esta estrategia, Morena ha evitado por ahora una crisis política mayor, pero la creciente presión pública y los avances de las autoridades federales contra La Barredora podrían volver insostenible el silencio. El caso pone a prueba el discurso de regeneración y legalidad de la 4T ante uno de sus cuadros más cercanos.