La red de corrupción revelada por el caso Pegasus confirma una verdad que incomoda: el Estado mexicano ha utilizado tecnologías de espionaje para vigilar a quienes denuncian abusos del poder. Durante el sexenio de Peña Nieto y bajo su supuesta dirección, el malware Pegasus fue empleado para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas e incluso funcionarios.

Organizaciones como ARTICLE 19, R3D y SocialTIC han exigido una investigación independiente, exhaustiva y pública sobre estos hechos. Señalan que el software espía fue utilizado no solo en el gobierno de Peña Nieto, sino también durante el actual sexenio por el Ejército mexicano. Denuncian que se espió a defensoras de derechos humanos y periodistas, y que estas prácticas han sido normalizadas y encubiertas por instituciones civiles y militares. Exigen justicia, transparencia y garantías de no repetición.

El escándalo no se limita al pasado. Investigaciones recientes documentan que el Ejército mexicano continuó usando Pegasus en 2019 para espiar a voces críticas, mientras las empresas implicadas seguían operando bajo la misma lógica: control, silencio y beneficio privado. Hoy, con nuevas leyes que amplían la vigilancia estatal sin controles efectivos, el riesgo democrático se profundiza.

Pero el espionaje no es un fenómeno aislado. Se inserta en una estructura más amplia de poder: la del narco como extensión informal del Estado y del capitalismo. Bajo una estética de rebeldía y cultura popular, el narcotráfico opera como una fuerza de control empresarial, necropolítica y extractiva. No libera territorios, los monetiza. No desafía al poder, lo imita y lo sirve.

Confundir folclore con resistencia es funcional al sistema. El narco, como el espionaje ilegal, no es enemigo del orden: es su reflejo más brutal. Donde el Estado no quiere aparecer, subcontrata violencia. Donde la ley se retira, manda la lógica del capital armado. Lo llamamos crimen, pero es estructura. Y el silencio institucional es parte del guion.