La Comisión Permanente del Congreso vivió una tensa jornada mientras Morena defendía a su coordinador, el senador Adán Augusto López Hernández. La oposición demandó que se le investigue por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, a propuesta de Morena, no hubo debate en la sesión, limitándose a la presentación de iniciativas.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Permanente, calificó las acusaciones como un “golpeteo político”. Por su parte, la dirigencia nacional de Morena aclaró que el investigado es el exsecretario de Seguridad de Tabasco, no López Hernández, asegurando que para este último “nada tiene que aclarar”.

No obstante, líderes del PAN y PRI insistieron en la necesidad de una indagatoria, señalando que López Hernández designó al jefe de policía en 2019 pese a sospechas. Los senadores morenistas publicaron un documento de respaldo absoluto, calificando las acusaciones como una campaña de “difamación” para debilitar la 4T. Este episodio subraya las tensiones políticas y las acusaciones cruzadas.

Diputados de oposición acusaron que los Comités de Evaluación avalaron a candidatos judiciales con vínculos con el crimen organizado. Al menos 20 perfiles han sido señalados por nexos con narcotraficantes y delitos federales, lo que ha provocado preocupación entre legisladores y líderes religiosos.

El vicecoordinador de MC advirtió que la reforma judicial habilitó un mecanismo para colocar a perfiles a modo, incluso desde estructuras criminales. Por su parte, el PAN señaló que el nuevo sistema fue diseñado para favorecer a cercanos del Gobierno y de Morena, pero ahora se suma una amenaza mayor: la infiltración criminal.

Si bien la reforma promete justicia cercana y accesible, los nombres seleccionados muestran lo contrario. La elección del 1 de junio podría marcar el debilitamiento definitivo del Poder Judicial, que dejaría de responder a los ciudadanos para responder, primero, al poder político y, luego, al poder del crimen.