En un gesto que tensó aún más el clima legislativo, Ricardo Monreal defendió públicamente al priista Alejandro Moreno, cuestionando el intento de desafuero promovido por la Fiscalía de Campeche. Aunque dijo no coincidir con su estilo político, sostuvo que no existen bases jurídicas sólidas y que ningún actor debe ser juzgado por “venganzas” desde el poder.

El señalamiento llega mientras el Congreso discute si Moreno debe perder el fuero por presunto enriquecimiento ilícito. Desde Morena, el respaldo de Monreal generó sorpresa, pues marca distancia con los sectores duros del oficialismo y reaviva suspicacias sobre alianzas ocultas. Aun así, el senador insistió en defender el debido proceso.

Al amparo del discurso jurídico, se desliza una estrategia política más amplia: proteger a los aliados útiles, incluso si ya no lo parecen. Mientras tanto, la justicia queda atrapada entre cálculos partidistas y pactos de conveniencia que debilitan la credibilidad institucional.

Claudia Sheinbaum aseguró que la salida de Iberdrola fue una decisión empresarial tomada con el gobierno de López Obrador, sin intervención de su equipo de transición. Rechazó que se tratara de una imposición estatal y reiteró que su administración seguirá con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad.

La venta de 13 plantas por más de 6 mil millones de dólares puso bajo control público buena parte de la generación eléctrica que antes operaba la empresa española. Aunque Sheinbaum calificó la operación como un acuerdo legítimo, distintos analistas la han leído como una nacionalización indirecta del sector energético privado.

El discurso oficial busca transmitir confianza, pero los hechos muestran otra cara: incertidumbre jurídica, presión política y reglas cambiantes. Más que un retiro voluntario, la salida de Iberdrola parece la consecuencia lógica de un entorno donde el margen empresarial se ha ido reduciendo cada vez más.

El gobierno de Claudia Sheinbaum logró un superávit primario de 286 mil millones de pesos en el primer semestre del año, superando por mucho los resultados del sexenio de AMLO. Sin embargo, este ahorro se dio en parte gracias a un recorte de 55% al gasto en salud, en comparación con el mismo periodo de 2023.

Mientras en educación el gasto creció 4%, en salud se aplicó un ajuste drástico que afectó sobre todo al IMSS y al programa IMSS-Bienestar. También se redujeron los fondos para la Secretaría de Salud y el ISSSTE, lo cual ha generado preocupación entre especialistas.

Aunque la disciplina fiscal busca enviar buenas señales a los mercados, el costo social es evidente. ¿De qué sirve ahorrar si se debilitan los servicios públicos esenciales? El reto para Sheinbaum será demostrar que el “orden” no significa abandono.

Aunque Morena se ha presentado como el gran defensor del Estado, muchas de sus decisiones más relevantes han optado por esquemas privatizadores encubiertos. La concesión del Tren Maya a la Sedena, el manejo de aeropuertos por empresas militares y las figuras de fideicomisos opacos contradicen su discurso de soberanía y justicia social. En lugar de fortalecer lo público, se está configurando un nuevo tipo de actor: el Estado comercial sin contrapesos.

Carlos J. González plantea que estas decisiones no solo reproducen la lógica neoliberal de décadas anteriores, sino que la empeoran al disfrazarla de modelo nacionalista. A diferencia de las privatizaciones clásicas —con licitaciones, reguladores y rendición de cuentas—, estas nuevas formas concentran poder económico en estructuras cerradas que no responden ni al Congreso ni a la ciudadanía. Así, lo público termina siendo inaccesible y excluyente.

Además, hay ejemplos de asociaciones con privados en zonas industriales del Corredor Interoceánico, donde empresas como Talos Energy o CPKC Railway participan con total aval del gobierno. Aunque Morena asegura que el control permanece en manos del Estado, en los hechos hay cesión de operación, beneficio y gestión. Esto complica aún más la narrativa oficial que se dice contraria al despojo y al saqueo.

Morena parece atrapada entre el pragmatismo económico y la fidelidad ideológica. Pero mientras se resuelve esa contradicción, se fortalecen estructuras que combinan poder político y control económico sin reglas claras. ¿Estamos frente a una nueva versión del viejo sistema, ahora pintado de guinda?

La mayoría de Morena en la Comisión Permanente del Congreso volvió a rechazar este martes un punto de acuerdo propuesto por la oposición para debatir la operación “Barredora”. La estrategia, implementada por fuerzas federales en Chiapas y otros estados, ha sido señalada por posibles violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias.

Legisladores del PAN y PRI buscaban llamar a comparecer a autoridades de seguridad y exigir informes públicos sobre los resultados de esta operación, que ha sido poco transparente. Sin embargo, la bancada oficialista bloqueó la propuesta por tercera ocasión consecutiva, argumentando razones de procedimiento legislativo.

El bloqueo al debate impide la rendición de cuentas sobre un operativo que ha generado temor entre comunidades rurales. Si el Congreso no puede discutir el uso de la fuerza, ¿quién exigirá límites y transparencia en nombre de la ciudadanía?

La semana cerró con una nueva grieta en el discurso de “austeridad republicana” que Morena presume como sello de identidad. Fotos y videos de Andrés Manuel López Beltrán —hijo del expresidente— en un hotel de cinco estrellas en Tokio, así como de Ricardo Monreal desayunando en el exclusivo Rosewood Villa Magna de Madrid, reavivaron las denuncias de incongruencia interna. Los lineamientos éticos avalados en mayo exigen evitar primera clase, turismo de lujo y “signos de ostentación”. Sin embargo, los protagonistas de la llamada transformación decidieron vacacionar sin reparar en la imagen que proyectan a un electorado golpeado por la desigualdad.

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con un recordatorio público: “Tenemos responsabilidad política; el poder se ejerce con humildad”. Luisa María Alcalde, líder de Morena, justificó que los viajes “se pagan con recursos personales”, aunque admitió que exhibir lujos erosiona la credibilidad del movimiento. Para el politólogo Javier Rosiles, el problema no es salir del país, sino el contraste entre la narrativa de cercanía con “el pueblo” y los gastos que la mayoría no puede costear.

La oposición aprovechó el tropiezo. Legisladores del PAN y PRI acusaron “hipocresía” y señalaron que, mientras escasean medicinas y programas sociales sufren recortes, la élite guinda disfruta restaurantes donde una botella cuesta más que un salario anual. Analistas como José Antonio Crespo advierten que el episodio revela un populismo que habla de pobreza mientras consolida una nueva clase privilegiada.

El reto para Morena no es solo disciplinar a sus cuadros, sino demostrar que la austeridad es más que propaganda. De lo contrario, la frase “no somos iguales” podría convertirse en bumerán electoral en 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, una estrategia que ofrecerá asesoría jurídica gratuita, digna y efectiva para víctimas de violencia de género. Ante cientos de litigantes, Sheinbaum afirmó que el machismo, el racismo y el clasismo deben erradicarse, y defendió el derecho de las mujeres a expresarse, participar y vivir libres de violencia.

La red arrancó con 838 abogadas y crecerá con apoyo estatal. Quintana Roo fue el primero en sumarse. A través del número 079, opción 1, cualquier mujer podrá recibir orientación y denunciar. Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, anunció la creación de una defensoría especializada y del programa Siemprevivas, que recorrerá hogares para promover una cultura de prevención.

Sheinbaum subrayó que esta política forma parte del “segundo piso de la 4T” y que también se buscará visibilizar a las mujeres olvidadas por la historia, como Malintzin y otras heroínas nacionales.

El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que más del 80 % de los ingresos estatales dependen de transferencias federales, lo que impide a gobiernos locales actuar con soberanía fiscal. Desde la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, urgió una transformación profunda de las finanzas subnacionales para que estados y municipios puedan recaudar con justicia sin perder competitividad.

En 2024, el gasto federalizado representó el 83.1 % de los ingresos estatales, y apenas 14.9 % provinieron de fuentes propias. Ramírez Cuéllar señaló que uno de los mayores rezagos es el impuesto predial, cuya recaudación equivale apenas al 0.2 % del PIB, frente al 1.9 % promedio en países de la OCDE. Criticó el atraso en catastros y propuso modernizarlos para aumentar la recaudación.

También se propuso fortalecer el impuesto estatal sobre vehículos, con estrategias de homologación y colaboración intergubernamental. El legislador insistió: sin autonomía financiera no hay verdadero federalismo ni capacidad de respuesta ciudadana.

El caso Hernán Bermúdez Requena ya provoca fisuras en la bancada de Morena en el Senado. Aunque en un inicio se respaldó públicamente a Adán Augusto López, coordinador morenista y exgobernador de Tabasco, hoy varios senadores evitan posicionarse. El escándalo por los presuntos vínculos entre Bermúdez y el crimen organizado, sumado a la denuncia penal interpuesta por el PAN, ha generado una inquietud creciente.

Senadores como Lilia Valdez y Manuel Huerta han pedido deslindes y responsabilidad. Otros, como Félix Salgado, se mantienen a la espera. En contraste, Gerardo Fernández Noroña defendió a López, asegurando que no hay cargos formales. A pesar de la presión de la oposición, Morena evitó discutir el tema en la Comisión Permanente.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia y recalcó que solo da instrucciones a su gabinete. Aseguró que el poder debe ejercerse con humildad, en medio de las críticas por los viajes de legisladores oficialistas al extranjero.

Integrantes del Movimiento Nacional Voces del Pueblo 4T entregaron una carta en la sede nacional de Morena para exigir la renovación democrática de los comités estatales y municipales, cuya dirigencia ya concluyó su periodo. Acusan a las cúpulas de querer perpetuarse en el poder y de marginar a las bases.

Denunciaron también la falta de claridad en el padrón de militantes y criticaron que exfuncionarios del PRI y PAN hayan obtenido candidaturas por encima de fundadores del movimiento. Señalan que esto ha provocado descontento entre quienes apoyaron desde el inicio a la llamada 4T.

El abogado Jaime Hernández Ortiz advirtió que el partido vive un “déficit democrático”, mientras que la exdiputada María de los Ángeles Huerta pidió garantizar procesos abiertos rumbo a 2027. Las bases exigen voz, voto y un cambio urgente en la forma en que se elige a la dirigencia.