El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que aún no hay fecha para aprobar la reforma sobre revocación de mandato, pero subrayó que existe voluntad política para deliberar y debatir ampliamente el tema.

Indicó que la discusión podría retomarse en diciembre o febrero, pues el plazo legal permite hacerlo hasta tres meses antes del inicio del año electoral, es decir, en junio. Explicó que la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propone realizar la consulta el mismo día de la elección ordinaria, el primer domingo de junio de 2027.

Monreal adelantó que la Cámara de Diputados se allanará a las modificaciones que el Senado realice a la Ley de Extorsión y reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, señaló que entre las leyes pendientes están la de salud, la de aguas y la de economía circular.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el dictamen de la iniciativa presidencial que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de homologar criterios en todo el país y fortalecer la coordinación entre autoridades.

El presidente de la comisión, Julio César Moreno Rivera (Morena), explicó que la nueva ley establece sanciones de seis a quince años de prisión y multas de hasta quinientas UMAs, además de medidas de protección integral a víctimas y testigos. También crea el Sistema Nacional de Información sobre Extorsión para mejorar la persecución del delito.

Durante el debate, legisladores de todas las fuerzas políticas reconocieron la urgencia de una legislación unificada ante el crecimiento del cobro de piso y las extorsiones telefónicas, delitos que —según Morena— afectan a cinco de cada diez negocios.

El senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, enfrenta nuevos cuestionamientos por inconsistencias patrimoniales que revelan una disminución de más de 30 millones de pesos en sus bienes entre 2019 y 2024. De acuerdo con sus propias declaraciones oficiales, pasó de poseer propiedades, joyas y vehículos por 34 millones de pesos a reportar únicamente dos terrenos heredados con valor de 3.5 millones.

La investigación fue impulsada por integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, que solicitaron revisar sus declaraciones fiscales y patrimoniales tras la difusión de un reportaje que documenta ingresos no declarados por 80 millones de pesos en 2023 y 2024. Aunque el comunicado fue retirado de las redes del organismo, el caso ya se perfila como uno de los mayores escándalos de presunta corrupción en el entorno político de Morena.

El contraste entre sus declaraciones patrimoniales muestra que López Hernández eliminó de sus reportes casas, terrenos, joyas y vehículos registrados al inicio de su gestión como gobernador. Consultado por medios, su equipo no ofreció explicación sobre la desaparición de los bienes. En paralelo, la diputada panista María Elena Pérez Jaén presentó 37 denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en programas federales de Tabasco durante su gobierno.

Cercano al expresidente López Obrador y figura clave en la cúpula de Morena, Adán Augusto enfrenta ahora una investigación que podría marcar su futuro político. En menos de un año, su nombre ha pasado de ser sinónimo de poder presidencial a convertirse en símbolo de opacidad y rendición de cuentas pendiente.

Con mayoría de Morena, PT y PVEM, la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2026, que incrementa gravámenes a refrescos, cigarros, apuestas y videojuegos violentos. El paquete prevé ingresos por más de 761 mil millones de pesos.

El impuesto a las bebidas azucaradas subirá de 1.64 a 3.08 pesos por litro, aunque se fijó una cuota diferenciada de 1.5 pesos para las versiones light. También aumentará la tasa al tabaco y se aplicará un nuevo gravamen a productos con nicotina y vapeadores.

Morena defendió que la medida busca desincentivar el consumo nocivo y fortalecer el sistema de salud, mientras la oposición advirtió que el alza afectará directamente a las familias. “Son medidas recaudatorias disfrazadas de impuestos saludables”, acusó el PAN. El dictamen, con 351 votos a favor y 129 en contra, se envió al Senado para su análisis.

Con 335 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, el cual fue turnado al Senado de la República para su análisis constitucional.

Las modificaciones más relevantes incluyen la eliminación de la fracción X del artículo 124, que consideraba imprudente el recurso de revocación cuando el contribuyente desconociera el acto ocurrido. Además, se determinó que las obligaciones de las plataformas digitales para compartir información con la autoridad fiscal entrarán en vigor el 1 de abril de 2026.

Diputados de Morena, PT, PRI y PAN expresaron posturas encontradas. Mientras el bloque oficialista defendió que las reformas fortalecen la transparencia y combaten la evasión, la oposición criticó la premura en el proceso legislativo y alertó sobre posibles afectaciones a los derechos de defensa de los contribuyentes.

Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención el dictamen a la minuta que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El documento modifica la propuesta del Senado al establecer que los asuntos en trámite continuarán bajo las disposiciones vigentes al inicio del proceso, eliminando la redacción que implicaba retroactividad. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que la reforma busca modernizar el juicio de amparo y agilizar la impartición de justicia sin vulnerar derechos.

Durante la sesión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC fijaron posturas encontradas. Mientras el oficialismo defendió la actualización del sistema jurídico, la oposición advirtió que la reforma limita la defensa ciudadana frente al poder público.

Mientras el gobierno enfrenta el escándalo por el huachicol fiscal y una creciente desconfianza ciudadana, el fenómeno de los “nepobabies” morenistas —los hijos e hijas de figuras clave de la llamada Cuarta Transformación— se ha convertido en el nuevo rostro del poder. Jóvenes que, desde el confort de estudios privados, viajes de lujo o negocios exclusivos, contrastan con el discurso de austeridad y justicia social que sus padres enarbolan.

El caso más reciente es el de Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces. La joven artista fue retratada por la revista Dwell en su estudio de arte ubicado en la casa familiar de Tlalpan, con acabados de diseño, iluminación personalizada y jardín privado. La publicación se viralizó justo cuando la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia contra su madre por el presunto desvío de 50 millones de pesos, lo que desató cuestionamientos sobre el origen de los recursos familiares.

Jimena no es la única heredera de la 4T que ha acaparado titulares. De Andy López Beltrán a León Bartlett, pasando por hijos de secretarios y legisladores, una nueva generación de hijos del poder muestra un perfil público donde el lujo, las influencias y las oportunidades exclusivas parecen heredarse tanto como los apellidos.

Mientras millones de mexicanos sobreviven con menos de siete mil pesos mensuales, los nepobabies de Morena se mueven entre galerías y hoteles, alimentando la percepción de una élite política que se dice del pueblo, pero vive muy lejos de él.

En plena crisis por la corrupción en aduanas y el descrédito del “austericidio” republicano, los hijos de la 4T se han convertido en el reflejo más incómodo de un movimiento que prometía acabar con los privilegios… y terminó reproduciéndolos.

A un año de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta su primer gran escrutinio público. Durante su discurso en el Zócalo, la mandataria afirmó que el Estado no reprime, que Dos Bocas produce 270 mil barriles diarios y que México es el segundo país menos desigual del continente. Sin embargo, un análisis de El Sabueso y organismos independientes revela que varias de sus declaraciones son falsas o engañosas, reflejo de un gobierno que combina avances sociales con opacidad y control institucional.

El caso más evidente es la refinería Olmeca, en Dos Bocas. Lejos de la cifra presidencial, Pemex reporta una producción promedio de 102 mil barriles diarios, apenas 30 % de su capacidad. También resultó falso que “no se use la fuerza del Estado contra el pueblo”: el 2 de octubre, policías de la Ciudad de México agredieron a manifestantes y periodistas, mientras Artículo 19 y RSF documentaron siete asesinatos de periodistas durante su administración.

En materia económica, Sheinbaum sostuvo que México redujo la desigualdad y que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; lo segundo es cierto, pero el avance en equidad se matiza: la mayor parte de esa mejora ocurrió antes de su gobierno, y México no es el segundo país menos desigual del continente. La brecha de ingresos sigue siendo de las más amplias de la región.

En temas de seguridad y derechos de las mujeres, el panorama tampoco respalda el optimismo presidencial. Entre octubre de 2024 y agosto de 2025 se registraron más de 16 mil homicidios y 645 feminicidios. Aunque Sheinbaum promete “un gobierno sin represión y con justicia social”, los datos muestran un país donde la violencia, la censura y las carencias estructurales aún marcan la realidad.

En una sesión nocturna de más de siete horas, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo con 76 votos a favor y 39 en contra. Aunque se incorporaron al menos quince modificaciones al dictamen original, la oposición denunció que una reserva aprobada al final introduce retroactividad, lo que violaría la Constitución.

El transitorio en cuestión establece que los juicios de amparo en trámite deberán continuar bajo las nuevas disposiciones. Senadoras opositoras, como Alejandra Barrales y Carolina Viggiano, señalaron que la medida afecta directamente a más de 700 mil casos y contraviene el artículo 14 constitucional, que prohíbe aplicar una ley en perjuicio de persona alguna.

Morena defendió la legalidad de la reserva. El senador Manuel Huerta aseguró que no se vulneran derechos adquiridos y que la norma solo precisa la naturaleza del juicio de amparo. El dictamen será turnado a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

Ricardo Monreal, diputado de Morena, tomó la delantera en el debate legislativo sobre la prohibición de bebidas energéticas para menores de edad. Aunque la Comisión de Salud incorporó también la propuesta del PVEM, es Monreal quien ha dado un giro político al tema, presentándolo no sólo como un asunto de consumo, sino como un reto de Estado para proteger derechos de niñas, niños y adolescentes.

El dictamen define jurídicamente qué es una bebida energética, establece sanciones de hasta dos mil UMA para quienes violen la restricción y obliga a la Secretaría de Salud a reforzar la regulación en un plazo de 90 días. El legislador advirtió sobre los riesgos médicos que incluyen ansiedad, problemas cardiovasculares y hasta muerte súbita, señalando que el consumo temprano puede ser la antesala de adicciones a alcohol y drogas ilícitas.

Con esta propuesta, Monreal se coloca en línea con alertas de la OMS y UNICEF, fortaleciendo su perfil como actor que articula reformas con resonancia social y alto consenso político. La iniciativa confronta los intereses de la industria frente al principio constitucional del interés superior de la niñez. La pregunta que emerge es clara: ¿logrará transformar un debate técnico en una bandera política que nadie pueda rechazar sin costo?