El debate sobre la ofensiva de la ultraderecha ha ganado protagonismo en sectores cercanos a la Cuarta Transformación, que ven en ella una amenaza organizada y creciente. Sin embargo, atribuir cualquier protesta o expresión de malestar a una conspiración conservadora puede nublar un hecho esencial: el desgaste social también emerge desde dentro. La historia reciente de América Latina muestra que los gobiernos progresistas suelen caer menos por ataques externos que por la pérdida de entusiasmo entre quienes antes los apoyaban.

En México, la aprobación mayoritaria hacia el gobierno convive con demandas persistentes: seguridad deficiente, incertidumbre económica, servicios públicos frágiles. Transportistas, vecinos que exigen justicia o agricultores que protestan por precios injustos no necesariamente actúan bajo una bandera partidista. Reducir todas estas expresiones al “juego de la derecha” implica el riesgo de desconocer agravios reales y desatender el descontento que se acumula en amplias zonas del país. Es, además, una forma de trasladar la responsabilidad a factores externos.

El riesgo político no está únicamente en las campañas de desprestigio diseñadas por empresarios o consultores opositores, sino en que la narrativa gubernamental derive hacia el victimismo. La experiencia de los partidos que gobernaron México por décadas muestra que la externalización de la culpa –atribuir todo a enemigos o conspiraciones– conduce a la parálisis. También impide corregir rumbos y atender las expectativas de quienes dieron su voto esperando transformaciones concretas.

La 4T tiene ante sí un desafío estructural: sostener apoyo popular mediante resultados tangibles. Ello implica ampliar políticas redistributivas, robustecer la economía formal y responder a la inseguridad que afecta al país. Enfocarse demasiado en el adversario puede distraer de ese objetivo central. Cuando la inconformidad crece, el peligro no viene solo de fuera; surge, sobre todo, de la distancia entre las promesas y la vida cotidiana de la mayoría.

La alianza entre Morena, PVEM y PT entra a una fase decisiva rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum logró, por ahora, contener el riesgo de ruptura, el bloque oficialista se mueve sobre un terreno marcado por recelos, cálculos de poder y tensiones por la reforma electoral. Las dirigencias han aceptado salir en enero con un mensaje de unidad, pero detrás del anuncio aún queda por resolverse la letra fina del acuerdo.

La discusión más sensible gira en torno al contenido de la reforma electoral que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso. La posible eliminación de plurinominales, la reducción del financiamiento partidista y la reconfiguración del INE generan resistencias en el Verde y el PT, que ven amenazadas sus actuales rutas de supervivencia. Entre exigencias y advertencias veladas, los aliados esperan conocer el proyecto final antes de comprometer su respaldo.

Mientras el PVEM apuesta por una coalición parcial que le permita competir solo en distritos estratégicos, el PT presiona por un acuerdo total, temeroso de repetir el escenario de 2021, cuando la división interna debilitó al bloque y frenó reformas clave. En Morena, la instrucción presidencial es clara: unidad, pero sin ceder a prácticas de nepotismo o arreglos que comprometan la narrativa de renovación política.

La negociación real comenzará en 2026, cuando se definan las candidaturas y el reparto de espacios en las 17 gubernaturas en disputa. Si bien el oficialismo insiste en mostrarse cohesionado, la reforma electoral, los intereses encontrados y los tiempos reducidos pondrán a prueba la capacidad de la coalición para mantenerse intacta. El mensaje de unidad llegará; su viabilidad, en cambio, sigue en construcción.

A siete años del ascenso de Morena, México vive un reacomodo estructural que difícilmente puede describirse como continuidad pura. La llegada de López Obrador en 2018 marcó una ruptura con el modelo neoliberal, mientras que la presidencia de Claudia Sheinbaum consolidó un proyecto que hoy controla buena parte del mapa político. El meteórico avance electoral del partido —de no existir a gobernar 24 estados— explica parte del nuevo escenario, pero no agota las preguntas que surgen en torno a sus resultados.

En materia económica, los gobiernos de Morena impulsaron aumentos sostenidos al salario mínimo y expandieron la política social, lo que redujo la pobreza según cifras del Inegi y la Cepal. Sin embargo, el crecimiento económico no ha acompañado al ritmo de esa mejora y persisten dudas sobre la dependencia comercial con Estados Unidos y los retos que implica el Plan México, la apuesta de Sheinbaum por reindustrializar al país. La discusión técnica, coinciden especialistas, sigue atrapada entre lecturas ideológicas y diagnósticos parciales.

En seguridad, el contraste entre discurso y realidad continúa siendo uno de los puntos más sensibles. López Obrador prometió una estrategia distinta, pero heredó a Sheinbaum un país con más homicidios y desaparecidos que en 2018. El viraje operado por la actual mandataria, con Omar García Harfuch al frente, apunta a un énfasis en inteligencia y coordinación, aunque los problemas estructurales —corrupción, impunidad, cuerpos policiales débiles— siguen sin resolverse de fondo.

La política exterior muestra un equilibrio complejo entre defensa de la soberanía y pragmatismo frente a Washington, especialmente con el regreso de Donald Trump. El cambio más profundo, no obstante, ocurrió en casa: la reforma que sometió al voto popular al Poder Judicial. Con ello, Morena completó un ciclo de transformación institucional cuyo alcance, beneficios y riesgos apenas empiezan a perfilarse en el México que viene.

En una reaparición pública desde su finca en Palenque, Andrés Manuel López Obrador anunció su nuevo libro Grandeza y afirmó que no hará giras para presentarlo, a fin de no “hacer sombra” a la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que seguirá en retiro y que solo regresaría a las calles en caso de atentados contra la democracia, intentos de golpe de Estado o amenazas a la soberanía nacional. Además, destacó que la mandataria “está conduciendo muy bien” al país.

López Obrador insistió en que su salida de la vida pública es definitiva y recordó los logros sociales alcanzados durante su gobierno, entre ellos la reducción de 13.4 millones de personas en situación de pobreza. Asimismo, afirmó que la democracia requiere unidad y respaldo a la actual administración, pues “todavía es temporada de zopilotes” y persisten campañas de desinformación. Recalcó que Sheinbaum es “la mejor presidenta del mundo”.

El ex mandatario explicó que Grandeza aborda el legado cultural y civilizatorio del México profundo y busca reivindicar a los pueblos originarios. También adelantó que trabaja en un segundo libro, Gloria, enfocado en la historia política nacional. Desde una mecedora en su jardín, mencionó que su rutina de escritura continúa y que su familia se reparte entre Palenque y Ciudad de México, donde su hijo retomó estudios universitarios.

El diputado Arturo Ávila Anaya, de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación e incorporar educación financiera básica en los planes y programas de secundaria, media superior y superior. La propuesta busca promover hábitos responsables relacionados con el ahorro, el crédito, la planeación económica familiar, el consumo responsable y el emprendimiento social, con el fin de impulsar una cultura financiera ética e incluyente.

El legislador destacó que estudios de Condusef y Banco de México muestran que gran parte de la población carece de conocimientos elementales para tomar decisiones informadas sobre ahorro, inversión y crédito. Esta falta de información, señaló, genera vulnerabilidad ante imprevistos y puede derivar en sobreendeudamiento o baja capacidad de planeación, afectando tanto a las personas como al desarrollo económico nacional.

Asimismo, afirmó que incorporar estos contenidos desde edades tempranas permitirá que estudiantes comprendan conceptos clave como el valor del dinero, la elaboración de presupuestos y la planeación a corto y largo plazo. Sostuvo que ello contribuirá a formar ciudadanos responsables, solidarios y conscientes del uso ético de los recursos, en línea con principios de justicia social y economía solidaria.

Los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados cerraron filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de las acusaciones provenientes de sectores de la derecha sobre presuntos episodios de inestabilidad vinculados con las marchas del fin de semana. Adán Augusto López y Ricardo Monreal afirmaron que existe una campaña coordinada para afectar la percepción pública.

Ambos legisladores sostuvieron que no se trata de un intento golpista, aunque sí de un esfuerzo por generar confrontación política mediante narrativas de caos. Señalaron que empresarios y figuras opositoras impulsaron la movilización y que hubo presencia de infiltrados que provocaron incidentes. Además, insistieron en que la presidenta cuenta con amplio respaldo social.

Los coordinadores subrayaron que la transición política en México ha sido pacífica y debe mantenerse así mediante unidad legislativa. Indicaron que atenderán las demandas planteadas en la marcha y que continuarán impulsando reformas por la vía institucional, pese a presiones internas y externas.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que la marcha de la Generación Z no tuvo presencia juvenil relevante. Indicó que solo un pequeño porcentaje de asistentes eran jóvenes. Sostuvo que la cifra oficial de participantes fue presentada como multitud masiva. Señaló que esa impresión fue creada artificialmente.

Aseguró que detrás de la difusión existe una inversión millonaria destinada al uso de bots y al pago de influencers que comenzaron a hablar de política de forma repentina. Sostuvo que esta operación busca afectar al gobierno federal. Añadió que reproduce estrategias aplicadas previamente en otros países en años recientes.

Alcalde comparó la movilización con marchas oficiales que, afirmó, han reunido asistencias considerablemente mayores. Señaló la presencia de diversas figuras opositoras durante el recorrido y criticó sus intervenciones. Cuestionó también declaraciones del empresario Ricardo Salinas Pliego. Afirmó que el gobierno cuenta con respaldo mayoritario frente a estas narrativas en México.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que aún no hay fecha para aprobar la reforma sobre revocación de mandato, pero subrayó que existe voluntad política para deliberar y debatir ampliamente el tema.

Indicó que la discusión podría retomarse en diciembre o febrero, pues el plazo legal permite hacerlo hasta tres meses antes del inicio del año electoral, es decir, en junio. Explicó que la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propone realizar la consulta el mismo día de la elección ordinaria, el primer domingo de junio de 2027.

Monreal adelantó que la Cámara de Diputados se allanará a las modificaciones que el Senado realice a la Ley de Extorsión y reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, señaló que entre las leyes pendientes están la de salud, la de aguas y la de economía circular.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el dictamen de la iniciativa presidencial que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de homologar criterios en todo el país y fortalecer la coordinación entre autoridades.

El presidente de la comisión, Julio César Moreno Rivera (Morena), explicó que la nueva ley establece sanciones de seis a quince años de prisión y multas de hasta quinientas UMAs, además de medidas de protección integral a víctimas y testigos. También crea el Sistema Nacional de Información sobre Extorsión para mejorar la persecución del delito.

Durante el debate, legisladores de todas las fuerzas políticas reconocieron la urgencia de una legislación unificada ante el crecimiento del cobro de piso y las extorsiones telefónicas, delitos que —según Morena— afectan a cinco de cada diez negocios.

El senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, enfrenta nuevos cuestionamientos por inconsistencias patrimoniales que revelan una disminución de más de 30 millones de pesos en sus bienes entre 2019 y 2024. De acuerdo con sus propias declaraciones oficiales, pasó de poseer propiedades, joyas y vehículos por 34 millones de pesos a reportar únicamente dos terrenos heredados con valor de 3.5 millones.

La investigación fue impulsada por integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, que solicitaron revisar sus declaraciones fiscales y patrimoniales tras la difusión de un reportaje que documenta ingresos no declarados por 80 millones de pesos en 2023 y 2024. Aunque el comunicado fue retirado de las redes del organismo, el caso ya se perfila como uno de los mayores escándalos de presunta corrupción en el entorno político de Morena.

El contraste entre sus declaraciones patrimoniales muestra que López Hernández eliminó de sus reportes casas, terrenos, joyas y vehículos registrados al inicio de su gestión como gobernador. Consultado por medios, su equipo no ofreció explicación sobre la desaparición de los bienes. En paralelo, la diputada panista María Elena Pérez Jaén presentó 37 denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en programas federales de Tabasco durante su gobierno.

Cercano al expresidente López Obrador y figura clave en la cúpula de Morena, Adán Augusto enfrenta ahora una investigación que podría marcar su futuro político. En menos de un año, su nombre ha pasado de ser sinónimo de poder presidencial a convertirse en símbolo de opacidad y rendición de cuentas pendiente.