El diputado Ricardo Monreal Ávila anticipó que la Cámara de Diputados sesionará varios días consecutivos para atender una agenda amplia que incluye reformas en salud, particularmente vapeadores, así como la discusión de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. También mencionó proyectos relacionados con economía circular, ascensos en la Armada y una declaratoria conmemorativa para 2026.

Respecto al dictamen de agua, informó que se incorporarán ajustes derivados de audiencias públicas y de las inquietudes de productores. Señaló que las modificaciones buscarán evitar afectaciones a pequeñas propiedades, ordenar concesiones y prevenir el acaparamiento del recurso. Además, se pretende garantizar certeza en transmisiones y sucesiones vinculadas al uso del agua.

Asimismo, Monreal destacó que continúan las reuniones con sectores involucrados para procesar propuestas y atender dudas sobre el contenido final del dictamen. Añadió que la reforma en materia de igualdad sustantiva sigue en revisión y que el análisis sobre vapeadores avanzará pese a presiones externas, priorizando el interés público y la salud.

El diputado Ricardo Monreal Ávila informó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral podría enviar la iniciativa correspondiente en enero, durante una reunión con magistrados de tribunales electorales locales. Señaló que aún no existe un documento formal y que el proceso legislativo dependerá del consenso o de la mayoría calificada en la Cámara. Añadió que la reforma podría discutirse durante febrero, en el inicio del segundo periodo de sesiones.

Monreal explicó que todavía no se ha definido si el tema de los tribunales electorales locales estará incluido en la propuesta. Reconoció que existen posiciones divididas entre quienes buscan suprimirlos y quienes buscan mantenerlos, por lo que pidió no adelantar el debate hasta conocer el contenido final. Afirmó que la comunicación con los magistrados será constante para revisar puntualmente cualquier planteamiento.

Durante el encuentro, magistrados de distintas entidades expusieron datos y argumentos sobre la importancia de preservar los tribunales locales. Señalaron su papel en la cercanía con la ciudadanía, la tutela efectiva de derechos político-electorales y la desconcentración de la carga jurisdiccional. También destacaron desafíos como violencia política, brecha digital, armonización normativa e incorporación de tecnologías.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, destacó la relevancia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Afirmó que la estrategia representa una respuesta oportuna ante la emergencia de seguridad que enfrenta la entidad.

Monreal señaló que los pilares del plan son la voluntad política y la sensibilidad para escuchar a todos los sectores sociales. Explicó que la propuesta tiene una visión integral, con un calendario de evaluaciones periódicas y un presupuesto de 57 mil millones de pesos destinados a fortalecer la seguridad y el desarrollo regional.

El legislador resaltó que el plan incluye 12 ejes con más de 100 acciones programáticas y participación ciudadana. Subrayó que esta estrategia se distingue por su carácter estructural y por contraponerse a la improvisación y demagogia de políticas anteriores en materia de seguridad.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 “tuvo pocas variantes”, pues refleja el plan de desarrollo nacional definido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Explicó que las reasignaciones sumaron solo 18 mil millones de pesos, equivalentes al 0.17 por ciento del total de 10.1 billones.

Monreal destacó que el gasto social alcanzará casi un billón de pesos, y llamó a fortalecer los apoyos al campo, al considerar que este sector requiere programas y recursos adicionales. También subrayó que rubros como deuda, seguridad y salarios son gastos irreductibles.

En otro tema, anunció que la reforma “Un clic para cancelar”, aprobada por el Senado, será publicada en breve. Adelantó además una iniciativa para impedir el envío de tarjetas bancarias no solicitadas, a fin de proteger los derechos de los consumidores.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que la Cámara de Diputados ha enviado cerca de 100 toneladas de víveres, agua, ropa y medicamentos a las familias afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Durante el acto de entrega en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal destacó que el esfuerzo fue resultado de la colaboración de los 500 legisladores y reafirmó el compromiso del Congreso con la población damnificada. “Seguiremos actuando con la misma solidaridad hacia los estados afectados”, afirmó.

El legislador explicó que los camiones con ayuda humanitaria fueron enviados al Campo Militar Marte y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para su distribución. Con este envío, se suman más de 100 toneladas de apoyo, en coordinación con autoridades federales, estatales y locales, como parte de la respuesta nacional ante la emergencia.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó ante diputados que el gobierno federal no busca controlar los órganos electorales ni organizar los comicios, en el marco de las discusiones sobre la reforma electoral que prepara la Comisión Presidencial. “Nos queda claro que debemos avanzar, no retroceder”, subrayó la funcionaria.

Acompañada por Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, Rodríguez explicó que las consultas recogen propuestas sobre austeridad, voto en el extranjero y financiamiento de campañas, sin que exista aún un proyecto definitivo. Por su parte, Pablo Gómez, titular de la comisión, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum no pretende que su partido controle los organismos electorales.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, propuso que la iniciativa sea enviada al Congreso en diciembre, para permitir su análisis y eventual aprobación antes del proceso electoral de 2027. La oposición exigió transparencia y consenso en el contenido de la futura reforma.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, pidió a los coordinadores de los grupos parlamentarios retomar el acuerdo de mantener un debate fluido y respetuoso durante la discusión de la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador morenista exhortó a las y los diputados a respetar los tiempos y reglas del Pleno, luego de que se acumularon más de 220 reservas en el dictamen. “Si seguimos en esta dinámica, el debate será interminable”, advirtió.

Monreal llamó a los líderes parlamentarios, entre ellos Rubén Moreira, Ivonne Ortega y Elías Lixa, a conducir el intercambio con orden y altura política. Subrayó que Morena defenderá sus propuestas “con razones y argumentos”, pero insistió en que la confrontación debe evitar caer en insultos o descalificaciones personales.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, informó que los dictámenes de las leyes de Ingresos y de Amparo podrían ser votados en el Pleno de la Cámara de Diputados entre el martes y miércoles de la próxima semana. Explicó que la Comisión de Hacienda continúa reuniones con funcionarios para analizar el Paquete Económico 2026.

Monreal detalló que las mesas de trabajo revisan los contenidos de la Ley de Ingresos, con el objetivo de garantizar un análisis técnico y transparente. En cuanto a la minuta de la Ley de Amparo, indicó que fue turnada a las comisiones de Justicia y de Hacienda para recibir observaciones y posibles modificaciones antes de ser discutida.

Asimismo, informó que ya se envió al Senado la minuta de reformas a la Ley Aduanera y adelantó que presentará una iniciativa para evitar cobros indebidos en tarjetas bancarias no solicitadas.

Ricardo Monreal, diputado de Morena, tomó la delantera en el debate legislativo sobre la prohibición de bebidas energéticas para menores de edad. Aunque la Comisión de Salud incorporó también la propuesta del PVEM, es Monreal quien ha dado un giro político al tema, presentándolo no sólo como un asunto de consumo, sino como un reto de Estado para proteger derechos de niñas, niños y adolescentes.

El dictamen define jurídicamente qué es una bebida energética, establece sanciones de hasta dos mil UMA para quienes violen la restricción y obliga a la Secretaría de Salud a reforzar la regulación en un plazo de 90 días. El legislador advirtió sobre los riesgos médicos que incluyen ansiedad, problemas cardiovasculares y hasta muerte súbita, señalando que el consumo temprano puede ser la antesala de adicciones a alcohol y drogas ilícitas.

Con esta propuesta, Monreal se coloca en línea con alertas de la OMS y UNICEF, fortaleciendo su perfil como actor que articula reformas con resonancia social y alto consenso político. La iniciativa confronta los intereses de la industria frente al principio constitucional del interés superior de la niñez. La pregunta que emerge es clara: ¿logrará transformar un debate técnico en una bandera política que nadie pueda rechazar sin costo?

La Cámara de Diputados aprobó con 438 votos una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que obliga a proveedores a permitir la cancelación inmediata de suscripciones y membresías con cobros recurrentes. La propuesta fue presentada por Ricardo Monreal y avalada en fast track, tras dispensarse los trámites legislativos.

El coordinador de Morena justificó la urgencia al relatar que él mismo fue víctima de un servicio que no pudo cancelar, lo que lo llevó a caer en buró de crédito. La iniciativa ahora pasará al Senado para su discusión y eventual aprobación.

La reforma establece que los proveedores deberán informar de manera clara si un servicio implica cobros automáticos, además de notificar con cinco días de anticipación cualquier renovación. También se prohíben penalizaciones por cancelación y se exige contar con mecanismos accesibles y eficaces para poner fin al servicio.