A medida que crece la posibilidad del regreso de Trump, migrantes centroamericanos y venezolanos comienzan a considerar seriamente quedarse en México. Aunque muchos partieron con la esperanza de cruzar a EE.UU., la realidad en la frontera, sumada al endurecimiento de políticas migratorias, ha provocado un cambio de planes forzado. El miedo a nuevas restricciones ha comenzado a transformar al país en destino final más que en zona de tránsito.

En ciudades como Ciudad Juárez, cientos han decidido establecerse temporal o indefinidamente. La incertidumbre política en Estados Unidos, las listas de espera y los riesgos del cruce han desalentado el intento de avanzar. El “sueño americano” comienza a mutar hacia una búsqueda más realista de estabilidad, empleo y refugio en territorio mexicano, aunque los recursos y las oportunidades sean limitados.

Diversas organizaciones en la frontera han alertado sobre el aumento de población migrante que opta por permanecer. Sin políticas claras de integración ni apoyos estatales sostenidos, la tensión crece en albergues, calles y centros de atención. Además, los flujos migratorios siguen activos, creando un panorama doble: quienes llegan con esperanza y quienes se resignan a no cruzar.

¿Está México preparado para ser país receptor? El fenómeno, empujado por un clima geopolítico hostil, exige respuestas más allá de la contención. La narrativa oficial no alcanza a dimensionar lo que ya ocurre en los márgenes: México dejó de ser puente para convertirse, por agotamiento, en refugio.

Entre 2015 y 2024, la masa salarial de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos aumentó de 226 mil 842 millones de dólares a 373 mil 726 millones, es decir, un incremento del 64.8%. De acuerdo con el Foro de Remesas de América Latina, el alza se explica principalmente por mejores remuneraciones, no por un aumento en el número de migrantes. De hecho, la mayoría del crecimiento se originó por salarios más altos y solo una décima parte por mayor empleo.

A pesar de la caída en el número de migrantes mexicanos en Estados Unidos —que desde 2014 se ha reducido en más de 796 mil personas—, las remesas han crecido significativamente. Según el Banco de México, entre 2014 y 2024, el envío de dinero a México aumentó un 155%, al pasar de 25 mil a 64 mil millones de dólares anuales.

Los datos del Cemla indican que actualmente hay 7.3 millones de trabajadores mexicanos en Estados Unidos, apenas 186 mil más que en 2007. Sin embargo, se observa una transformación en la composición por género: mientras que el número de hombres ha bajado ligeramente, el de mujeres trabajadoras ha crecido casi 9% en una década.

Esta tendencia refleja un mercado laboral más cerrado para los mexicanos, pero con salarios más altos. Aunque la migración neta se ha desacelerado, las remesas continúan creciendo como fuente vital de ingreso para millones de familias en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como injustas las redadas migratorias realizadas en campos agrícolas de California, donde fueron detenidas al menos 100 personas. En conferencia matutina, advirtió que estas acciones violan los derechos de los migrantes y podrían afectar negativamente la economía de Estados Unidos, “que se sostiene gracias al trabajo de mexicanos y latinoamericanos”.

Ante esta situación, el gobierno federal anunció un incremento al presupuesto de los consulados en EE.UU. para reforzar la atención legal y consular. Sheinbaum indicó que se activaron protocolos de emergencia y que la Secretaría de Hacienda definirá el monto en los próximos días. Personal consular ya revisa centros de detención donde hay connacionales.

Desde enero, han sido repatriados más de 67 mil mexicanos. “No son criminales”, afirmó la presidenta, “son héroes y heroínas que fueron a trabajar, a sostener familias y también la economía estadounidense. Vamos a estar con ellos, no están solos”

El gobierno de Estados Unidos revocó una norma que desde 1997 permitía a migrantes indocumentados acceder a programas de educación técnica, profesional y para adultos. El Departamento de Educación anunció que los fondos públicos quedarán reservados exclusivamente para ciudadanos o personas con estatus migratorio legal.

La secretaria Linda McMahon argumentó que la norma violaba la ley PRWORA, que limita beneficios federales a ciudadanos y residentes permanentes. A partir de agosto, se aplicará esta nueva interpretación, excluyendo también a migrantes de préstamos estudiantiles y becas como las Pell.

El gobierno de Trump también canceló 7 mil millones de dólares en subvenciones para enseñanza de inglés, acusando su uso político. Además, ha iniciado acciones legales contra estados que ofrecen matrícula reducida a migrantes, en su estrategia por restringir el acceso a la educación pública.