Un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales para detener a Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, presunto jefe de plaza del CJNG, desencadenó narcobloqueos en distintas zonas de Michoacán. La intervención ocurrió en La Cantera, Salvador Escalante, donde dos presuntos criminales fueron abatidos. Aunque participaron helicópteros y personal del Ejército, el objetivo principal logró evadir la captura. La reacción delictiva se extendió con rapidez.

Al menos 15 vehículos robados e incendiados fueron utilizados para obstruir vialidades en Pátzcuaro, Zamora, Bajío y Ciénega de Chapala, según reportes del C5-i. Los bloqueos afectaron rutas estratégicas como Morelia-Quiroga, Quiroga-Zacapu, México-Guadalajara y Zamora-La Piedad. La Guardia Civil informó que hacia la tarde todas las arterias habían sido liberadas. No obstante, autoridades desplegaron refuerzos ante posibles nuevos incidentes.

Además, el gabinete de seguridad reportó doce detenidos y el aseguramiento de explosivos, armas, vehículos y droga durante operativos recientes. Las acciones, integradas al Plan Michoacán, se extendieron por diversos municipios con el fin de debilitar estructuras criminales. La operación fue la primera bajo el mando del nuevo secretario estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que contempla el despliegue de 10,500 elementos militares y una inversión total de 57,000 millones de pesos en seguridad, desarrollo social e infraestructura. “La seguridad y la paz son frutos de la justicia. No traicionaremos la confianza del pueblo”, afirmó la mandataria desde Palacio Nacional.

El plan, que incluye más de 100 acciones coordinadas, busca reforzar la presencia del Estado en zonas afectadas por la violencia, combatir la extorsión a productores agrícolas y ampliar becas y apoyos sociales en toda la entidad.

Acompañada por su gabinete, Sheinbaum subrayó que la pacificación de Michoacán será una prioridad nacional y que los avances serán evaluados cada dos semanas. “La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano”, enfatizó la presidenta.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, destacó la relevancia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Afirmó que la estrategia representa una respuesta oportuna ante la emergencia de seguridad que enfrenta la entidad.

Monreal señaló que los pilares del plan son la voluntad política y la sensibilidad para escuchar a todos los sectores sociales. Explicó que la propuesta tiene una visión integral, con un calendario de evaluaciones periódicas y un presupuesto de 57 mil millones de pesos destinados a fortalecer la seguridad y el desarrollo regional.

El legislador resaltó que el plan incluye 12 ejes con más de 100 acciones programáticas y participación ciudadana. Subrayó que esta estrategia se distingue por su carácter estructural y por contraponerse a la improvisación y demagogia de políticas anteriores en materia de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión de más de tres horas con su gabinete legal y ampliado para definir los últimos detalles del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que será presentado este domingo en Palacio Nacional.

Desde las cuatro de la tarde comenzaron a llegar los integrantes del gabinete y abandonaron el recinto poco después de las ocho de la noche. El encuentro, según fuentes oficiales, tuvo como objetivo “aterrizar” los componentes del plan, enfocado en reconstruir el tejido social y fortalecer la seguridad en la entidad.

Al término de la reunión, el director del ISSSTE, Martí Batres, destacó que “hay muchas tareas, mucho trabajo”. Por su parte, la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, afirmó que fue una reunión productiva y adelantó que “el domingo se informará todo” con la participación de todas las secretarías federales.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este viernes estará listo un borrador del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual —aclaró— no busca militarizar al estado, sino atender de forma integral las causas de la violencia. El anuncio se dio tras reunirse con la viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el fin de semana.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum detalló que en el encuentro participaron el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y Lázaro Cárdenas Batel. La mandataria expresó su compromiso de acompañar a la nueva alcaldesa, Grecia Quiroz, en la búsqueda de justicia y en la reconstrucción de la paz en el municipio.

La presidenta indicó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostendrán reuniones para definir acciones concretas. Aseguró que el plan incluirá medidas sociales, económicas y de seguridad con recursos reorientados hacia Michoacán.

En Michoacán, la violencia no solo se mide por los asesinatos, sino por la forma en que el crimen organizado recluta y utiliza a niños y adolescentes como herramienta de guerra. Los cárteles han convertido a los jóvenes en carne de cañón: los emplean como halcones, cobradores de cuotas o asaltantes, fogueándolos para tareas mayores, como el sicariato. El miedo y la falta de oportunidades son el terreno fértil de este ejército silencioso.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana, los delitos menores —robos, extorsiones o cobros— son la puerta de entrada al crimen. Los muchachos que asaltan tiendas o roban motocicletas son, en realidad, piezas de un sistema criminal que los entrena para operaciones más violentas. En Apatzingán, exintegrantes de la Mesa de Seguridad confirman que los cárteles los usan como desechables: los más jóvenes son los primeros en morir o ser capturados.

El fiscal estatal reconoció que el asesino del alcalde de Uruapan podría tener entre 17 y 19 años. No es excepción, sino reflejo de una práctica extendida. En Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza engaños laborales para atraer a jóvenes desempleados: publica ofertas falsas en redes, los cita en restaurantes y los desaparece tras recogerlos en vehículos de aplicación.

La combinación de pobreza, impunidad y reclutamiento forzado sostiene una maquinaria criminal que se renueva constantemente. En Michoacán, los adolescentes ya no sueñan con escapar del miedo: se ven obligados a servirlo.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que no existen indicios que vinculen a los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con la delincuencia organizada. Durante la conferencia matutina, aclaró que los policías municipales eran parte del equipo cercano de seguridad del edil y fueron los primeros en responder al ataque.

Harfuch destacó que los agentes municipales actuaron para proteger al alcalde y abatieron al agresor en el momento del atentado. Añadió que los elementos acudieron a declarar ante la Fiscalía General de Michoacán como parte de la investigación en curso sobre el asesinato.

El Gabinete de Seguridad federal precisó que catorce elementos de la Guardia Nacional tenían a su cargo la seguridad periférica del edil, mientras que policías municipales de su confianza se encargaban de la protección directa. Las autoridades reiteraron que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de nexos criminales.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo fracturó el relato de control que el Gobierno federal había tejido en materia de seguridad. En Michoacán, la violencia no se mide ya en balas, sino en la captura silenciosa de economías locales por parte del crimen organizado. Los cárteles han mutado: del narcotráfico pasaron a la extorsión, y de ahí a un modelo económico que sustituye al Estado.

Los grupos criminales como Los Viagra cobran cuotas, controlan los días de cosecha y se presentan como “proveedores” de insumos agrícolas. En regiones como Tierra Caliente, ya no solo imponen miedo: regulan mercados, fijan precios y definen quién puede trabajar. Las víctimas rara vez denuncian; la autoridad, sin información, presume estabilidad. Pero esa “tranquilidad” estadística esconde sometimiento.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que los delitos de alto impacto disminuyen, aunque el fenómeno extorsivo crece en silencio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha construido su discurso sobre datos favorables, pero Michoacán desmonta esa narrativa: los criminales han suplantado al Estado en sus funciones básicas, cobrando impuestos y aplicando su propia fuerza pública.

La crisis exhibe la fragilidad del modelo que privilegia las cifras sobre el control territorial. Mientras el Ejecutivo celebra la baja de homicidios, los grupos armados avanzan en la economía cotidiana. En Michoacán, las estadísticas son irrelevantes: la violencia ya no se libra en las calles, sino en los precios del limón, en las cuotas, en el miedo.

La cancelación parcial de las fiestas patrias en Sinaloa, Veracruz y Michoacán no puede entenderse como un simple acto de prudencia. Es la evidencia de que el narcotráfico ha alcanzado incluso los rituales fundacionales del país, aquellos que deberían ser intocables. El Grito de Independencia, que por más de dos siglos ha simbolizado soberanía y unidad, aparece hoy condicionado por la capacidad del crimen organizado para sembrar miedo y marcar límites en el espacio público.

El costo humano de esta violencia interna es desolador: 1,850 asesinatos y 1,800 desapariciones en un solo año en Sinaloa, producto de la pugna entre “Chapitos” y “Mayos”. Estas cifras no son solo un recuento de muertes, son también la cancelación de símbolos nacionales. Cuando las autoridades anuncian que los festejos se reducen al acto protocolario, lo que reconocen implícitamente es la imposibilidad de garantizar que la nación celebre libremente en sus plazas.

El discurso oficial insiste en que existe coordinación, inteligencia y voluntad para enfrentar al crimen. Sin embargo, la realidad apunta a un déficit estructural: presupuestos insuficientes, sistemas judiciales vulnerados y una sociedad cansada tras dos décadas de violencia persistente. Mientras tanto, los grupos criminales se diversifican, se adaptan y avanzan, demostrando una capacidad de reinvención que supera a las instituciones que deberían contenerlos.

Más que la suspensión de una ceremonia, lo que está en juego es la vigencia de la soberanía misma. Si el narcotráfico condiciona las celebraciones históricas, lo que erosiona no es solo la fiesta nacional, sino la posibilidad de ejercer ciudadanía sin miedo. El Grito de Independencia siempre ha sido un recordatorio de libertad; que hoy se escuche a medias es la señal más grave de que la patria está en disputa.