La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, asistió a la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, celebrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde expresó un reconocimiento institucional a la labor diplomática que realizan embajadoras, embajadores, cónsules y personal del Servicio Exterior Mexicano.

Durante su mensaje, subrayó que las y los representantes diplomáticos son el rostro de México en el mundo, por lo que su actuar debe caracterizarse por profesionalismo, ética y compromiso con los valores democráticos, además de garantizar la protección y atención de las y los mexicanos que residen o transitan en el extranjero.

La legisladora enfatizó que, ante los desafíos globales actuales, resulta indispensable fortalecer una diplomacia preparada y con visión estratégica, guiada por la promoción y defensa de los derechos humanos, y reiteró que desde el Poder Legislativo se impulsa la coordinación institucional para proyectar a México con unidad, respeto y responsabilidad internacional.

La economía mexicana inicia 2026 con un conjunto de retos que definirán su trayectoria en un año clave para la relación con Estados Unidos y para la estabilidad interna. El primero es la revisión del T-MEC, proceso que deberá resolverse hacia mediados de año y que mantiene en suspenso decisiones de inversión. La posibilidad de una renegociación parcial o incluso bilateral crea un ambiente incierto que pesa sobre los mercados y sobre la planeación de empresas nacionales y extranjeras.

El crecimiento económico continúa como uno de los mayores pendientes. Entre 2018 y 2024 el avance promedio fue de apenas 0.8 por ciento anual, lo que implicó un estancamiento del ingreso per cápita. Para 2025 se prevé un crecimiento menor a medio punto y, para 2026, las expectativas ya se ajustaron a cerca de 1.1 por ciento. Ese deterioro refleja una posible reducción en la tasa de crecimiento potencial del país y una inversión pública insuficiente, sumada a un ambiente de negocios más restrictivo. La preocupación es clara: México corre el riesgo de repetir una década perdida.

La creación de empleo formal será otro desafío relevante. El mercado laboral ya mostró señales de enfriamiento en 2025 y la perspectiva para 2026 es la generación de poco más de 300 mil puestos formales, lejos de las necesidades reales de una economía donde alrededor de 800 mil personas se incorporan cada año al mercado laboral. El registro reciente de trabajadores de plataformas digitales mejoró artificialmente las cifras, pero no implicó nuevos empleos.

En materia de inflación, aunque los precios regresaron al rango del Banco de México en 2025, varias presiones surgirán en 2026. El aumento de impuestos a productos específicos, la entrada en vigor de nuevos aranceles a bienes asiáticos y un efecto estadístico en la segunda mitad del año podrían empujar la inflación por encima del 4 por ciento. Bajo este escenario, es probable que el banco central mantenga una postura cautelosa y limite los recortes a la tasa de interés.

La combinación de estos factores obliga a replantear prioridades. Hasta ahora, México ha privilegiado la estabilidad macroeconómica. En 2026 será necesario encontrar un equilibrio entre estabilidad y crecimiento, de lo contrario el bajo dinamismo comenzará a reflejarse de forma más evidente en el bienestar social.

La caída de Nicolás Maduro, presentada por Washington como una operación quirúrgica y exitosa, abrió un escenario mucho más complejo del que sugiere la narrativa triunfalista. Aunque el liderazgo fue removido, la estructura política, militar y económica que sostuvo al chavismo permanece activa. Para analistas internacionales, esto significa que el verdadero desafío apenas comienza y que la transición en Venezuela se moverá en un terreno incierto y lleno de tensiones internas.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, representa continuidad para sectores del régimen y, al mismo tiempo, un puente potencial hacia un proceso de negociación con Estados Unidos. La oposición venezolana tiene legitimidad, pero carece de mecanismos para influir en las fuerzas armadas, que hoy concentran poder material y buscan preservar su posición. Washington enfrenta además un dilema: influir en la transición sin desplegar presencia sostenida, un escenario políticamente costoso en Estados Unidos.

El nuevo tablero también tiene efectos regionales. Cuba aparece como el siguiente punto de atención para la administración Trump, no necesariamente mediante intervención directa, sino mediante presión económica ampliada. Colombia vive un ciclo electoral que podría alterar su política exterior y su papel como aliado estratégico de Washington. Grupos armados y redes ilícitas en la región podrían aprovechar cualquier fractura política en Venezuela para expandir su influencia.

Para México, el entorno se vuelve delicado. La relación con Estados Unidos depende de un equilibrio entre cooperación y respeto a la soberanía. Un escenario donde Washington decida actuar unilateralmente en temas de seguridad dentro de México rompería ese marco. Con la renegociación comercial en marcha y la tensión regional al alza, el reto para la diplomacia mexicana será mantener autonomía estratégica sin escalar la confrontación.

La Comisión de Marina del Senado suspendió la reunión extraordinaria en la que se discutiría el ingreso de militares de Estados Unidos a México para capacitar a Fuerzas Armadas. La decisión se tomó en medio del ataque militar estadunidense contra Venezuela, por lo que la sesión quedó pospuesta sin una nueva fecha definida.

El dictamen contemplaba autorizar el ingreso de personal de Navy SEAL’s y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, quienes participarían en ejercicios de adiestramiento en instalaciones militares de Estado de México y Campeche, entre enero y abril de 2026. La solicitud también incluía el ingreso con armamento y aeronaves militares.

Asimismo, se suspendió el análisis del permiso para que tropas mexicanas participaran en ejercicios en Estados Unidos. El senador Alejandro Murat confirmó la cancelación de los trabajos legislativos, en un contexto marcado por la tensión internacional derivada de la intervención militar en Venezuela y sus implicaciones regionales.

Morena experimentó en 2025 el mayor ajuste en su relación con el electorado desde su llegada al poder. Tras años de expansión sostenida, la identificación ciudadana con el partido pasó de la mitad de la población a 42 por ciento, una disminución abrupta que sorprendió incluso a dirigentes internos. No se trató de un desgaste gradual, sino de una caída concentrada entre julio y septiembre, periodo que marcó un punto de inflexión en la narrativa pública del movimiento.

El quiebre coincidió con la difusión del caso relacionado con un exfuncionario de seguridad de Tabasco y con una serie de episodios que abrieron un debate nacional sobre congruencia política. Viajes, celebraciones privadas y decisiones institucionales controvertidas alimentaron una percepción de distancia entre algunos actores del partido y los principios de austeridad que históricamente lo habían distinguido. Paralelamente, la ciudadanía comenzó a exigir resultados inmediatos en temas como vivienda, servicios urbanos y movilidad, demandas que esta vez se dirigieron al presente y no al pasado.

En el ámbito económico, 2025 también generó desafíos de percepción. Tras meses marcados por la volatilidad derivada de la política arancelaria de Estados Unidos, aumentó el número de ciudadanos que consideraban que la economía avanzaba en la dirección incorrecta. Este cambio en el ánimo colectivo se combinó con hechos de alto impacto social, como el asesinato del alcalde de Uruapan, que detonó protestas encabezadas por jóvenes y reforzó la idea de una exigencia creciente hacia cualquier fuerza en el poder.

A partir del otoño, nuevas tensiones emergieron desde grupos de interés que rechazaron reformas sectoriales, particularmente en materia hídrica y educativa. El año cerró con dificultades en elecciones locales, cuestionamientos sobre el diseño de la elección judicial y tensiones dentro de la coalición gobernante, que enfrentó desacuerdos sobre temas como nepotismo, seguridad y política económica. Morena concluyó 2025 en medio de un doble reto: reconstruir confianza y, al mismo tiempo, administrar la diversidad interna que acompaña a cualquier fuerza dominante.

Mirando hacia 2026, el partido enfrenta una disyuntiva estratégica. Mantener la cohesión interna puede implicar costos ante un electorado que exige estándares más altos, mientras que impulsar controles más estrictos podría tensar relaciones con sus propios aliados. La dirección política que adopte definirá si este año de inflexión se convierte en un tropiezo temporal o en el inicio de una reconfiguración más profunda en el panorama electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la postura histórica de México de no intervención ante el incremento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump calificara al gobierno de Nicolás Maduro como “organización terrorista extranjera”, lo que elevó el riesgo de un conflicto regional.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que, más allá de cualquier valoración sobre el régimen venezolano, la política exterior mexicana debe regirse por la Constitución, privilegiando la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía y la solución pacífica de las controversias internacionales.

Asimismo, cuestionó la falta de una actuación visible de la Organización de las Naciones Unidas frente a este escenario y llamó al organismo a asumir un papel activo para evitar una intervención extranjera y un posible derramamiento de sangre, insistiendo en que el diálogo debe ser siempre la vía.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que la mayoría legislativa respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la salida de un funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Señaló que la mandataria tiene autoridad moral y legal para no permitir ningún tipo de ilícito en el gobierno federal.

En conferencia de prensa, Monreal sostuvo que Sheinbaum es una mujer íntegra y firme, que no solapará conductas indebidas, aun cuando se trate de personas cercanas o con méritos políticos previos. Recalcó que la decisión envía un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción y aseguró que no habrá “carpetazo”, pues las investigaciones deberán continuar conforme a la ley y con apego a la Constitución.

Sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos respecto al fentanilo, el legislador consideró que no representan una amenaza para México. Destacó que la presidenta ha actuado con determinación en la defensa de la soberanía nacional y subrayó que cuenta con el respaldo del Congreso de la Unión y de la mayoría del pueblo mexicano.

El gobierno de México reconoció su responsabilidad en la violación de derechos fundamentales de Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl agredida por militares en 2007 en Zongolica, Veracruz, hechos que derivaron en su muerte. La Corte Interamericana resolvió que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna e investigar con debida diligencia.

La sentencia señala vulneraciones a los derechos a la vida, salud, integridad, no discriminación, acceso a la justicia y a la verdad. Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación anunciaron que analizarán el fallo para cumplir con sus obligaciones bajo perspectiva de género e interseccionalidad, reconociendo que tanto la víctima como su familia fueron desprotegidos durante años.

El caso, negado en su momento por autoridades federales que atribuyeron el fallecimiento a causas ajenas a la agresión, fue llevado a instancias internacionales ante la falta de justicia. El gobierno reafirmó su compromiso con la reparación, la no repetición y la protección de los derechos de mujeres e indígenas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a mediados de enero el gobierno federal formalizará su propuesta de reforma electoral. Entre los ejes centrales están la revisión de las candidaturas plurinominales en el Congreso y la evaluación de la estructura del sistema electoral, incluido el papel de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Durante su conferencia, señaló que la actual conformación de listas plurinominales responde, en general, a decisiones de las cúpulas partidistas, con escasa participación ciudadana. Subrayó que su visión de democracia parte de la idea de un gobierno “del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, y recalcó la importancia de ganar cargos por mayoría mediante el respaldo directo del electorado.

Sheinbaum también recordó que los nuevos partidos deben competir sin alianzas y alcanzar al menos 3 por ciento de la votación para conservar su registro. En otro tema, reiteró su rechazo a postular familiares directos en cargos de elección, una regla que será obligatoria en 2030, aunque Morena la aplicará desde 2027.

El Gobierno federal y los 32 estados firmaron un nuevo acuerdo para enfrentar la extorsión, delito que atraviesa al país desde el comercio ambulante hasta el sector agropecuario. La estrategia, presentada como un esfuerzo de coordinación inédita, busca elevar el delito a investigación de oficio, unificar criterios fiscales y fortalecer los mecanismos de denuncia. Sin embargo, la ceremonia en Palacio Nacional dejó más preguntas que respuestas sobre su alcance real.

Uno de los mayores retos es la falta de cifras confiables. La extorsión vive en la sombra: miles de casos no se denuncian por miedo a represalias, y episodios recientes —como el asesinato de un líder citrícola en Michoacán pese a tener resguardo— evidencian la vulnerabilidad de quienes se atreven a reportarla. Aunque el Gobierno presume un aumento del 23% en llamadas de denuncia desde julio, no se informó cuántas derivaron en acciones concretas.

También persisten dudas sobre recursos y capacidades. Varias fiscalías estatales operan con personal rebasado, con agentes que gestionan miles de carpetas donde deberían manejar cientos. La estrategia contempla crear unidades especializadas y fortalecer la línea 089, pero sin claridad presupuestal ni metas anuales resulta difícil prever si la centralización anunciada se traducirá en resultados sostenibles o quedará como un gesto político más.

La extorsión es ya un negocio transversal para distintos grupos criminales y afecta directamente el precio de los alimentos y la estabilidad local. Para que la nueva estrategia tenga impacto, deberá convertirse en un plan operativo verificable: con recursos definidos, responsabilidades precisas y sanciones ejemplares que envíen una señal inequívoca a las mafias. De lo contrario, México corre el riesgo de sumar otro anuncio sin consecuencias tangibles.