La pobreza en México se ha reducido desde 2018, pero la desigualdad estructural permanece intacta. Un análisis de Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad reveló que el 1 por ciento más rico del país concentra el 35 por ciento del ingreso total, mientras el 10 por ciento con mayores carencias percibe apenas el 2 por ciento.

Los datos de la Enigh 2024 muestran que, aunque los ingresos de ambos grupos crecieron 29 por ciento desde 2018, el abismo entre ellos es abrumador: el sector más pobre recibe en promedio 2 mil 168 pesos mensuales por persona, mientras que el 1 por ciento más acaudalado capta 958 mil 777 pesos, una diferencia de 442 veces.

Aunque más de 13 millones de personas han salido de la pobreza, el acceso a derechos sigue condicionado por el nivel de ingreso. La desigualdad evidencia que los avances en salario mínimo y programas sociales no son suficientes para garantizar movilidad social ni justicia económica.

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, informó que el 76% del agua en México se destina a la agricultura. Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentaron los avances del Programa Nacional de Tecnificación de Riego agrícola, una estrategia que busca modernizar el uso del recurso hídrico.

La iniciativa contempla producir alimentos con menor cantidad de agua, además de recuperar cerca de 2,800 millones de metros cúbicos para consumo humano. También se plantea atender el deterioro en canales, compuertas y presas, con el fin de mejorar la distribución y eficiencia del sistema de riego.

Sheinbaum calificó el programa como prioritario para garantizar el acceso equitativo al agua. Sin embargo, la magnitud del reto plantea cuestionamientos sobre la capacidad de transformar un sector agrícola históricamente ineficiente en el uso del recurso más vital del país.

La historia mexicana está marcada por la pérdida de la mitad de su territorio en 1848 frente a Estados Unidos. Esa memoria colectiva explica la hipersensibilidad nacional a cualquier sugerencia de intervención militar extranjera. Para los mexicanos, cualquier operación unilateral de Washington sería percibida como traición y provocaría un rechazo casi unánime en la sociedad.

El reciente reportaje de The New York Times sobre una orden firmada por Donald Trump para autorizar operaciones militares contra cárteles en América Latina encendió alarmas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum respondió con contundencia: “Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Eso está absolutamente descartado”. La defensa de la soberanía es condición de supervivencia política para cualquier mandatario.

El contraste es evidente. Mientras Trump presume de que México hace lo que “se le dice” y destaca la reducción de cruces fronterizos, el gobierno mexicano marca una línea roja infranqueable: la presencia de tropas extranjeras en suelo nacional. La cooperación bilateral se limita al control migratorio, pero no se extiende al terreno militar.

El verdadero reto, sin embargo, sigue siendo interno. Zonas dominadas por cárteles, policías debilitadas y la herencia de la política de “abrazos, no balazos” complican el panorama. La soberanía es irrenunciable, pero también lo es la urgencia de una estrategia eficaz contra el crimen organizado. La pregunta persiste: ¿puede México sostener solo esta batalla sin ceder soberanía ni capacidad frente a los cárteles?

La presidenta Claudia Sheinbaum negó la existencia de un acuerdo con la DEA respecto al llamado Proyecto Portero, iniciativa que según la agencia estadounidense buscaría reforzar la cooperación bilateral contra los cárteles. Durante su conferencia matutina, aclaró que ninguna institución mexicana ha pactado con la dependencia extranjera.

Sheinbaum subrayó que desconoce en qué se basó la DEA para difundir un comunicado que sugiere colaboración con el gobierno mexicano. Además, reiteró que los programas de seguridad se diseñan y ejecutan desde México, sin que exista compromiso alguno de operación conjunta con agencias internacionales.

La polémica refleja un nuevo desencuentro entre ambas naciones en materia de seguridad. Mientras Estados Unidos insiste en proyectos bilaterales, México insiste en preservar la soberanía de sus instituciones. La falta de claridad en la comunicación, sin embargo, abre dudas sobre la confianza mutua y los verdaderos alcances de la cooperación.

Durante la mañanera, se aclaró que la Secretaría de Energía no reconoce a Gasolineros Unidos por México, agrupación que denunció sobrerregulación y presuntas extorsiones por parte de funcionarios del sector energético y delegados de la Fiscalía General de la República. Se subrayó que su gobierno mantiene reuniones periódicas solo con los principales empresarios gasolineros para reducir trámites y garantizar que no suba el precio de los combustibles.

La organización publicó un desplegado en el periódico Reforma donde acusó sanciones desproporcionadas y un clima de incertidumbre jurídica que —asegura— se intensificó desde el sexenio pasado. En su mensaje, pidió abrir un canal de diálogo directo con el Ejecutivo para cumplir con las promesas de simplificación administrativa y mejorar las condiciones del sector.

El reclamo incluyó la solicitud de investigar a funcionarios señalados por extorsión y de atender la situación financiera de Pemex. El contraste entre la postura oficial y las denuncias empresariales revela un creciente desencuentro en torno a la regulación energética, donde la transparencia y el combate a la corrupción se mantienen como pendientes.

El Gobierno de México fue distinguido como referente global en políticas antitabaco durante el evento “Avances y Prospectiva en el Control del Tabaco y la Nicotina”, celebrado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bloomberg Philanthropies otorgó el reconocimiento por las medidas aplicadas para prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de productos relacionados.

Autoridades de salud, encabezadas por Francisco José Gutiérrez Rodríguez, subrayaron que este logro implica una responsabilidad compartida para fortalecer políticas públicas libres de conflictos de interés. Asimismo, recordaron que el tabaquismo continúa siendo la principal causa de muerte prevenible, lo que exige mayor respaldo legislativo para consolidar la prohibición de dispositivos electrónicos de consumo.

Representantes de la OPS y expertos académicos reconocieron avances en la estrategia MPOWER, pero advirtieron que la presión de la industria tabacalera sigue siendo una amenaza latente. El reto será mantener firmeza institucional y social ante intereses económicos que priorizan el mercado sobre la salud pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la pobreza multidimensional en México cayó a 29.6 por ciento en 2024, equivalente a 38.5 millones de personas, el nivel más bajo en cuatro décadas. La cifra representa una reducción de 13.4 millones desde 2018, lo que según la mandataria refleja un cambio estructural en las condiciones de vida.

También la pobreza extrema se redujo a 5.3 por ciento, con alrededor de siete millones de personas en esta situación, casi la mitad que en periodos anteriores. Sheinbaum atribuyó los avances al incremento del salario mínimo, la expansión de programas sociales y un mayor acceso a derechos básicos como salud y educación.

Aunque calificó los resultados como una “hazaña de la Cuarta Transformación”, reconoció que el desafío sigue siendo enorme: cerca del 30 por ciento de la población permanece en condiciones de pobreza, lo que exige sostener y profundizar las políticas públicas.

El “Taruk”, primer autobús eléctrico mexicano, ya generó interés en Estados Unidos, donde autoridades de Los Ángeles plantearon un pedido potencial de entre 10 mil y 20 mil unidades en los próximos dos años. El anuncio lo hizo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al presentar el Polo de Desarrollo Económico del Bienestar en Puebla, resaltando que se trata de una oportunidad histórica para consolidar la soberanía tecnológica del país.

El autobús, diseñado por Megaflux y DINA, cumple con el 75 por ciento de contenido nacional requerido por el T-MEC, aunque actualmente su capacidad de producción es de apenas dos mil unidades anuales, con planes de crecer a seis mil. El Gobierno de Puebla ya manifestó interés en adquirir veinte unidades para conectar zonas turísticas.

Ebrard subrayó que este proyecto se inscribe en una estrategia más amplia de innovación y seguridad tecnológica frente a la dependencia de Asia. El reto será responder a la demanda internacional con capacidad productiva y visión de largo plazo que consolide a México como potencia en electromovilidad.

Dos organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su respaldo al senador Alejandro “Alito” Moreno, a quien consideran víctima de persecución política por parte del Gobierno de México. Davika Bissessar, de Bonaire Human Rights Organization, y James Finis, de Nos Kier Boneiru Bek, advirtieron que el hostigamiento judicial contra el líder opositor refleja prácticas propias de regímenes autoritarios que buscan debilitar a la disidencia.

Ambos defensores señalaron que el caso será llevado ante la subsecretaria general de Derechos Humanos de la ONU, Ilze Brands Kehris, y se informará a organismos internacionales sobre la situación. Argumentaron que el uso de fiscalías y órganos judiciales como instrumentos de presión política vulnera el Estado de Derecho y puede derivar en riesgos contra la vida del legislador y su familia.

El señalamiento internacional coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum bajo mayor escrutinio en materia de respeto a las libertades políticas. La acusación abre un debate incómodo: ¿México avanza hacia un modelo de justicia politizada o puede garantizar a la oposición un espacio democrático libre de represalias?

El número de personas desaparecidas en México sigue en aumento: 24 mil 352 casos en 2022, 31 mil 367 en 2023 y más de 33 mil en 2024. En lo que va de 2025 ya se reportan 7 mil 684, de los cuales 196 fueron localizados sin vida. Sin embargo, especialistas advierten que no existen políticas públicas de prevención ni de búsqueda eficaces para enfrentar la crisis.

Académicos como Ernesto López Portillo sostienen que la militarización ha fracasado y, en algunos casos, incrementado la violencia. Señalan que el Estado carece de profesionales capacitados, tecnología y protocolos para atender el delito, mientras la crisis forense acumula más de 72 mil restos humanos sin identificar en todo el país.

A esta falta de políticas se suma lo que llaman un régimen macrocriminal: la operación conjunta de grupos delictivos con agentes estatales. Esto agrava el problema y perpetúa la impunidad, mientras las víctimas y sus familias quedan sin respaldo. La ausencia de una estrategia integral de prevención refleja un Estado desvinculado de las mejores prácticas internacionales.

Organizaciones y académicos subrayan la urgencia de incluir la prevención de desapariciones en el Plan Nacional de Desarrollo, con alertas tempranas y búsqueda inmediata. También advierten que los jóvenes son las principales víctimas. La discusión es inevitable: ¿puede hablarse de democracia plena cuando miles de ciudadanos desaparecen cada año sin que el Estado garantice verdad ni justicia?