La derecha mexicana atraviesa una larga fase de desgaste electoral y organizativo que comenzó en 2015 y se ha profundizado con el avance de Morena. La pérdida sostenida de votos, cargos públicos y capacidad de articulación ha dejado al PAN, al PRI y a Movimiento Ciudadano sin un mensaje capaz de competir con el proyecto oficialista. Sus dirigencias no logran formular un discurso coherente ni reconstruir alianzas sociales, lo que alimenta la percepción de una etapa crepuscular en su influencia nacional.

Esa falta de rumbo se manifiesta con especial claridad en torno al tema de la seguridad, eje que la derecha intenta posicionar como bandera central desde hace dos décadas. Aunque lo ha utilizado para confrontar a gobiernos progresistas, sus propios gobiernos estatales y federales evitaron asumir responsabilidades durante los periodos de mayor violencia. Esta incongruencia debilita su narrativa y dificulta conectar con una ciudadanía que demanda respuestas duraderas, no consignas de ocasión planteadas en momentos de disputa política.

La marcha del 15 de noviembre ilustra ese desorden estratégico. Convocada bajo el emblema de “Generación Z”, mezcló contingentes opositores tradicionales con grupos que luego arremetieron contra vallas policiacas en el Zócalo. La ausencia de un templete y la decisión de convertir la confrontación en acto central mostraron una protesta sin conducción política clara y con objetivos difusos. El saldo fue de decenas de policías lesionados y manifestantes detenidos, alimentando el debate sobre tácticas y responsabilidad.

El episodio plantea una pregunta de fondo: ¿está la derecha dispuesta a reemplazar la disputa democrática por un recurso basado en la provocación y el choque? Su crisis actual no reside solo en la caída electoral, sino en la pérdida de una narrativa capaz de ordenar sus acciones. En un escenario donde Morena mantiene hegemonía y la oposición carece de proyecto, la definición de sus próximos pasos determinará si puede reconstruirse o profundizar su deterioro.

Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención el dictamen a la minuta que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El documento modifica la propuesta del Senado al establecer que los asuntos en trámite continuarán bajo las disposiciones vigentes al inicio del proceso, eliminando la redacción que implicaba retroactividad. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que la reforma busca modernizar el juicio de amparo y agilizar la impartición de justicia sin vulnerar derechos.

Durante la sesión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC fijaron posturas encontradas. Mientras el oficialismo defendió la actualización del sistema jurídico, la oposición advirtió que la reforma limita la defensa ciudadana frente al poder público.

Diputados de oposición acusaron que los Comités de Evaluación avalaron a candidatos judiciales con vínculos con el crimen organizado. Al menos 20 perfiles han sido señalados por nexos con narcotraficantes y delitos federales, lo que ha provocado preocupación entre legisladores y líderes religiosos.

El vicecoordinador de MC advirtió que la reforma judicial habilitó un mecanismo para colocar a perfiles a modo, incluso desde estructuras criminales. Por su parte, el PAN señaló que el nuevo sistema fue diseñado para favorecer a cercanos del Gobierno y de Morena, pero ahora se suma una amenaza mayor: la infiltración criminal.

Si bien la reforma promete justicia cercana y accesible, los nombres seleccionados muestran lo contrario. La elección del 1 de junio podría marcar el debilitamiento definitivo del Poder Judicial, que dejaría de responder a los ciudadanos para responder, primero, al poder político y, luego, al poder del crimen.