Una iniciativa en Massachusetts desató controversia al plantear que personas presas pudieran reducir su condena si aceptaban donar órganos o médula ósea. Aunque fue descartada, evidenció cómo el sistema penal estadounidense busca soluciones desesperadas para una crisis de salud pública. La posibilidad de intercambiar tiempo de libertad por partes del cuerpo generó rechazo inmediato entre organizaciones médicas y de derechos humanos.

Los defensores argumentaban que la propuesta era voluntaria y beneficiaba tanto a los donantes como a los pacientes en lista de espera. Sin embargo, expertos señalaron que el consentimiento en prisión está viciado por la coerción del encierro. Además, el acceso desigual a atención médica complica aún más la capacidad real de decidir libremente dentro de una celda.

El caso expuso una lógica preocupante: en lugar de reformar el sistema de salud o incentivar donaciones de manera ética, se recurre a la población más marginada para resolver un problema estructural. El riesgo de explotación y de institucionalizar un “mercado carcelario” de órganos no es menor.

Este debate no solo interpela a Estados Unidos, sino a todos los países donde el sistema penitenciario se entrelaza con desigualdad, racismo y precariedad. ¿Es ético ofrecer beneficios legales a cambio de un órgano? ¿O estamos normalizando una forma de trueque biológico que deshumaniza? La discusión apenas comienza.